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Edgar Lopes de Faria
29 de octubre de 1997

Caso: Edgar Lopes de Faria



Comentarista de Radio Capital FM y presentador de televisión en Red Record:

1 de julio de 2000
Clarinha Glock

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1-7-2000


"Escaramuça", en el diccionario de la Lengua Portuguesa, quiere decir pelea, desorden. En Campo Grande, capital del estado del Mato Grosso do Sul, Escaramuça era sinónimo de Edgar Lopes de Faria. El comentarista de radio y presentador de televisión, conocido por ese apodo por su programa en la radio Capital FM, hizo justicia al título. En sus discursos radiofónicos, cambiaba el timbre de voz para criticar y denunciar. "Esa voz no se calla", decía el anuncio del programa en la radio.

El 29 de octubre de 1997, Escaramuça, de 48 años, fue asesinado en el centro de la capital, le asestaron seis tiros. Dos años después, la policía aún no ha detenido a los asesinos, ni descubierto a los autores intelectuales, y consideran que el caso es de difícil solución. Los testigos, con miedo a represalias, no quieren hablar sobre el asunto.

El director general de la Policía Civil de Mato Grosso do Sul, Milton Watanabe, dijo a la SIP que la averiguación no está detenida. "Está sin solución", afirmó. "En la época, hubo tantos sospechosos, que eso perjudicó la averiguación, pero si surge una nueva pistana iremos tras ella". La principal dificultad, dijo Watanabe, es que el programa de Escaramuça era muy contundente. "No hay forma de pedir que el caso sea archivado. La solución del crimen, es una cuestión de honor de la Policía Civil y todo lo que aparezca será investigado", garantizó.

A pesar de la aparente buena voluntad de la policía, Escaramuça sigue siendo apenas un recuerdo polémico en la ciudad. Era una presencia constante que fue interrumpida en la mañana del 29 de octubre. Como solía hacer, Escaramuça había salido de su casa, en el barrio San Francisco, en dirección a la panadería Pão de Mel, ubicada en la calle Amazonas, esquina con la calle Enoch Vieira de Almeida. Allá compraba los periódicos del día y desayunaba. Hablaba con el propietario del establecimiento, Antônio Perciliano da Silva, y seguía para la Radio Capital FM, a seis cuadras de allí. En la tarde, presentaba el programa Boca do Povo, de 40 minutos de duración, en la televisión afiliada a la Red Record.

Escaramuça y Perciliano se conocían hacía cerca de tres años y se habían aproximado por un interés común, la política. Aquel día, el comentarista estaba retrasado para el programa que empezaba a las 6:30 a.m.. Por eso, al entrar en la panadería, dejó el coche, un Ford Landau azul, con el motor encendido, agarró los periódicos, desayunó rápidamente y salió. Al contrario de lo que ocurría siempre, cuando el panadero le acompañaba hasta la puerta, esa vez Escaramuça salió solo en dirección al vehículo que estaba estacionado frente al lugar.

En ese momento, probablemente alguien lo llamó. Al volverse, Escaramuça recibió el primer tiro, que le acertó cerca a una axila. El asesino avanzó en su dirección y disparó cinco veces más con un arma calibre 12. Casi al mismo tiempo, una persona que estaba en la esquina tiró dos veces con una pistola 765. Una de las balas impactó el neumático del Ford Landau. La segunda pegó en una revista que estaba expuesta dentro de la panadería. Según la policía, los asesinos huyeron en un coche Corsa blanco, cuatro puertas, sin chapa.

Las personas que estaban en el local al momento del crimen dijeron que no pudieron ver nada. Cuando escucharon los tiros, intentaron protegerse. Uno de los testigos, localizado por la SIP, se negó a dar declaraciones, porque si dijese algo –aseguró--, cortarían su pescuezo y el de la reportera. Otro testigo dijo, "quiero que me olviden. A la hora en que ocurrió la tragedia, yo me asusté y salí corriendo, ¿quién se iba a quedar allá?"

Ubicada por la SIP, la portera de uno de los edificios ubicados frente a la panadería y que estaba trabajando el 29 de octubre de ese año, observó que había muchos coches estacionados en la calle a aquella hora de la mañana, pero no notó ningún movimiento diferente. Al oír los tiros, se parapetó detrás de un mostrador en el hall del edificio y sólo se levantó cuando los ruidos cesaron y no había más nadie cerca. Tuvo una crisis nerviosa y fue retirada del lugar.

