Jiménez se desempeñaba como corresponsal de noticieros de televisión, también ocupaba el cargo de coordinadora de una organización no gubernamental nacional que trabaja con las iniciativas de paz, Redepaz y hasta el día de su muerte dirigía la Oficina de Reinsersión y Paz Regional del Cesar.

Como corresponsal, primero para el noticiero Q.A.P. y luego para el noticiero En Vivo, fue víctima de diversas presiones y amenazas. Pero según investigaciones de la Unidad de Reacción Rápida (URR) de la SIP y de la propia Fiscalía colombiana, el incidente por el cual la habrían asesinado ocurrió a principios de 1996.

El noticiero Q.A.P. la envió a Pelaya, un municipio ubicado al sur del Cesar, para que informara sobre el desalojo violento de unas 170 familias que ocupaban los predios de la Hacienda Bellacruz, propiedad de la familia Marulanda.

Carlos Arturo Marulanda, ex congresista y ex ministro colombiano, quien para entonces era embajador de Colombia ante la Unión Europea, heredó de su padre más de 22.000 mil hectáreas de tierra, en lo que se conoce como la Hacienda Bellacruz y donde se desarrollaba un intenso conflicto agrario. Luego de un fallo judicial que ordenaba adelantar los trámites de titulación de esos predios a los campesinos que los venían ocupando desde 1987, Marulanda habría ordenado la operación armada a Edgar Rodríguez Rodríguez, alías Caballito, integrante de un grupo paramilitar que opera en esa zona del departamento.

Según testimonios de los pobladores, el 14 de febrero de 1996 y por órdenes de Marulanda, 40 hombres armados llegaron a la hacienda, golpearon a los campesinos y los obligaron a abandonar sus casas y sus cultivos. Cinco años más tarde, el 16 de julio del 2001, Marulanda, sobre quien pesaba una orden de captura emitida por la Justicia colombiana, fue detenido por agentes de la Interpol en Madrid, España, desde donde será extraditado para juzgarlo por conformación de grupos paramilitares y por los hechos ocurridos ese 14 de febrero de 1996, en los que también habrían participado miembros del Ejército.

Un testigo de la Junta de Acción Comunal de Vistahermosa que declaró bajo reserva de su identidad dijo que en esta zona cercana a la hacienda y donde meses antes se había suscitado un incidente parecido, había miembros del Ejército entre los que participaron en el desalojo de Bellacruz. “Eran los mismos hombres que me habían pedido que les dijera a los de la Hacienda Bellacruz que desalojarán”, advirtió en una declaración jurada.

En Vistahermosa operaron en aquella época tres batallones: el Batallón Pichincha, bajo órdenes del teniente Jorge Luis Betancur; luego el Batallón San Mateo, con el teniente Juan Pablo Rozo y por último el Batallón de Pailitas con el comandante Henry Capacho.

Durante esa cobertura periodística, la Policía local le dijo a la periodista que por tratarse de una zona en conflicto, ella no tenía permiso para entrevistar a nadie y tampoco podía hacer tomas del lugar. Jiménez respondió que no necesitaba de ese permiso. Posteriormente, en la carretera de regreso de Pelaya a la capital del Cesar, los paramilitares le cerraron el paso. Ella y su camarógrafo fueron despojados de su agenda de trabajo, las grabaciones y la cámara.

Jiménez denunció el hecho e incluso narró el incidente al canal local de Telecaribe. Días después recibió llamadas amenazantes, presuntamente de paramilitares, que le decían que si quería recobrar sus cosas, fuera por ellas. Según su amiga y compañera de trabajo, Clara Orozco, ella logró contactarlos y acordó una especie de tregua.

Pero ese no fue el único incidente que enfrentó. Tras cubrir una masacre en la frontera entre Colombia y Venezuela, en la que la guardia venezolana fue responsabilizada por el asesinato de unos campesinos, un capitán del Ejército le pidió a la periodista que no enviara la información a las instalaciones del noticiero en Bogotá. Ella no accedió.

En varias oportunidades, según información recabada entre sus colegas, miembros de familias influyentes de la capital del Cesar, le solicitaron obviar ciertas informaciones. Sobre todo las que tenían que ver con la captura de paramilitares en medio de una guerra que les había declarado el entonces comandante de la Policía, coronel Ciro Chitiva a esos grupos ilegales.

Ya en 1997, estando en Redepaz en plena labor de promoción del Mandato Ciudadano Por la Paz y como directora del programa de Reinserción de la Presidencia de la República, Jiménez adquirió notoriedad. Intentó crear el Consejo Departamental de Paz, impulsó el voto por la paz y los territorios de paz en los municipios de Bosconia, Pailitas, Codazzi y San Diego. El 20 de julio de 1998, en una de las últimas actividades antes de su muerte, organizó un acto paralelo a la actividad de los militares, la que éstos calificaron como anarquista.

En plena celebración del día de la independencia colombiana en una plaza de la ciudad, la periodista le vendó los ojos a un enorme afiche de Simón Bolívar para simbolizar el horror del libertador ante tantas masacres. Hizo esa tarde un discurso llamando a los paramilitares y a la guerrilla a suspender la confrontación e instándolos al diálogo.

