Miami.-La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió mayor voluntad política y legal a las autoridades nacionales y estatales de México para que se atiendan varios hechos ocurridos en los estados de Baja California, Coahuila y Veracruz que involucran asesinatos de periodistas, porque es urgente frenar el alto grado de impunidad que prevalece en el país y que deteriora los principios de libertad de prensa y de expresión.

La SIP considera que el encarcelamiento de Jorge Hank Rhon, aún por otro delito ajeno a temas de libertad de prensa, abre la posibilidad para que el presidente Felipe Calderón, el gobierno de Baja California, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, cumplan los compromisos hechos a la SIP de atender la resolución emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto al caso de Héctor Félix Miranda, codirector del semanario Zeta, asesinado en 1988.

Lo anterior debido a que de la revisión del expediente se desprende, como lo hizo del conocimiento la SIP en su momento a las autoridades estatales y federales, que existen indicios sobre la posible participación de más personas en el crimen del columnista, como responsables intelectuales, y Hank Rhon sería uno de los principales sospechosos.

La SIP presentó el caso de Félix Miranda a la CIDH en 1997, organismo que en 1999 emitió una serie de recomendaciones a cumplir por el Estado de México, entre las cuales incluyó que se llevara “a cabo una investigación seria, completa, exhaustiva e imparcial para determinar la responsabilidad penal de todos los autores del asesinato. Un equipo de trabajo integrado por autoridades de la SIP, y por Jesús Blancornelas y Francisco Ortiz Franco, ambos del Zeta, representaron a la organización hemisférica en la revisión del expediente judicial del caso Félix Miranda en el 2004. Ortiz Franco fue asesinado ese año.

La SIP ha insistido en exigir justicia total por el caso y ha presionado a las autoridades durante unas 10 visitas de delegaciones internacionales a México, en las que se pidió la revisión de las pruebas que podrían vincular al empresario Hank Rhon, señalado como sospechoso de instigar el asesinato de Félix Miranda. Por este crimen fueron sentenciados Antonio Vera Palestina y Victoriano Medina Moreno, jefe de escoltas y escolta, respectivamente, de Hank Rhon.

En la última misión llevada a cabo en septiembre de 2010 en México, conjuntamente entre la SIP y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), el presidente Calderón se comprometió, de manera personal, a atender las resoluciones de la CIDH.

En diálogo con la SIP, la actual directora de Zeta Adela Navarro, agradeció a la organización el seguimiento al caso y agregó que “nos da esperanza de que no quedará en la impunidad”.

El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, del periódico guatemalteco Siglo 21, dijo que “las autoridades mexicanas tienen que poner sus mayores esfuerzos para que se haga justicia, porque de lo contrario se están deteriorando los principios de libertad de prensa, libertad de expresión y la democracia”.

Por su parte, el presidente de la Comisión Contra la Impunidad de la SIP, Juan Francisco Ealy Ortiz, del periódico mexicano El Universal, también se sumó el pedido a las autoridades estatales y nacionales de México para que no dejen caer en la impunidad otros casos de periodistas asesinados.

Uno de éstos se refiere a la orden de aprehensión que, después de más de dos meses, un juzgado penal con sede en Saltillo, Coahuila, no ha girado pese a que fue puesta bajo su jurisdicción en marzo pasado, con la intención de someter a proceso penal a dos de los presuntos autores materiales del asesinato del periodista Valentín Valdés Espinosa, del diario Zócalo de Saltillo, en Coahuila, secuestrado y asesinado en enero de 2010 y del cual no existen dudas de que su trabajo periodístico fue el motivo del homicidio.

La SIP lamentó que no se haya emitido la resolución judicial respectiva, que permitiría someter a juicio a los dos sospechosos: Isidro Javier del Río Martínez, alias “La pulga”, y a Miguel Ángel Bustos Rodríguez o Ángel Solís Zamora, alias “El teniente o “El t”, a quienes las autoridades señalan como uno de los más peligrosos integrantes del grupo autodenominado “Zeta” en esa región.

Ealy Ortiz exhortó al gobernador de Coahuila, Jorge Torres López, a que solicite al titular de la Fiscalía General del estado, Jesús Torres Charles, que lleve a cabo el trabajo jurídico necesario para garantizar que el juzgado cuente con todos elementos que permitan emitir la orden de captura.

La SIP también reclamó a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, que brinde el apoyo necesario a la Fiscalía General del estado de Coahuila para atender el caso del homicidio de Valdés Espinosa, por tratarse de dos peligrosos narcotraficantes como la misma autoridad los ha identificado y porque existe la posibilidad de que por miedo no se esté actuando conforme a la ley y, de ser necesario, la procuradora solicite el apoyo de las Fuerzas Armadas para brindar protección al juzgado y a quienes lo soliciten.

Otro caso se refiere al secuestro y asesinato del periodista Noel López Olguín, cuyo presunto autor material fue detenido de forma fortuita y con la intervención del Ejército. Sin embargo, después de una semana, la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz no ha solicitado a un juez federal que se inicie el caso en contra de este sospechoso. López Olguín era colaborador de los semanarios Horizonte y Noticias de Acayucan, así como del diario La Verdad, todos de Veracruz.

Tampoco hasta el momento, ni la PGR que mantiene bajo su custodia a Alejandro Castro Chirinos, alias “El Dragón”, ni la Procuraduría del estado, han hecho públicas las posibles razones del asesinato del periodista, por lo que la SIP manifestó su preocupación de que se pretenda inculpar solamente a una persona por ese crimen, sin profundizar en las investigaciones sobre la posible complicidad de otras personas y, principalmente, de la existencia de un autor intelectual del crimen.

En este sentido, la SIP solicitó a la PGR y a la Procuraduría General de Justicia de Veracruz a que trabajen de forma coordinada para profundizar en las pesquisas sobre este caso.

Marroquín y Ealy Ortiz consideraron que “son momentos en que el gobierno federal y los estatales de México; así como el Poder Judicial en sus dos niveles, deben actuar de forma contundente y con total respeto a la ley para defender la libertad de expresión, porque de no hacerlo se seguirá colocando en riesgo el trabajo de los periodistas y la libertad de prensa y el derecho del público a la información”.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene sede en Miami, Estados Unidos. El Proyecto de la SIP Contra la Impunidad cuenta con el auspicio de la Fundación John S. y James L. Knight y tiene la misión de combatir la violencia en contra de los periodistas y disminuir la impunidad que rodea a la mayoría de esos crímenes. http://www.sipiapa.org; http://www.impunidad.com