Desde 1994, Escaramuça andaba armado debido a las amenazas de muerte que recibía. Pero en el momento en que fue asesinado el revólver calibre 38 estaba en el piso cerca del asiento del conductor, dentro de su coche. La espingarda calibre 44 fue encontrada abajo del asiento. Dentro estaban también el teléfono celular, billetes de R$ 50 y los periódicos recién comprados. La llave de arranque permanecía en el contacto.

Amados y odiados en la ciudad, los programas de Escaramuça tenían como base las denuncias sobre autoridades o personas que cometían crímenes y actividades ilegales. Hacía también mención a hechos pintorescos, ayudaba a los necesitados y ofrecía propaganda de empleos. Las transmisiones de radio llegaban a prácticamente todas las ciudades del estado. El programa de televisión abarcaba la capital y algunos municipios vecinos. Por eso no era de extrañar que, con su muerte, Escaramuça hubiera reunido tanta gente en su funeral. La familia cuenta que en el entierro participaron más de cinco mil personas procedentes de todos los rincones.

Después del crimen, uno de los hijos, Marcos Antônio Lopes de Faria, que trabajaba como reportero en el programa de radio de su padre, recibió una amenaza por teléfono. Una persona llamó de un teléfono público de un puesto de salud al celular de Marcos, diciendo que había asesinado a Escaramuça y que él sería el próximo. El autor de la llamada nunca fue encontrado. Después de la muerte de Escaramuça, Marcos pasó a presentar el programa de su padre por un tiempo. En la actualidad, trabaja en la FM Cidade como reportero y tiene una empresa de encuestas de opinión y telemarketing. El director de la Radio Capital FM, Luiz Lands Reynoso de Faria, no quiso hablar con la SIP sobre Escaramuça. "Aún estoy traumado", alegó.

Edeltraud Bretz de Faria, 52 años, viuda de Escaramuça, evitaba hablar con el marido sobre las amenazas. "No me gustaba ni oír el programa", cuenta. Ella pensaba que su marido se arriesgaba mucho con sus comentarios. El desdeñaba y repetía un refrán, "quien amenaza, no hace".

Cerca de cuatro meses antes de morir, Escaramuça contaba con la protección de un guardaespaldas que permanecía en la puerta de la radio durante su turno. El objetivo era impedir que alguien entrara en el estudio mientras se estuviese transmitiendo el programa. Edeltraud se acuerda que una vez una persona llamó al comentarista en el programa, amenazando tirar una bomba en la casa de Escaramuça. El no dudó: dio su dirección y desafió a quienquiera fuera a cumplir con la amenaza. Aquel día, dos motos rondaron la casa. Escaramuça sacó su revólver, apagó las luces y se escondió detrás de un árbol. Probablemente, avistado por los motociclistas, éstos decidieron alejarse.

Edeltraud recuerda dos ocasiones en que vio coches parados cerca de su casa en una vigilia sospechosa y una llamada en la que amenazaron de muerte a Escaramuça. Según ella, esta llamada provino del marido de otra pareja de Escaramuça, con quien tuvo un hijo, Tiago. Edeltraud relata que a los padres del joven no les gustaba los intentos de Escaramuça por acercarse a Tiago, a pesar de haberlo reconocido oficialmente.

Los amigos cuentan que, dos días antes de morir, Escaramuça estaba en un bar cuando entró una persona y el periodista solicitó que lo cambiaran de lugar porque, según habría dicho, no le hubiese gustado que lo asesinaran por la espalda. La empresaria Rosângela Barbosa Borges, con quien mantenía un romance y que estaba en el local, dijo que nunca consiguió saber de quién se trataba.

La averiguación siguió por varios caminos

La averiguación policial del caso Escaramuça no se limitó a verificar sólo a un sospechoso. La policía fue detrás de varias hipótesis, pero no consiguió llegar a una conclusión.

Uno de los investigados fue Francisco Augusto Tavela. En noviembre de 1997, el comisario Roberto Almeida Gil, de Cuiabá (Mato Grosso) estaba empeñado en desbaratar una banda que trasladaba camiones robados a Bolivia y Paraguay. Sospechaba que los vehículos eran cambiados por drogas. El comisario había denunciado el involucramiento de policías en la banda y algunos de ellos fueron encarcelados.

