En una operación conjunta de la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública de Rio Grande do Norte, Brasil, fueron arrestados cinco sospechosos del asesinato del editor del periódico O Serrano, Edinaldo Filgueira, ocurrido el 15 de junio de 2011 en la ciudad de Serra do Mel.


La operación denominada “Asesinos por alquiler” comenzó el 1° de julio de 2011 y ahora continúa para identificar a los autores intelectuales del crimen. De acuerdo con Marcelo Mosele, superintendente de la Policía Federal de Rio Grande do Norte, no existen dudas de que Filgueira fue asesinado por su trabajo periodístico, debido a las críticas que hacía a los políticos de la región a través del periódico del cual era editor.

El editor fue ejecutado frente al local donde tenía una tienda de informática y donde funcionaba el periódico a su cargo, en el centro de Serra do Mel. En ese momento, estaba conversando con otros vecinos. Los asesinos huyeron a bordo de una motocicleta.

La Policía Federal fue convocada para conducir las investigaciones del caso por tres motivos, explica Mosele. En primer lugar, porque la dirección general de la Policía Federal sospechaba que la muerte de Filgueira podía estar relacionada con la ola de violencia y asesinatos contra líderes de movimientos sindicales y populares que tuvo lugar a fines de mayo de este año en el norte del país (principalmente en Pará y Rondônia). Esta hipótesis ya fue descartada.

El segundo motivo es que Filgueira, además de dirigir el periódico, era líder regional del Partido de los Trabajadores (PT). La dirección estadual del PT envió un requerimiento formal donde pidió la investigación del caso, por entender que el crimen podía estar vinculado con su actividad político-partidaria. Y por último, porque en su carácter de editor de O Serrano Filgueira era considerado un formador de opinión con fuerte acción comunitaria y política.

“Al asesinar a ese profesional, los responsables hirieron uno de los principales pilares del Estado Democrático de Derecho, que es la libertad de prensa”, dice el comunicado de la Policía Federal. “La Policía Federal ha participado en el esclarecimiento de varios casos semejantes de periodistas asesinados en ejercicio de la profesión”, recuerda Mosele. Entre ellos, cita el caso del periodista Francisco Gomes de Medeiros, apodado F. Gomes, asesinado el 18 de octubre de 2010.

El nombre de la operación, “Asesinos por alquiler”, hace referencia a los fuertes indicios de que parte de los integrantes de la banda que fueron arrestados tenían como principal actividad delictiva “la ejecución de personas por encargo de terceros, a través de pagos u otras ventajas financieras ofrecidas por los autores intelectuales”.

El arresto fue anunciado el 4 de julio por representantes de la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Resultaron arrestados Rafanio Brito de Azevedo, de 30 años, conocido como Alemão [Alemán], acusado de ser el gestor e intermediario entre los autores intelectuales y los sicarios; Abnadabe Nunes Ismael Pereira da Silva, de 31 años, conocido como Foguinho o Qualhada, acusado de ser uno de los ejecutores; Francisco Fabio Ferreira, de 23 años, apodado Galego y también acusado de ser otro de los ejecutores; y Paulo Ricardo da Costa, de 24 años, de sobrenombre Paulinho, quien completa el trío de ejecutores. Marcelio de Sousa Moura, de 29 años, también arrestado, fue acusado de guardar las armas y de prestar apoyo logístico.

La policía les incautó ocho armas, entre escopetas y revólveres calibre 38, además de municiones, que fueron objeto de estudios periciales. De acuerdo con las investigaciones, los delincuentes también habían sido contratados para asesinar a un comerciante de Serra do Mel que estaría causando trastornos a los mismos autores intelectuales del crimen de Filgueira. No obstante, el asesinato de este comerciante no se concretó porque la banda tuvo que abandonar la ciudad tras la muerte del periodista. Un informe de la Policía Federal menciona inclusive otro crimen cometido por el mismo grupo el 6 de abril de 2011 y planes para ejecutar a cuatro personas en los próximos días.

El accionar de la banda sería de conocimiento público, pero en la región predomina la ley del silencio por temor a las represalias.