Hechos: En la terraza-puerta de un vecino mientras observaba una pelea de boxeo, un hombre se le acercó por la espalda y le disparó cuatro veces en la cabeza. El sicario escapó.

Antecedentes: Hernando Rangel Moreno había sido un aliado del alcalde de El Banco Magdalena, Fidias Zeider Ospino. Incluso el ex alcalde le financió una o dos publicaciones sobre los logros de su administración. La última circuló en diciembre de 1998 y costó 3.000.000 de pesos. Pero Rangel "se voltió". El 12 de abril, al día siguiente del asesinato, se iba a realizar un paro cívico contra la administración local promovido por Rangel.

Proceso: La Fiscalía comisionó al Fiscal Local de El Banco para las diligencias respectivas así como las inspecciones judiciales al periódico El Heraldo de Barranquilla.. El 6 de enero se resolvió situación jurídica a Fidias Zeider Ospino, imponiéndole medida de aseguramiento por el delito. Ante

la decisión, los abogados de Ospino apelaron y el 10 de marzo pasado, fue revocada la medida: Dejaron en libertad a Ospino, alcalde hasta entonces de El Banco Magdalena, suspendido por irregularidades en la administración del gobierno público.

rregularidades en el proceso: Entre abril y julio cuando el proceso llegó a la Fiscalía General, la

investigación estaba en mora. El fiscal a cargo fue relevado del caso y se encuentra bajo investigación. El fiscal local (Banco Magdalena) Belisario Moreno Rey ha recopilado testimonios y pruebas contra Ospino, sin embargo, fue dejado en libertad.

Los hechos

El 11 de abril de 1999 en la terraza de un vecino, Hernando Rangel Moreno observaba una pelea de boxeo por televisión cuando un joven se le acercó por la espalda. Le disparó cuatro veces en la cabeza y escapó. El periodista murió al instante.

Rangel era abogado de profesión. Casado y con dos hijos. Se desempeñaba como periodista independiente. Desde los primeros días de enero, Rangel venía promoviendo un paro cívico contra la administración local. No era nuevo que Rangel promoviera protestas y paros cívicos desde los editoriales de las publicaciones Sur 30 y Región, que dirigía. Lo nuevo era que lo hiciera contra el alcalde Fidias Zeider Ospino Fernández. Y que lo mataran a 24 horas de realizarse el paro.

Rangel había sido afecto a la corriente política del alcalde. Incluso Ospino le había financiado una o dos publicaciones sobre los logros de su administración. La última circuló, según datos de la Fiscalía General de la Nación, en diciembre de 1998 y costó 3.000.000. En Región, publicación que dirigía, Rangel tituló en primera página: "Profunda Crisis en el Municipio". El alcalde respondió "No soy responsable". Incluso en el editorial de esa fecha, todavía respaldaba las medidas del alcalde sobre saneamiento fiscal y acusaba al Concejo de no apoyarlo en sus políticas. Para 1998, el déficit del municipio superaba los 1.500 millones de pesos.

Fidias Zeider Ospino fue suspendido de su cargo el 12 de noviembre del mismo año por un rosario de irregularidades en la contratación pública. El alcalde fue elegido bajo el lema: Ahora sí le toca al pueblo. Y efectivamente recibió el voto de un pueblo cansado de la forma cómo gamonales locales imponían a los candidatos de su confianza o parentela. Pero el hombre elegido por los banqueños resultó ser el mismo a quien el 7 de diciembre de 1999, la fiscalía ordenó capturar y a quien un mes después, el 6 de enero de este año, y luego de ser escuchado en indagatoria, se le dictó medida de aseguramiento con detención preventiva.

El ex alcalde estuvo recluido en un penal en la capital del Atlántico acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Hernando Rangel Moreno, hasta el pasado 10 de marzo cuando fue dejado en libertad por falta de pruebas.

El proceso llegó a la Fiscalía general en julio. Entre abril y julio fue manejado por el Fiscal seccional del Banco y dos fiscales locales. El primero fue acusado por la Fiscal del caso en Bogotá por mora en el proceso. En julio y noviembre, la esposa de Rangel contactó al vicepresidente de la SIP en Colombia, Enrique Santos, quien a su vez la puso en comunicación con el vicefiscal, Jaime Córdoba Triviño. Este lo envió a la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía a cargo de Pedro Díaz, quien colocó a una fiscal frente al caso.