El 5 de noviembre, cuando Gil llegaba a su casa, tres personas fueron en su dirección. El comisario fue herido, recibió 10 tiros, pero logró herir a dos de los tres hombres. Uno fue Tavela, que murió. El segundo, Paulo Rubens Reichel, huyó y fue encontrado muerto el mismo día, en un coche abandonado en una carretera en la BR 364, en Cuiabá, 20 kilómetros de la salida de la ciudad. "Fue ejecutado y los sospechosos son policías", dijo Gil. En el vehículo, había una hoja del periódico Correio do Estado, de Mato Grosso do Sul, con fecha del 31 de octubre de 1997, con la nota sobre la muerte de Escaramuça.

Tavela habría sido reconocido, a través de una foto, por funcionarios de la panadería Pão de Mel como un cliente que había estado en el local unos 10 días antes del asesinato del periodista. La muerte de Tavela y de sus colegas eliminaba cualquier posibilidad de aclarar su participación y sobre los autores intelectuales del crimen. Pero el comisario Gil, ahora jubilado y trabajando en el Departamento de Tránsito de Mato Grosso do Sul, cree que puede haber alguna relación entre los dos atentados (el suyo y el de Escaramuça), porque ambos habían denunciado la participación de militares en el crimen organizado.

Las averiguaciones involucraron también a cuatro policías presos por extorsión, en junio de 1998, en Campo Grande. Los cuatro habrían participado del secuestro de un boliviano y de su hijo para "cobrar una deuda". Durante el período en que estuvo con ellos, el boliviano dijo que oyó comentarios de que habían matado un comentarista frente a una panadería. El titular de la Comisaría de Homicidios, Marco Túlio Sampaio Rosa, informó que las armas de los policías fueron examinadas y no coincidieron con las disparadas contra Escaramuça.

Marcos, hijo de Escaramuça, todavía suele recibir llamadas con información, sugerencias o pistas sobre los asesinos de su padre. El las investiga todas, pero sin éxito.

Contexto de impunidad dificulta la solución del caso

La muerte de Escaramuça es parte de un contexto de violencia e impunidad en Mato Grosso do Sul. El estado, ubicado en el sur de la región centro-oeste de Brasil, famoso por la exuberante naturaleza del Pantanal (considerada la más extensa y alargada planicie del mundo y uno de los principales ecosistemas del planeta), fue creado en 1979 después de la división del entonces Estado de Mato Grosso en dos - norte y sur. Para allá emigraron muchas personas procedentes de las regiones sur y sudeste.

Campo Grande, capital del estado donde vivía Escaramuça, tiene cerca de 700 mil personas y en 1999 cumplió 100 años. A pesar de la apariencia de capital grande y moderna, la impresión que los visitantes tienen es de que los habitantes parecen vivir en una realidad de ciudad del interior, donde prácticamente todos saben de la vida de los otros.

La economía de Mato Grosso do Sul se basa en la actividad agropecuaria y en la industria, pero los 600 kilómetros de frontera seca y abierta con Paraguay y Bolivia favorecen que el crimen organizado se disemine por la región y convierta al Estado en un corredor de drogas, vehículos robados y armas. "Es una región en la que no sólo se trafican drogas, si no que también existen laboratorios móviles para refinar cocaína", afirma Wálter Maierovitch, que dirigió la Secretaría Nacional Antidrogas y actualmente preside el Instituto Brasileño Giovanni Falcone, especializado en el tema.

Cuando Escaramuça murió, en octubre de 1997, había indicios de más de 100 crímenes cometidos por pistoleros en el estado. Ese tipo de crimen se volvió tan frecuente en Brasil que en 1992 fue instalada una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para indagar sobre los asesinatos por encomienda, especialmente en las regiones centro-oeste y norte del país. Los trabajos de la CPI duraron hasta 1994. En el 2000, dos años después de la muerte de Escaramuça, una nueva CPI, esta vez sobre el narcotráfico, volvió a investigar sobre la relación entre pistoleros a sueldo y el crimen organizado. Mato Grosso do Sul fue escenario de las averiguaciones.

