Hoy nace públicamente Geografía de Riesgos, un nuevo proyecto que encaramos en la SIP, con el fin de investigar hechos de violencia que afectan la labor de periodistas y medios de comunicación en México. http://geografiaderiesgos.blogspot.com

La Unidad de Respuesta Rápida (URR) de la SIP en Colombia inició las investigaciones periodísticas por los asesinatos de dos periodistas: Mario Prada Díaz, asesinado el 12 de julio de 2002 en Sabana de Torres, departamento de Santander y Alvaro Alonso Escobar, asesinado el 23 de diciembre de 2001 en Fundación, departamento del Magdalena.

Tras conocerse el tercer caso de un periodista asesinado en lo que va del año en México (Jorge Ochoa Martínez) la SIP reclamó a las autoridades medidas concretas para frenar la ola de violencia e investigaciones para que se puedan establecer los móviles del crimen.

A partir de algunos interrogatorios llevados a cabo por las autoridades, se han planteado varias líneas de investigación en torno al asesinato de Jorge Ochoa Martínez. Algunas de estas hipótesis son: su trabajo periodístico, la confrontación que sostenía con el director del semanario “El Inter” que se publica en el municipio de Ayutla de los Libres; su vida personal y sus relaciones de amistad y negocio con distinto políticos y funcionarios de los ayuntamientos de esta región.

Asesinar a un periodista es un golpe directo al epicentro de las redacciones. El shock de saber que un compañero cercano de trabajo ha desparecido o ha sido asesinado, provoca en las oficinas de los medios de comunicación no sólo indignación y tristeza, también es un asalto a la certidumbre, la seguridad y a la pasión que mueve el trabajo cotidiano. Así llega la paralización, que no es otra cosa que una sensación de estupor.

Joel Barrera, reportero del periódico Vanguardia, explica la vulnerabilidad a la que se exponen. http://geografiaderiesgos.blogspot.com

La SIP reclamó a las autoridades de México “medidas enérgicas y acciones específicas para combatir la violencia contra periodistas y proteger el derecho a la libertad de expresión”, al denunciar el tercer caso de asesinato de un periodista en ese país en lo que va del año.

Los periodistas en Los Mochis se sienten en un grave riesgo. La amenaza colocada a un lado de un automóvil que incendiaron desconocidos está lejos de ser una broma, es una advertencia real en esa ciudad al norte del estado de Sinaloa.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Estado mexicano a impulsar de manera decidida las investigaciones existentes sobre los crímenes contra comunicadores en ese país, tras condenar el asesinato del periodista José Luis Romero, cuyo cadáver fue encontrado 17 días después de su desaparición, el 16 de enero último.

No lo sabemos con precisión, pero no fue el 25 de enero de 1997 cuando unos asesinos a sueldo lo incineraron en una cava cercana a Pinamar. Creemos que lo empezaron a matar mucho antes. Quizás en el momento en que los grandes medios tomaron la decisión de no investigar la corrupción política del menemismo, el enriquecimiento de los jefes sindicales, la maldita policía o a la mafia yabranista enquistada en el poder. Con el silencio cómplice, dejaron en soledad a todos los Cabezas que sí ejercían de verdad el periodismo. El crimen fue contra José Luis, pero pudo haber sido contra cualquier otro miembro de la redacción de NOTICIAS o contra los periodistas independientes que cumplían con su razón de ser.

El actual consejero de Estado, Marco Antonio Velilla, uno de los candidatos de la terna que estudia la Corte Suprema de Justicia para elegir al nuevo fiscal general de Colombia, dijo en la audiencia con el alto tribunal el 21 de enero, que “ante una serie de absoluciones e investigaciones quietas en procesos por crímenes contra periodistas en Colombia, hay que hacer un inventario para determinar cuál debe ser la ingeniería para avanzar en esos trámites”.

La SIP reaccionó con alarma ante un nuevo crimen de un periodista en México, al tiempo que anunció el envío de una misión internacional al país para entrevistarse con el presidente Felipe Calderón y otras autoridades, con el fin de seguir promoviendo mayor voluntad política que motive reformas legales y medidas de protección para combatir la violencia y la impunidad que afecta a la prensa.

En la madrugada del sábado 16 de enero las autoridades encontraron el cuerpo del reportero radiofónico José Luis Romero, en un municipio del norte del estado de Sinaloa. Fue torturado y aparentemente enterrado clandestinamente.