La periodista Regina Martínez, corresponsal en Veracruz de la revista Proceso, fue asesinada la noche del viernes 27 de abril, en su domicilio. Las investigaciones están a cargo de la autoridad estatal, que hasta la fecha no ha resuelto un solo caso de los periodistas asesinados o desaparecidos en la entidad.

Los primeros resultados de los exámenes periciales revelaron que tras ser golpeada fue asfixiada y de esa forma perdió la vida.

Regina Martínez tenía más de 30 años de ejercer el periodismo de investigación en Xalapa, Veracruz, y se distinguía por su trabajo serio, ético y equilibrado, sobre temas políticos, de corrupción, inseguridad y violencia, principalmente.
En la primera semana de abril, durante las celebraciones de Semana Santa, la periodista comentó a sus amigos que estaba preocupada porque de su casa la habían sacado un celular, su computadora, donde tenía parte de su material de investigación, y dinero que había ahorrado.

De acuerdo a la información recabada por la SIP, algunos de sus compañeros explicaron que uno de los temas que investigaba cuando fue asesinada, eran presuntos hechos de corrupción política en los que habrían incurrido anteriores y actuales gobiernos municipales de Veracruz, así como a los actuales candidatos al Poder Legislativo.

Al preguntar a sus compañeros y familiares sobre si Martínez tenía algún problema personal, familiar o profesional, todos lo negaron y la describieron como una mujer seria y profesional.

“Era una persona solitaria, seria, muy profesional, no se metía con nadie, seleccionaba a sus amigos y no le gustaba echar relajo. En todos estos años, ha sido un ejemplo por sus reportajes, por su trabajo”, comentó una reportera con que la conoció desde hace más de siete años.

El procurador de justicia del estado de Veracruz, Felipe Amadeo Flores Espinosa, sostuvo que ninguna hipótesis se descarta, integró una comisión especial para investigar el crimen de la reportera y convocó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República (PGR) para que coadyuven con las investigaciones para esclarecer el asesinato.

El funcionario señaló desde el principio que “el cuerpo de la periodista fue localizado en el baño de su casa y presentaba golpes contusos en el rostro y el cuerpo aparentemente la causa de la muerte es asfixia por estrangulamiento”.

Las causas de la muerte se confirmaron tras la necropsia, la cual también reveló que no se encontraron rastros de que sufriera algún tipo de abuso sexual y su sangre tenía rastros de alcohol. Después de cometido el crimen le fueron robados una pantalla de plasma, su computadora y dos celulares.

Flores Espinoza informó que por este hecho la Procuraduría inició la investigación ministerial 363/2012 y se radicó en la Agencia Segunda del Ministerio Público.

El funcionario no aceptó preguntas de los reporteros en las conferencias de prensa que ha ofrecido, simplemente ha leído sus comunicados, por lo que la información ha salido hasta ahora a cuenta gotas y no ha definido públicamente cuáles son las líneas de investigación que sigue la autoridad.

De acuerdo a la información obtenida por la URR, a partir del apoyo de periodistas de la región, la última vez que se supo con vida a Regina Martínez fue alrededor de las 22:30 horas del viernes, cuando una vecina le llamó por teléfono para avisarle que su puerta estaba abierta. De acuerdo al testimonio, la reportera agradeció el gesto de la mujer y colgó, después la puerta ya estaba cerrada.

Al día siguiente, nadie supo nada de la periodista, pero un vecino se percató que la puerta de su casa había permanecido abierta desde la mañana. Alrededor de las 18:00 horas, de acuerdo al parte policiaco, el mismo vecino le tocó la puerta y como nadie respondió llamó a la policía al 066, por lo que arribaron al inmueble dos agentes de la policía estatal.

Como la puerta estaba abierta, llamaron nuevamente y al no recibir respuesta ingresaron al domicilio y encontraron el cuerpo de Regina Martínez, por lo que llamaron por radio a sus superiores y dieron aviso a la Procuraduría de Justicia estatal.

Poco antes de una hora, habían llegado al lugar elementos adscritos a la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador , de Servicios Periciales y del Ejército, quienes sólo permanecieron allí resguardando la zona. Los agentes estatales realizaron el levantamiento del cuerpo y la toma de distintas muestras. Al retirarse, el inmueble quedó sellado y resguardado por elementos de Seguridad Pública del Estado.

Mientras esto ocurría, el procurador Flores Espinoza, ofrecía una rueda de prensa en la que aseguró que “el gobierno de Veracruz lamenta profundamente la muerte de la periodista Regina Martínez y expresa su respaldo absoluto, solidaridad y pésame a la familia de la comunicadora y al gremio periodístico veracruzano.

Tengan la certeza de que se agitarán todas las líneas de investigación para esclarecer estos hechos que como veracruzanos lamentamos”.

El domingo, tras conocerse la noticia del asesinato, en Xalapa se llevó a cabo una manifestación a la que acudieron unas 300 personas para exigir que se investigue a fondo y con pruebas se detengan a los responsables.

Manifestaciones similares ocurrieron en el Distrito Federal, Puebla, San Luis Potosí y la Península de Yucatán.

