La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), dependiente de la Procuraduría General de la República busca esconder su ineficacia en la resolución de los casos de agresiones contra periodistas al asegurar que la mayoría de los asesinatos de comunicadores no están relacionados con su labor informativa, aseguran la Sociedad Interamericana del Prensa y la organización Reporteros Sin Fronteras.

Las declaraciones de Freddy Rendón Herrera, alias El alemán, durante una audiencia ante fiscales de Justicia y Paz, el 5 de agosto de 2009, vinculan a miembros del ejército al crimen del periodista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999 en Bogota. “Carlos Castaño ordenó asesinar al periodista por una petición expresa de altos mandos militares de la época”, dijo el ex paramilitar.

Aunque la legislación del Distrito Federal (D.F.)es una de las más avanzadas a nivel latinoamericano, en cuanto a la protección de la libertad de expresión, existen todavía faltantes y lagunas que deben revisarse, de acuerdo al Diagnóstico y Programa elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que llevó a cabo la administración de su presidente Emilio Álvarez Icaza.

Entre abril y septiembre de este año fueron asesinados seis periodistas en México, donde la delincuencia organizada se ha convertido en la principal amenaza contra los periodistas, según se desprende de un informe elevado esta semana por la SIP a la Fundación John S. y James L. Knight, institución que apoya económicamente las actividades de libertad de prensa de esta organización hemisférica.

La Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria a José Miguel Narváez, ex subdirector del Departamento de Seguridad (DAS), por su presunta participación en el asesinato del periodista Jaime Garzón, ocurrido en Bogotá, el 13 de agosto de 1999.

Chihuahua es uno de los estados mexicanos en el que más periodistas han sido asesinados o desaparecido en los últimos años. Suman 10 los reporteros que hasta ahora no han recibido justicia en esa entidad. La mayoría de los casos están en manos de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, institución que desde 1991 no ha resuelto ni un solo caso de estos crímenes.

Chovia muito quando estive pela primeira vez em Itabuna, na Bahia, em março de 2000. Era uma viagem inicial em busca de documentos, pessoas que tivessem conhecido e testemunhas que pudessem explicar como havia ocorrido o assassinato de Manoel Leal de Oliveira, editor e fundador do jornal A Região, em 14 de janeiro de 1998.

Periodistas chilenos recordaron el 23 aniversario de la muerte del periodista José Carrasco Tapia, acribillado a balazos en la madrugada del 8 de septiembre de 1986 por agentes del Estado.

Ao receber uma placa em homenagem a seu pai, Manoel Leal de Oliveira, assassinado em Itabuna em 1998, o jornalista Marcel Leal fez um apelo para que o crime, assim como de outros nove jornalistas assassinados na Bahia na década de 90, não fique impune. A homenagem aconteceu em 21 de setembro de 2009.

Salvador – A próxima segunda-feira, 21 de setembro de 2009, será uma data histórica no Brasil: o governo do Estado da Bahia fará um ato público para reconhecer sua responsabilidade na morte de Manoel Leal de Oliveira. Editor e fundador do jornal A Região, Oliveira foi assassinado em 14 de janeiro de 1998 quando chegava a sua casa, em Itabuna. O jornalista havia denunciado no seu jornal irregularidades na administração municipal.

El estancamiento es la característica principal que rodea a los procesos investigativos de unos 10 casos de asesinatos de periodistas de más de 40 que son atendidos por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, según reveló una investigación de la Unidad de Repuesta Rápida de la SIP en Colombia.

En los próximos meses habrá cambios en instituciones mexicanas que podrían ayudar a transformar o no, la situación de impunidad que prevalece en las investigaciones sobre ataques contra periodistas en el país. Estos relevos serán en la Cámara de Diputados, en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).