La historia jurídica de uno de los magnicidios que más ha estremecido a Colombia, el asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza (el 17 de diciembre de 1986) se acaba de cerrar.

Luis Carlos Molina Yepes, señalado socio del capo del cartel de Medellín Pablo Escobar Gaviria y el único de los autores intelectuales del atroz crimen que fue capturado, recuperó su libertad tras pagar tan solo seis años de prisión.

Según lo confirmó El Tiempo, el mecanismo de la rebaja de penas terminó por sepultar uno de los expedientes más sólidos contra la mafia, cuya investigación le costó la vida a dos de los magistrados que tuvieron en sus manos el caso: Carlos Ernesto Valencia García, asesinado en agosto de 1989, y Myriam Rocío Vélez Pérez, baleada en septiembre de 1992 cuando se aprestaba a dictar sentencia.

Tanto Valencia como Vélez contribuyeron a que las pruebas recaudadas contra Molina Yepes y contra los demás autores intelectuales del magnicidio (entre ellos Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, “El Mexicano” fueran contundentes.

Se comprobó, por ejemplo, que Molina fue quien pagó a través de una de sus casas de cambio en Medellín a los sicarios que asesinaron a Cano. También, que actuaba como una especie de banquero de la mafia.

El propio John Jairo Velásquez Vásquez, “Popeye”, uno de los hombres de confianza de Escobar, le entregó a la Fiscalía General información al respecto.

"Conozco a Luis Carlos Molina desde 1985 (?). La mayoría de los miembros de la organización cambiaban los cheques ahí: familiares de Pablo Escobar, familiares de nosotros o cualquier persona que uno recomendara".

Molina Yepes también fue señalado por las autoridades de haber entrado a la organización de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela tras la muerte de Escobar y de ser lavador de dinero del narcotráfico.

La rebaja

Lo cierto es que todo el acervo recopilado permitió aplicarle (en octubre de 1995) lo que en su momento fue considerada una sentencia importante, así fuera para un prófugo: 16 años y 8 meses de cárcel.

La sentencia se empezó a hacer efectiva en febrero de 1997 cuando Molina fue capturado en Bogotá mientras departía en un restaurante con varios amigos.

Y el resto corrió por cuenta de las rebajas de ley y de los trámites que adelantaron sus abogados.

Según el juez tercero de ejecución de penas de Medellín, Víctor Manuel García, quien le concedió los beneficios jurídicos, Molina Yepes se ganó la rebaja haciendo y comercializando escobas y veladoras en la cárcel de Itagüí.

Además, le dio empleo a otros reos en su pequeña fábrica que hoy sigue administrando desde su casa” lo que también le significó la rebaja.

"Demostró, adicionalmente, ejemplar comportamiento", destaca el juez García, quien advirtió que su decisión en torno al caso Molina Yepes se ajusta estrictamente a la ley.

Lo cierto es que a finales del año pasado, y con calculadora en mano, el hombre demostró que ya había pagado las tres quintas partes de la pena y que, de acuerdo con el artículo 64 del Código Penal, tenía derecho a la libertad condicional, la cual se le concedió de inmediato.

Y aunque hoy tiene detención domiciliaria, El Tiempo comprobó que se debe a otra condena: cuatro años de prisión por identificarse con documentos falsos el día en que lo capturaron.

"No sé que decir. Guillermo siempre manifestó que lo peor que le puede suceder a un país no son los hechos en sí, sino la impasibilidad de la gente, la importancia que se les da", dijo Ana María Busquets de Cano, viuda del periodista, cuando conoció la noticia.

Por su parte, uno de los oficiales que participó en la captura de Molina Yepes y del propio Escobar, calificó el hecho de decepcionante: "Es triste que un crimen de esa naturaleza quede prácticamente en la impunidad".

El ex procurador General Jaime Bernal Cuéllar aseguró que este tipo de condenas no obedecen a una verdadera política criminal sino a la discrecionalidad que el legislador utiliza sin tener en cuenta instrumentos fundamentales, como la gravedad del hecho y el impacto social.

"Tal vez eso es lo que algún día tendrá que revisarse en Colombia, de no hacer fijación de penas puramente caprichosas, sino que permitan dar una respuesta adecuada a los delitos de mayor gravedad", puntualizó.

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*Tomado de El Tiempo, Bogotá, Colombia