Periodista investigativa

Cuando Regina Martínez egresó de la carrera de periodismo comenzó a trabajar en el gobierno del estado, pero dejó de hacerlo porque, de acuerdo a sus amigos, no le interesaba esa trinchera.

Más tarde trabajó en el Diario de Xalapa y después la invitaron al Diario Política, donde publicó reportajes de fondo sobre corrupción y política durante los 18 que permaneció allí.

También fue conductora de noticiero y jefa de Información en Política TV, y desde hace 10 años se venía desempeñando como corresponsal de la agencia y revista Proceso del Distrito Federal.

Entre 2010 y 2011, Regina Martínez publicó unos reportajes en los que mostraba la deuda en que había dejado el gobierno al estado y los bienes adquiridos por el ahora ex gobernador Fidel Herrera, quien siendo aún funcionario pidió que la despidieran del Diario Política, lo cual no ocurrió pero la “congelaron”.

Iba a trabajar todos los días, pasaba sus notas o reportajes, pero no le publicaban nada, relataron algunos de sus amigos. Martínez esperaba que la despidieran por tener tantos años, pero eso no ocurrió y ella “por ser tan derecha” se cansó primero y se fue, no sin antes demandarlos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, una demanda que estaba en curso todavía.

Siguió con su trabajo en Proceso y su agencia APRO, lo que le permitía tener un ingreso fijo y comenzó a realizar distintas colaboraciones, entre ellas la página digital Plumas Libres y el diario Notiver del Puerto de Veracruz.

“Vivió de su salario, nunca recibió dinero o beneficios del dinero. Fue una periodista ética y eso le permitía ser muy crítica”, señaló una persona muy cercana a la reportera.

En el último mes, Regina Martínez había publicado notas vinculadas a los cárteles de las drogas, inseguridad en el estado y corrupción, entre ellas: la detención de operadores del cártel de Nueva Generación, de los zetas; la detención de un edil panista presuntamente vinculado a sicarios y cómo lo defienden desde su partido; la extorsión de la que son víctimas alcaldes veracruzanos por parte del crimen organizado; la detención de policías aparentemente ligados al narcotráfico, y la sospechosa muerte de un ex líder perredista de quien primero se dijo que las causas eran naturales.

Por información recabada por la SIP, la periodista continuaba investigando la posible vinculación del alcalde panista con otras personas, quiénes lo defendían y pretendían entorpecer las investigaciones, así como la corrupción de ex funcionarios y funcionarios del estado en otros temas.

En el Estado de Veracruz las amenazas, secuestros y asesinato de periodistas se han intensificado los últimos dos años, lo que ha motivado que varios de ellos renuncien a su trabajo y salgan del estado por miedo, al menos siete casos se tienen confirmados por la SIP.

Ayer varios de los periodistas evitaron ir al sepelio de Regina Martínez por temor, ya que recibieron llamadas en las que les sugerían, de forma amenazante, que no asistieran.

“En Veracruz no se puede publicar nada sobre los asesinatos, los secuestros, porque al otro día te llaman para decirte que te vas a morir, pero tampoco puedes escribir nada sobre corrupción y política, porque llaman a tu medio y dicen que se están pasando de la raya, pero eso lo hacen tanto funcionarios como personas que alguna vez han estado dentro de la política y tienen poder”, relató un periodista a la SIP.

En ese contexto de inseguridad y falta de garantías es que ocurre el asesinato de Regina Martínez, en un estado en el que no se ha resuelto un solo caso de periodistas asesinado y desaparecido.

De acuerdo con el seguimiento de la SIP, en julio 203 despareció Jesús Mejía Lechuga, reportero de radio, sin que hasta la fecha se tengan datos de las razones y los responsables.

En 2005 fueron asesinados Raúl Gibb Guerrero, director de La Opinión de Poza Rica, y Hugo Barragán Ortiz, reportero de radio de Tierra Blanca; en el primer caso la PGR no ha dado a conocer avances y, en el segundo, la autoridad estatal ha guardado silencio.

La impunidad persiste también en los crímenes de Roberto Marcos García y Adolfo Sánchez Guzmán, ocurridos en 2006; así como de Evaristo Ortega Zárate, desparecido desde 2010.

En 2011 fue secuestrado Noel López Olguín, de quien se ignora si las causas fueron su actividad partidista o su trabajo periodístico.

En el caso de los crímenes de Yolanda Ordaz y Migue Ángel López Velasco junto con su hijo y esposa, no existen avances por parte de las autoridades, quienes han optado por desprestigiarlos antes de probar quiénes y porqué los asesinaron.

El único caso que muestra avances es el de Luis Daniel Méndez Hernández, quien habría sido asesinado por motivos personales.

La revista Proceso, por su parte, emitió un comunicado en el que señalaron que no confían en las autoridades, a pesar de que éstas se comprometieron a investigar a fondo el crimen de su corresponsal.

El semanario ha sufrido los ataques del crimen organizado y de poderes políticos en sus reporteros que han sido amenazados y en las ediciones que les han impedido vender en diferentes ciudades del país.