En una pesquisa sobre los crímenes cometidos por pistoleros en Brasil, el profesor César Barreira, en 1998, hizo un perfil de las muertes. Algunas características coinciden con las circunstancias del asesinato de Escaramuça. Según Barreira, en general, después del crimen ocurren ataques a la vida personal y económica de la víctima para negar el carácter político del asesinato. Los pistoleros exigen una recompensa financiera. Es común que toda una ciudad sepa quién es el autor intelectual del crimen, pero contra él nada se consigue probar. Generalmente, los asesinos a sueldo se reúnen en plazas públicas, bares o cafés para contactos o formalizaciones de negocios.

En los casos apuntados por el profesor, el contacto (intermediario) es con frecuencia un comisario, un ex comisario o un policía. Sobre los pistoleros se sabe que se mudan constantemente, no se quedan en sus lugares de origen, y mantienen el anonimato. Cometen crímenes sucesivos y sus proezas son de dominio público.

La información recabada por el Centro de Defensa de la Ciudadanía y de los Derechos Humanos (CDDH), con sede en Campo Grande, y de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) de Mato Grosso do Sul, indica como característica común en las ejecuciones sumarias y los asesinatos realizados por pistoleros, que las víctimas reciben muchos tiros, principalmente en la boca, la nuca y la espalda. En gran parte de los casos la persona estaba llegando a su casa o caminando en la calle.

La impunidad es un problema antiguo en la región. Entre junio de 1995 y julio de 1997 (apenas tres meses antes de la muerte de Escaramuça, en octubre de 1997), el CDDH constató 231 casos de asesinatos sumarios y de desapariciones forzadas en la frontera de Brasil y Paraguay, y en la Grande Dourados, en Mato Grosso do Sul (cerca de 120 kilómetros de la frontera). Entre ellos, había víctimas de matanzas y mutilaciones. Los números incluyen solamente la pesquisa hecha a partir de notas publicadas en algunos periódicos. La mayoría no fue solucionado por la policía.

En apenas una semana de 1994, fueron encontrados 32 cadáveres mutilados cerca de Campo Grande. En septiembre de 1995, el periodista Gilberto Lima investigó los asesinatos en la frontera para el programa SBT Repórter, transmitido en la red nacional de televisión, y comprobó la participación de integrantes de la policía en esos crímenes. El consiguió grabar declaraciones del entonces coronel de la Policía Militar, Adib Massad (retirado), del comando del Grupo de Operaciones de Frontera (GOF) - equipo de elite ligada directamente a la Secretaría de Seguridad Pública para refuerzo del control en la frontera. En la grabación Massad hizo referencia a la "limpieza de bandidos". Acabó destituido del cargo, pero fue electo concejal, el más votado de Dourados. Después de la divulgación de su reportaje, el periodista Lima recibió amenazas de muerte.

Creado hace cerca de 12 años, el GOF cambió recientemente de nombre. Se transformó en departamento (DOF) y tuvo su función ampliada para el combate del robo de ganadería. La cuestión agraria, muy importante en la región, trajo sospechas de que el grupo fuese una especie de escuadrón de la muerte financiado por los hacendados. Actualmente se investiga la participación de policías del DOF en una banda que llevaba coches robados de Campinas (São Paulo), vía Mato Grosso do Sul, a Bolivia, a cambio, principalmente, de drogas y dólares.

En medio de ese contexto, Escaramuça hacía sus programas. Antes de morir, anunció por la radio que revelaría los nombres de pistoleros de la región de Dourados. Su muerte tuvo mucha repercusión porque se le conocía por su estilo polémico. Denunciaba, tanto en la televisión como en la radio, a políticos y criminales. Pero, a los gritos y a veces con insultos, él se volvía tanto contra acusados como contra simples sospechosos de irregularidades. El límite tenue entre la libertad de expresión y los abusos, con acusaciones infundadas y palabras peyorativas, es muy común en programas de radio y televisión en el interior de Brasil.

Aunque haya denunciado, antes de morir, las actividades de los pistoleros en la frontera, sus programas tenían también un fuerte carácter político. De 1988 hasta 1993 fue electo concejal por el Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Uno de sus focos constantes de críticas era el presidente de la Asamblea Legislativa del Estado, Londres Machado. Buscado por la SIP, Machado respondió por medio de un representante de su oficina, que no tenía nada que decir sobre Escaramuça.

Las denuncias y ataques emitidos en el programa, conllevaron en algunos casos procesos judiciales. Uno de ellos fue el del coronel de la Policía Militar, Paulo Cezar Gomes Navega, actualmente asesor de la Secretaría del Medio Ambiente. Integrantes del equipo de Navega, cuando era comandante de la Policía Forestal, fueron criticados por Escaramuça. El propio coronel sufrió un ataque, provocado, alegadamente, por los comentarios que sobre su conducta personal expresara el comentarista.

