Demasiado y tarde son las palabras más tristes del idioma. Demasiado tarde, Alberto Palma Godoy, alias Tito, decidió partir con su mujer y sus hijos a Chile, su país natal. Le había enviado una carta al presidente de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos. Le advertía: “Lamentablemente, no se puede contra la mafia”. No obtuvo respuesta.

A la mafia se había referido dos días antes de su muerte. El último contacto al aire con el periodista Víctor Benítez, de Radio Chaco Boreal, de Asunción, de la cual era corresponsal en el departamento de Itapúa, terminó siendo la síntesis de las amenazas que había recibido en mensajes de texto enviados a su teléfono móvil: “Me contrataron para matart" para "hacrte viajar –decía uno de ellos, con errores ortográficos–. Muy pronto n veremos".

La cita iba a ser el miércoles 22 de agosto de 2007, a eso de las 10 de la noche, en el pueblo Mayor Julio D. Otaño, sobre el río Paraná, 450 kilómetros al sudeste de la capital paraguaya. Dos hombres con uniformes militares que iban en motos irrumpieron de pronto en su vivienda. Lo acribillaron. En el piso quedaron 18 casquillos de balas, según el comisario Ángel Barboza, jefe de la policía de Itapúa. Seis balazos dieron en la frente, el cuello, los brazos y las piernas de Palma, de 48 años. Su pareja, Wilma Martínez, de 24 años, con la cual tenía un hijo de apenas dos meses, resultó herida en la pierna izquierda; debió ser internada de urgencia.

Habían cenado con el padre de ella, Aparicio Martínez, de 59 años; en ese momento, éste tocaba la guitarra. “Llegaron dos personas de sexo masculino, con uniforme militar”, que, “sin mediar palabras, comenzaron a efectuar disparos contra la humanidad de las víctimas”, declaró ante la policía.
Lo había presagiado Palma en su diálogo radial con Benítez: "En concreto, te digo que se llegó al límite máximo acá y mi señora está allá, en Ciudad del Este. Les saqué a mis hijos del colegio. Hice la denuncia de la gente vinculada con la mafia, el robo de gasoil y es difícil luchar solo".

–O sea, te vas a volver a Perú.
–No, me voy a Chile de vuelta.
–Chile, perdón.
–Lamentablemente no se puede aquí luchar contra la mafia –dijo Palma–. Los liberales son los que están manejando dos radios truchas y yo los he denunciado, y he tenido los problemas que tengo. Por eso ya no estoy en Otaño; estoy en otro lugar, esperando plata de mi familia. Me voy desilusionado. No me atrevo a ir a la policía porque ellos los manejan a platazo limpio.

A los ojos del fiscal, Nelson Ramos, el asesinato de Palma tuvo los visos de un ajuste de cuentas. "Estamos en presencia de algún grupo de poder –concluyó–; de dónde provine es lo que tenemos que saber. Esto aclararía más las cosas."
Sobre dos hipótesis comenzó a trabajar Ramos: el narcotráfico y las denuncias contra estaciones de radio aparentemente ilegales que, al parecer, pertenecen a dirigentes liberales vinculados con el contrabando de gasoil.

Palma tenía su propia radio, FM Mayor Otaño, pero, “por cuestiones políticas”, se quedó sin la licencia. En diciembre de 2006 perdió los equipos, decomisados por las autoridades. De ahí su trabajo de corresponsal de Radio Chaco Boreal. A los medios gráficos no vacilaba en brindarles información. En los últimos meses, sin fuente de ingresos aparente, se ganaba la vida como fotógrafo de acontecimientos sociales y familiares.

En uno de los mensajes de texto que recibió antes de morir, enviado desde el teléfono móvil número 0982-316-472, el presunto asesino dice que Palma y otro vecino de Mayor Otaño, Julio Ríos, habían sido los responsables de la intervención de esas emisoras.

Después de la primera ronda de declaraciones, Ramos se mostró escéptico: “Sólo arrojaron más dudas –dijo–. Están mintiendo. Es como si estuvieran falseando datos para desviar la investigación hacia otro lado. No sabemos con qué intención se está haciendo esto, pero cuando lleguemos al fondo de esta cuestión y descubramos que realmente nos mintieron, van a recibir el castigo que se merecen. De eso puede estar segura la ciudadanía”.

