Miami.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su satisfacción ante la reforma constitucional a favor de la libertad de expresión aprobada en México por el órgano legislativo nacional, permitiendo que los delitos cometidos en el país contra periodistas y medios de comunicación sean investigados y sancionados por autoridades federales.
Dieciséis de los 31 estados mexicanos avalaron previamente la federalización de dichos delitos, lo que permitió que la Comisión Permanente que actúa durante el receso del Congreso, pudiera acordar la declaratoria constitucional, dejando en manos del Ejecutivo su publicación en el Diario Oficial para la puesta en vigencia.
El Senado mexicano se había pronunciado también a favor de esta reforma, hace casi tres meses, oportunidad en que la organización interamericana aplaudió el acuerdo “que recoge un largo reclamo del gremio periodístico y de la propia SIP”, conforme expresara Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente de la Comisión de la SIP contra la Impunidad y presidente ejecutivo del diario El Universal, de Ciudad de México.
La nueva disposición quita a las fiscalías de los estados la posibilidad de investigar los delitos contra la prensa. México es el país más peligroso en las Américas para el ejercicio del periodismo. Anteriormente fue creada una Fiscalía Especial de delitos contra periodistas, la que en la práctica ha sido rebasada por los casos sometidos a su jurisdicción.
La modificación constitucional protege a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, pero se extiende a cualquier persona que advierta algún atentado contra su libre expresión.
Será necesario a continuación la aprobación de una ley secundaria, la que deberá dictarse en un plazo no mayor a los seis meses, disponiendo el modo de operación de la nueva norma.