Navega, de 48 años y 28 de profesión, dijo a la SIP que él quería contribuir con la investigación de la la policía sobre la muerte de Escaramuça. "El problema es que el comentarista buscaba desacreditar la unidad que yo comandaba. Todas las denuncias que él hizo las investigué y ninguna era verdadera. Cuando empezó a difamarme personalmente, entré con una interpelación judicial", afirmó el coronel. Y añade, "muchas personas serían sospechosas de su muerte, porque ese señor atacaba a cualquiera, buscaba sacar provecho para hacer sensacionalismo".

En la ciudad, eran conocidas también las críticas de Escaramuça contra el senador Juvêncio Cesar da Fonseca, ex intendente de Campo Grande, entre 1986 y 1988, y de 1993 hasta 1996. "Escaramuça extorsionaba a políticos y a empresarios", acusa el senador Fonseca, actualmente vicepresidente del Consejo de Ética y Decoro Parlamentario del Senado Federal. El senador argumenta que ese fue uno de los motivos por el cual su gobierno en la intendencia de Campo Grande fue tan criticado por el comentarista. Recuerda que los dos prácticamente empezaron la vida política juntos. Y niega que él o su mujer hubiesen dicho que les gustaría ver muerto a Escaramuça, tal y como declaró el comentarista en su programa de televisión.

La acusación de extorsión fue hecha también por un comisario de policía de Campo Grande. La familia devuelve las insinuaciones. "Cuando él denunciaba era porque tenía pruebas y documentos", dijo el hijo Alex. "No aceptaba dinero a cambio de no divulgar una información", garantiza. Según Alex, hubo muchas ofertas de ese tipo que él mismo presenció. "Pero si Escaramuça tenía una denuncia en las manos, llamaba a la persona ofreciéndole espacio para defenderse", observa.

En el auge de su carrera en la televisión y en la radio - cuando murió, su programa alcanzaba altos índices de audiencia, según una encuesta de la Radio Capital FM -, Escaramuça planeaba postularse como candidato a diputado estatal en 1998. Uno de sus amigos, sin embargo, le había aconsejado no presentarse. "El ganaba más como comentarista. Si estuviese vivo, estaría rico", dijo.

Era el propio Escaramuça quien vendía la publicidad para los patrocinadores del programa. Y él tenía muchos patrocinadores. Por eso, Marcos, el hijo mayor, es otro que rechaza las acusaciones hechas a su padre. "Si mi padre hubiese sido un extorsionista, seríamos ricos".

La averiguación policial está prácticamente detenida

Un juez de la región de Campo Grande, que prefiere el anonimato, analizó la investigación policial del caso Escaramuça y se sorprendió por la falta de datos. "La averiguación no tiene prácticamente nada, la investigación aún está en el inicio", observó. El sólo está seguro de una cosa: fue un crimen de pistoleros y, por lo tanto, hecho por un profesional.

La averiguación sigue su curso, garantiza el comisario Marco Túlio Sampaio Rosa, titular de la Comisaría de Homicidios. "Hay varios sospechosos, pero no llegamos al autor intelectual", afirmó.

El primer comisario encargado de investigar la muerte de Escaramuça fue Paulo Magalhães Araújo, en la actualidad asesor del gabinete del Departamento del Sistema Penitenciario de Mato Grosso do Sul. Para Magalhães, no hay perspectivas de solución del caso, porque nadie quiere hablar sobre el asunto. "A menos que uno de los pistoleros contratados hable cuando esté borracho, o si surge otro hecho", dijo el comisario. "La cantidad de tiros fue tan grande, que el pueblo estaba más preocupado en protegerse que observar", alegó.

Por sus características, el crimen requirió al menos tres personas, comenta el comisario Magalhães. Considera que el hecho de que la bala utilizada por los pistoleros fuera importada, no tiene gran significado. "Todo el mundo usa armas calibre 12 en la ciudad, es posible comprarla en cualquier tienda, y en Mato Grosso do Sul, debido a la proximidad con Paraguay, sólo se usa munición importada". Según Magalhães, cuando Escaramuça murió, mucha gente en la ciudad ya esperaba ese desenlace, por la "prepotencia" del comentarista en sus programas. "Cualquiera pudo haberlo matarlo. Era una persona gorda, grande (por lo tanto, fácil de acertar con un tiro), y todos sabían de su rutina", describe. "Agotamos todos los caminos de la investigación".