El padre de la pareja de Palma, Aparicio Martínez, testigo principal del crimen, quedó detenido por obstrucción de la justicia en la Penitenciaría Regional de Cambyretá, cerca de Encarnación, la capital del departamento y la tercera ciudad de Paraguay. En su declaración habría negado datos que, tras el allanamiento de su casa, comprobó Ramos que habrían sido ciertos. Tanto su hija, Wilma, por más que haya resultado herida, como su hijo quedaron expuestos. Las pesquisas depararon más dudas que certezas sobre el papel de ellos en el drama, coronado con la muerte de Palma. De los asesinos ni un identikit lograron confeccionar.


Sobre llovido, mojado

La conmoción caló hondo en un país tristemente familiarizado con los asesinatos de periodistas radiales que denunciaron corrupción, contrabando y relaciones del narcotráfico con políticos y empresarios. En todos los casos, las investigaciones condujeron a la impunidad. En todos los casos y en uno, en particular, que, cual llamado de atención, demostró el peligro que significa en Paraguay meter las narices donde no se debe y, como dejó dicho Palma, donde “no se puede”.

El asesinato de Santiago Leguizamón, director de ZP 31 Radio Mburucuyá, creada y dirigida por él en Pedro Juan Caballero, la frontera seca con Brasil, el 26 de abril de 1991, Día del Periodista, marcó a fuego a la prensa paraguaya. Lo liquidaron sicarios, como pudo haberle sucedido a Palma, después de haber denunciado el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el contrabando de soja, el robo de vehículos y la corrupción en general.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de las Américas deploraron el asesinato de Palma y exigieron una investigación exhaustiva. El Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP) señaló: “Hace algunos años, Palma Godoy había sido víctima de un intento de expulsión del país, también a raíz de su tarea de comunicar la realidad en Itapúa. El colega expuso ante la ciudadanía las operaciones de los traficantes ilegales de combustibles, así como de drogas, además de las vinculaciones de los delincuentes con el aparato político”. Enumeró a los periodistas asesinados en el país por organizaciones delictivas: Leguizamón, Calixto Mendoza, Salvador Medina y Samuel Román. Y les atribuyó a ellas “la desaparición forzada” de Enrique Galeano. En todos los casos primó la impunidad.

Palma había denunciado a funcionarios municipales de Mayor Otaño, de extracción liberal, presuntamente relacionados con seccionaleros (dirigentes), de extracción colorada, en el contrabando de gasoil. Lo dijo en última intervención radial: "Acá, los liberales (de oposición) están en la Municipalidad y son los más grandes contrabandistas de gasoil, y el presidente de seccional (del Partido Colorado, gobernante) tiene el surtidor (estación de servicio) más grande".

En alguna ocasión había dicho, también: “Yo soy una sombra negra para ellos”. En marzo de 2004, la Dirección General de Migraciones de Paraguay decidió expulsarlo del país. La resolución 62, del 2 de ese mes, decía que había transgredido la ley migratoria en sus artículos 80 y 81. Era director de su radio, pero, como chileno, no tenía los documentos en regla.
El trasfondo, sin embargo, era otro: “Me expulsaron como si fuese un peligroso delincuente –dijo entonces–. El día tres de marzo me citaron a la comisaría, donde el funcionario de Migraciones Adrián Martínez y un policía me comunicaron la expulsión del país. No me dieron tiempo siquiera a que regresara a mi casa a cambiarme de ropa. Me subieron a una camioneta y me trasladaron hasta el puente Encarnación-Posadas (Argentina), donde me dejaron abandonado”.

El trasfondo, según el diario ABC Color, de Asunción, era la molestia de políticos de Mayor Ocaño que habrían presionado a las autoridades por las críticas frecuentes que recibían. En su alegato, Palma señaló: “Hay gente que se sabe que tiene doble nacionalidad y brasileños ilegales que destruyen los bosques, pero nadie les dice nada. Yo estoy afincado. Tengo mi esposa paraguaya y cinco hijos paraguayos que ahora quedaron abandonados allá”.

