La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sometió el 6 de diciembre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una denuncia formal por los asesinatos impunes de dos periodistas colombianos, cuyos procesos judiciales prescribieron este año.

Los casos enviados el pasado 2 de diciembre a la CIDH son los de Julio Chaparro y Jorge Torres, los cuales no pudieron ser esclarecidos por las autoridades colombianas durante los 20 años desde que trascurrieron sus asesinatos.

Chaparro, periodista de 29 años y Torres, reportero gráfico de 39, fueron asesinados el 24 de abril de 1991 en Segovia, municipio en el departamento colombiano de Antioquia, a donde habían sido enviados por el diario El Espectador de Bogotá para documentar las secuelas de una masacre ocurrida allí dos años antes, la cual dejó 43 muertos.

Las investigaciones periodísticas, realizadas por la Unidad de Repuesta Rápida de la SIP en Colombia, fueron sometidas a la CIDH con la intención de que el sistema interamericano inste al Estado a poner fin a la impunidad de estos crímenes. Los homicidios prescribieron tras el plazo legal de 20 años. Una reciente reforma en Colombia, aunque no es retroactiva, elevó a 30 años el término de prescripción.

El presidente de la Comisión de la SIP Contra la Impunidad, Juan Francisco Ealy Ortiz, destacó que “confiamos que con la mediación de la CIDH se logre un buen diálogo, a fin de hacer justicia y se repare moralmente la figura de las víctimas, a sus familiares y colegas”. Ealy Ortiz, presidente del diario mexicano El Universal, agregó que la resolución de estos casos, “sentaría un importante precedente para que ningún crimen quede impune en Colombia”.

La SIP argumentó que en ambos casos fueron violados los artículos 4, Derecho a la vida; 5, Derecho a la integridad personal; 8, Garantías Judiciales; 13, Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión; y 25, Derecho a la protección judicial, contemplados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La propuesta de la SIP también argumentó que fueron quebrantadas las garantías fundamentales a familiares y colegas de las víctimas, al negárseles el derecho a conocer la verdad y garantizarles justicia.

Desde 1997, la SIP ha sometido ante a la CIDH 29 casos impunes de asesinatos contra periodistas ocurridos en Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, México y Paraguay. Hasta el momento, la CIDH admitió 12 de estos casos y ha pedido mayor documentación y pruebas a la SIP sobre otra decena de ellos.