El fiscal Gerardo Eriberto de Morais, encargado de investigar las denuncias contra policías involucrados en los crímenes de frontera en Mato Grosso do Sul, observó que no siempre son utilizados todos los recursos disponibles. La inexistencia de una pericia bien hecha en los lugares del crimen, por ejemplo, dificulta la investigación y permite que la impunidad prosiga. "Los policías no tienen entrenamiento para hacer la preservación del lugar del crimen, a veces una colilla de cigarrillo puede conducirnos al criminal", argumenta. El citó otro factor que dificulta las averiguaciones: la falta de testigos. "Cuando las personas notan que el crimen es profesional, cierran la boca porque, si hablan, saben que hay represalias".

Gracias a la movilización de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) y del Centro de Defensa de la Ciudadanía y de los Derechos Humanos Marçal de Souza (CDDH), Mato Grosso do Sul pasó a tener, en abril de 1999, un Programa de Protección a los Testigos llamado Pró-Vita. Pero, como en otros programas del mismo tipo en el país, frecuentemente faltan recursos y la estructura es pequeña para atender la demanda. "El servicio de protección a los testigos es una ilusión", critica el juez federal Odilon de Oliveira, que participó como informante en la Comisión Parlamentaria de Investigaciones (CPI) del narcotráfico.

La impunidad en la región se debe también a la proximidad con la frontera que favorece la fuga de los criminales hacia Paraguay y Bolivia, en donde la policía brasileña no tiene jurisdicción. La justicia difícilmente llega a aplicársele a los autores intelectuales del crimen porque se forma una corriente entre éste, el contacto (intermediario) y el pistolero. Hay por lo menos entre tres a cuatro personas involucradas.

Para el fiscal Adhemar Mombrum de Carvalho Neto, que acompañó las averiguaciones sobre la muerte de Escaramuça, en sus 12 años de trabajo éste ha sido el caso más perfecto desempeñado por pistoleros porque los asesinos no dejaron pistas. El criminal utilizó un arma calibre 12 y dio seis tiros en una secuencia de un segundo, lo que muestra que es un profesional. Mientras esto ocurría, otra persona disparaba para arriba, en dirección a la panadería. "El impacto emocional fue tan grande, que los testigos que estaban en el entorno intentaban defenderse", describió el fiscal.

Carvalho observó que, a pesar de haber sido visto un coche Corsa blanco en el lugar, probablemente usado por los pistoleros, la policía no consiguió encontrar el vehículo. Uno de los testigos habría visto una persona en el coche, quien usaba un celular después del crimen. El fiscal dijo que fue pedida una copia de las llamadas de teléfono en aquel horario, pero no fue encontrada pista alguna. "Intentamos buscar posibles enemistades de Escaramuça - y él tenía muchas: es conocido que exhorsionaba a las personas", afirmó Carvalho.

El fiscal cree que los pistoleros posiblemente no eran de Mato Grosso do Sul, debido al costo de la operación y el riesgo de ser detenidos - según Carvalho, el costo de una muerte por contrato aumenta según la repercusión del caso. "Ese era un crimen caro, porque la prensa se interesa y hay más repercusión", dijo. "Además, los disparos en secuencia indican que el tirador estaba preparado".

Los obstáculos para concluir la averiguación están ligados también a la falta de estructura de la policía y de la Justicia. En Campo Grande, dijo Carvalho, hay apenas cuatro fiscales criminales, de los cuales uno está jubilado, y el número de averiguaciones está en aumento. Hasta febrero del 2000, la Comisaría de Homicidios tenía apenas dos comisarios para investigar los casos más difíciles que ocurren en una ciudad con cerca de 700 mil habitantes. Hoy son siete comisarios, pero la estructura total, incluyendo agentes e inspectores, no pasa de 25 personas, un número aún pequeño frente a las necesidades.

"No existe una política de combate al crimen organizado y a los criminales a sueldo en Brasil", reclamó Adenilso dos Santos Assunção, secretario general del Centro de Defensa de la Ciudadanía y de los Derechos Humanos. "Debería haber una acción conjunta de los gobiernos municipal, estadual y federal", subrayó.

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