¿Cómo era Palma? En primer lugar, frontal: no medía los riesgos. “En su vida particular tenía cuatro mujeres –confió uno de sus amigos–. Sobrellevaba las necesidades. Era un pobre periodista radial que intentaba sobrevivir en el interior del país.” Esa descripción no se ajusta a las habladurías posteriores a su muerte sobre el presunto chantaje que ejercía con los grupos vinculados con el narcotráfico y el contrabando de gasoil. Sabía demasiado y, por ello, tarde, quizá, se dio cuenta del tenor de las amenazas que había recibido. Demasiado y tarde se confabularon para ser las palabras más tristes del idioma.

Nacido en Coyhaique, al sur de Chile, Palma se radicó en Paraguay en 1995 y se casó, en segundas nupcias, el 14 de agosto de 1997, con Jannet Margarita Kieling, cédula de identidad paraguaya número 3.241.896, según el certificado número 0105448 de la oficina registral 377 de Mayor Otaño, inscripto en el Tomo I, folio 77, acta 77; tuvieron dos hijas: Lilian Paola, de 10 años, y Jessica María, de nueve, ambas paraguayas. Luego se separó y convivió con Calixta Benítez, radicada en Ciudad del Este; tuvieron tres hijos paraguayos: Tito Alberto, de 10 años; Sebastián, de ocho, y Carlos Rodrigo, de siete años. Con su cuarta mujer, Wilma Martínez, tuvieron una beba en junio de 2007.

De niño había vivido en Puerto Varas, X Región de los Lagos, Chile. En la radio incursionó entre 1989 y 1994, con el sacerdote Antonio Ronchi, en Puerto Sánchez e Isla Toto, de la red de emisoras Madripo. En Puerto Sánchez conoció a Emilio Anchorena, paraguayo. Por su consejo, decidió viajar en 1995 a Paraguay con su mujer y uno de sus hijos. Lo acompañaron durante un año y regresaron a Chile.

Instaló la radio. La consideraron “pirata” (ilegal). En iguales condiciones, según él, estaban Fiesta, de Hugo Medina, y Radio Frontera, del dirigente liberal Gerardo Denis Florentín, presidente de la Junta Municipal de Mayor Otaño. Las quejas de los vecinos de un colegio que se había quedado sin maestra, por el traslado de la docente Sonia de Denis, habría sido el detonante de la denuncia contra Palma por residir en forma ilegal en Paraguay, firmada por Florentín; la directora del colegio, Guillermina Vera de López; el funcionario local Silvio Rodríguez, y los vecinos Nélida Vázquez de Mereles y Jorgelina Vera González.

La denuncia que provocó su deportación, formulada por el director de Migraciones, Carlos Machuca Vidal, decía que era “su costumbre realizar encuentros con líderes de vastos sectores sociales, culturales y políticos, incitando permanentemente contra el gobierno del presidente Nicanor Duarte Frutos al levantamiento popular, no respetando a las autoridades legalmente constituidas en base a elecciones democráticas, manifestando permanentemente que todos son corruptos, llegando al punto tal de atentar contra la soberanía”.
Según Machuca Vidal, “este sujeto, que se ha puesto la investidura de protector del pueblo, llegaría a tal con su desfachatez, presumiblemente, de no contar con documento alguno para estar residiendo en el país”.

Finalmente, el ministro del Interior, Orlando Fiorotto, revocó la expulsión por medio de la resolución número 39, del 12 de marzo de 2004. En ella admitió el error que había cometido Migraciones. Palma regresó a Mayor Otaño y, a su vez, pidió garantías porque ya habían atentado contra su vida. En el pueblo, los vecinos organizaron “fiestas de apoyo” para recibirlo. En uno de sus bolsillos hallaron, la noche del crimen, documentos que demostraban que estaba haciendo los trámites para regularizar su situación ante la Dirección de Migraciones.

