La SIP expresó su preocupación por la prescripción que alcanzarán en los próximos días dos casos de crímenes contra periodistas colombianos, al tiempo que urgió a las autoridades “adoptar medidas adecuadas” para evitar que esos procesos queden impunes.

Julio Daniel Chaparro, periodista de 29 años y Jorge Enrique Torres, fotógrafo de 39 años, ambos de El Espectador, fueron asesinados el 24 de abril de 1991. Sus casos prescribirán esta semana tras 20 años en la impunidad, pese a una reforma aprobada por el Congreso el 29 de diciembre pasado, que amplió de 20 a 30 años los plazos de prescripción, ya que la ley no tiene carácter retroactivo.

Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP del diario guatemalteco Siglo 21, expresó que “vemos con consternación como la prescripción de los delitos nutre el círculo vicioso de la impunidad”, mostrándose esperanzado de que “las autoridades puedan adoptar medidas adecuadas para prevenir que éstos y otros casos se transformen en una mancha imborrable para la libertad de prensa en el país”.

Además de los crímenes contra Chaparro y Torres, este año se cumplen 20 años de los asesinatos de los periodistas Carlos Julio Rodríguez, José Libardo Méndez, Arsenio Hoyos Lozano y Rafael Solano Rochero.

En referencia a las medidas que podrían adoptarse, Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, y director del diario estadounidense San Antonio Express-News, dijo que “nos sumamos al reclamo de otras organizaciones locales, como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que solicitaron a la Fiscalía nacional declarar los homicidios de Chaparro y Torres como delitos de lesa humanidad”.

Como antecedente a este pedido, se registra la decisión del 2 de julio de 2010 de la Fiscalía General de la Nación al dictaminar que el asesinato de Guillermo Cano, director de El Espectador, ocurrido en 1986, se trató de un crimen de lesa humanidad, por lo que no tiene plazos de prescripción. La Fiscalía argumentó que el caso Cano fue parte de un plan sistemático del Cartel de Medellín, encabezado por el extinto narcotraficante Pablo Escobar.

El pedido actual de la SIP surge a consideración de que los asesinatos de Chaparro y Torres, forman parte de las “acciones sistemáticas y generalizadas contra El Espectador”, según estableció la FLIP. Al momento de sus muertes, los periodistas estaban investigando las consecuencias de la “Masacre de Segovia”, en la localidad homónima del departamento de Antioquia, hecho ocurrido en 1988 en el que los paramilitares acribillaron a 40 personas y que fue declarado como crimen de lesa humanidad.