Poco después cubrió, junto a su asistente Beiro Mendoza, un reinsertado ex miembro de la desmovilizada guerrilla del M-19, la conferencia “Por la Paz del Cesar”. Grabaron todas las conferencias de militares retirados y activos, miembros de los gremios y de las autoridades locales, quienes al unísono apoyaban la conformación de las autodefensas. En varias ocasiones fue llamada para que les entregara los casetes de las grabaciones, pero no lo hizo.

Días después la mataron. Inmediatamente, su colega Orozco, transcribió los casetes y encontró frases que calificaban a los trabajadores como Jiménez, de ser los representantes del brazo político de la guerrilla. Orozco envió por fax el contenido de esos casetes a las oficinas de Redepaz y Reinsersión en Bogotá, pero no produjeron más que un escándalo. El silencio posterior se debió a que consideraron que se trataba de un material peligroso que contenía información delicada para los que apoyaban a los paramilitares, algunos de ellos vinculados al Ejército y a los gremios.

Tras el asesinato de Jiménez, Redepaz decidió bajar su perfil. Trasladó a su personal a Bogotá y la oficina de Reinsersión fue cerrada, no sin antes ser objeto de un atentado con un artefacto explosivo de poca detonación. La casa de Beiro, el compañero de trabajo de la periodista, fue allanada y las llamadas amenazantes no cesaron por varios días.

Once días después de su asesinato, mediante un retrato hablado fue detenido el presunto autor material del homicidio, Libardo Prada Bayona. Ante las autoridades, tres testigos del asesinato hicieron su reconocimiento en fila. Además, una mujer, Astrid Borrego, denunció una conversación que habría sostenido el acusado días antes, en la que contaba que un jefe paramilitar había encargado matar a la periodista por una información que le había dado a Telecaribe. Se refería a la entrevista que dio Jiménez después del incidente con los paramilitares en la Hacienda BellaCruz. Prada Bayona, a pesar de tener vivienda propia, rentó un inmueble a escasas cuadras de la periodista, desde donde, según las autoridades, organizó el crimen.

El 16 de abril de 1999, ocho meses después de su captura, Prada Bayona, fue acusado por el delito de homicidio agravado y portación ilegal de armas. Un año después del asesinato de la periodista, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Especial de Bogotá, confirmó en su totalidad la resolución en contra de Prada Bayona, quien continúa preso en una cárcel de Valledupar por un homicidio anterior.

Hasta aquí la justicia colombiana había actuado correctamente. El fiscal del caso pidió la condena del sindicado y el proceso investigativo continuó su curso hacia la autoría intelectual. Pero en la etapa de juicio, el proceso se dilató y fueron amedrentados jueces y fiscales. Desde el 10 de agosto de 1999, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, ha fijado siete fechas diferentes (30 de marzo, 14 de junio, 15 de agosto, 3 de octubre, 19 de diciembre del año 2000 y 2 de marzo y 7 de mayo del 2001) para realizar la audiencia pública, suspendida porque el acusado argumentó que no tenía abogado. Según la ley en Colombia ningún sindicado puede someterse a un proceso de audiencia sin representación legal.

Finalmente, el 10 de julio del 2001 tuvo lugar la audiencia pública que deberá continuar el 17 de septiembre, más de dos años después de que se confirmara la resolución de acusación. Sin embargo, de no ser porque Prada Bayona cumple una condena por otro homicidio, estaría en libertad debido a que en Colombia el término para realizar un juicio es de un año y según la propia Fiscalía la audiencia pública por el asesinato de la periodista venció hace más de un año.

El juzgado penal especializado que lleva el caso explica que la audiencia no había podido realizarse porque para las fechas establecidas Prada Bayona no contaba con un abogado defensor, además de que durante seis meses, entre 1999 y el 2000, la justicia regional en Colombia sufrió cambios internos que retrasó los procesos judiciales.

Ricardo de la Hoz, abogado de la parte civil no acepta esos argumentos y denuncia que los cinco o seis abogados que tuvo Prada Bayona sólo en la etapa de juicio se vieron obligados a renunciar a la defensa del acusado porque presuntamente fueron amenazados. “Hay quienes tienen interés en que el caso no llegue a un fallo. Los que están detrás del crimen saben que sin abogado no se puede realizar la audiencia -destacó y agregó que- todos hemos recibido amenazas. Mi hermano sufrió un atentado en Riohacha en agosto del año pasado. En los mismos tribunales penales de Valledupar he recibido la sugerencia de que no asista a la audiencia.”

Documentos de la Fiscalía basados en más de un centenar de testimonios de campesinos y ex paramilitares, aseguran que Marulanda y el jefe paramilitar Salvatore Mancuso vienen trabajando juntos desde principios de los años 90 para proteger sus fincas de la guerrilla. La hacienda Bellacruz, de Marulanda, se convirtió en base de operaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia, mientras que la finca Bellavista, de Mancuso, era el cuartel general de la organización.

De acuerdo a esas declaraciones, los paramilitares que operan en los departamentos de Magdalena y Cesar habrían ordenado el asesinato. El informe indica que la Fiscalía investiga además de Mancuso, a otros jefes paramilitares, entre éstos a Santander Lozano y René Ríos González. El mismo documento menciona a Libardo Prada Bayona, acusado de ser el autor material del homicidio de la periodista, como uno de los paramilitares bajo las órdenes de Ríos González y este a su vez de Mancuso.

Mientras tanto, la dilación en la etapa de juicio y las amenazas desde los propios tribunales, mantiene el homicidio de Amparo Leonor Jiménez en la madeja de la impunidad.