Amenazas permanentes

Poco antes del desenlace, Juan Augusto Roa, corresponsal del ABC Color en Itapúa, había recibido un mensaje de texto de Palma en su teléfono móvil: decía que tenía información que quería compartir con él. "No pude llamarlo inmediatamente y luego me enteré de lo ocurrido –se lamentó–. Él sabía que vivía en la mira de gente que se sentía afectada por lo que decía. Constantemente denunciaba ese tipo de cosas. Recuerdo que era muy corajudo; no tenía pelos en la lengua para hablar y criticar. Eso es lo que recuerdo bien."
Oscar Bogado, corresponsal del diario Última Hora, de Asunción, también ha sido víctima de persecuciones y amenazas de muerte. Hasta entraron en su casa. “Las personas que hicieron esto son los mismos que asesinaron a Tito Palma y que atentaron contra otro colega de la zona”, afirmó.

Todo comenzó, en su caso, con la publicación de artículos sobre procedimientos de incautación de marihuana en 2006. En su teléfono móvil y en su casa recibió amenazas. “Si querés ver crecer a tu hijo, dejá de meterte en el tema”, fue una de ellas. Otra: “En cualquier momento te vamos a liquidar”. Su situación se agravó en 2007: “Fueron un poco más lejos, porque me siguieron desde mi casa hasta el lugar de trabajo de mi esposa, entraron en mi casa, fotografiaron mi casa e insistieron en que estaban siguiendo mis pasos y que, cuando quisieran, iban a liquidarme”.

Frente a ello, Bogado radicó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y la Policía Nacional. Le asignaron custodia por unas semanas, pero advirtió que la investigación había sido escasa. Mientras tanto, agregó, “tengo que vivir con el peligro latente todos los días” y, “cuando salgo de mi casa, no sé si voy a volver”.
La zona en sí es, para los periodistas, un desafío cotidiano. “La verdad del departamento de Itapúa es conocida por la producción y el tráfico de marihuana, además de otros delitos –señaló Bogado–. El nordeste del departamento es tierra de nadie. Las autoridades no existen y la población no quiere tirar (revelar) ningún dato por temor a las represalias. El que habla amanece al otro día tirado en cualquier bosque.”

En los primeros allanamientos, el fiscal Ramos se incautó de una cámara fotográfica, un grabador, papeles y cédulas de identidad a nombre de César Rubén Oviedo Franco (de Santa Rosa, departamento de Misiones) y de Antolín Brítez (de Pilar, capital del departamento de Ñeembucú), entre otros elementos. También obtuvo una copia de la carta dirigida al presidente Duarte Frutos en la cual Palma detallaba pormenores del contrabando de gasoil, el narcotráfico y las radio mau (ilegales) de la zona, pero no daba nombres.

En el nordeste de Itapúa, según confiaron fuentes de la zona que pidieron mantener sus identidades en reserva por temor a las represalias, “operan dos o más grupos de narcotraficantes. Tienen poder político y están en instituciones públicas que obedecen las órdenes del presidente de la República. Inclusive, los jefes están muchas veces presentes en reuniones políticas con él. Gozan de una total impunidad. Hacen lo que quieren”.
Esa situación afectaría a las fuerzas policiales y militares, así como a los fiscales, que, agregaron las fuentes, “tendrían mucho que ver con el aumento de la plantación y el tráfico de marihuana. Las personas que encabezan las bandas no escatiman ningún esfuerzo en liquidar a quienes saben de sus movimientos o sus negocios. Por eso, muchos, por temor, no salen a decir lo que saben. Eso le pasó a Tito Palma por denunciar los movimientos del narcotráfico. Los mafiosos lo liquidaron. El método más utilizado por ellos son las amenazas de muerte y, luego, cumplen con sus promesas. Varios cuerpos aparecen en los caminos vecinales”.

La mafia, a la cual Palma se había referido en su última intervención radial y por la cual iba a regresar a Chile, pagaría “cuotas” para moverse a sus anchas en tierra de nadie, gobernada por la impunidad. Un periodista de la zona recibió una amenaza después del crimen: “Ahora seguís vos”. Le advirtieron que no lo divulgara y que se abstuviera de radicar la denuncia. Se siente solo, triste, atormentado. Sólo abriga una esperanza: irse del país. Como Palma, antes de que sea demasiado tarde.