El asesinato del reportero neoyorquino Brad Roland Will, ocurrido el año 2006 en Oaxaca, México, es uno de los agravios a periodistas que continúa impune en el país, concluyó el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas, Frank La Rue, quien visitó México, con el fin de observar la situación nacional de la libertad de opinión y expresión.

En el informe, elaborado luego de una invitación por parte del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, del 9 al 24 de agosto de 2010, subrayó que la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), desde el 15 de febrero de 2010, ha iniciado 143 investigaciones, sin embargo, desde que fue creada en 2006, la Fiscalía Especial no ha logrado la sanción penal de un solo responsable, y únicamente ha consignado cuatro casos.

En el informe, el relator advierte que en el país existe un clima de impunidad generalizada respecto a los casos de violencia contra las y los periodistas, aún respecto a los hechos más graves como asesinatos, desapariciones y secuestros.

El relator especial explicó que durante su visita no recibió información concreta y suficiente sobre condenas penales y administrativas en estos casos, por lo que señaló que la impunidad prevalece y propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos, y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.

Para el relator La Rue, las cifras reportadas, así como la información adicional recibida, permiten afirmar que desde el año 2000 México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas.

También estimó que los escasos resultados logrados por la FEADLE son atribuibles, en parte, a la falta de voluntad de los fiscales anteriores de atraer los casos e implementar un programa adecuado de trabajo, pero también a la falta de autonomía y de recursos, y a la deficiente definición de su competencia.

Sin embargo, indicó que las entidades federativas deben también hacer un esfuerzo por dotar a sus órganos de procuración de justicia y a sus juezas y jueces de mayores y mejores garantías de funcionamiento, incluyendo mayor autonomía, recursos y fortalecimiento técnico a los órganos encargados de sancionar agresiones contra los comunicadores.