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Estados Unidos de América
22 de febrero de 2011
Errores de agentes llevaron a la muerte de periodista estadounidense en 1970, según nuevo reporte
Summer Harlow/IB, Periodismo en las Américas


Estampilla en honor a Rubén Salazar.


Una revisión independiente del caso de un periodista californiano muerto tras recibir un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza hace 41 años durante una protesta antibélica concluyó la muerte de Rubén Salazar fue resultado de “errores tácticos”, pero que él no fue el blanco de los agentes del alguacil del condado de Los Ángeles, informó la Associated Press.



El informe de la Oficina de Revisión Independiente, que debería ser difundido el martes, concluye que no hay evidencia de que Salazar estuviera bajo vigilancia policial ni fue apuntado deliberadamente por los agentes del alguacil, reportó el diario Los Angeles Times. Sin embargo, el reporte elaborado por la organización civil sí reconoce que los detectives “descartaron” de antemano cualquier teoría de que el periodista haya sido asesinado a propósito y por lo tanto “no hicieron las preguntas que podrían haber prevenido la especulación y las teorías de conspiraciones que han rondado al caso hasta hoy”.



Salazar, un activista comunitario mexicano-estadounidense, ex columnista del Los Angeles Times y director de noticias de KMEX-TV, creía que estaba en peligro y que la policía trataba de desacreditarlo porque su trabajo frecuentemente criticaba el tratamiento policial a los mexicano-estadounidenses.



Stephanie Salazar Cook, la hija menor del periodista, difundió un comunicado en el que dice que el reporte “suscita más preguntas de las que responde. El comunicado agrega: “Luego de 40 años de secretismo, de análisis autocomplaciente e información incompleta, yo, mi familia y la población merecen más de lo que [el reporte] ofrece”.



En un comienzo, el alguacil Lee Baca se negó a entregar los archivos sellados sobre la muerte de Salazar, pero luego de la presión del público y una solicitud de acceso a la información del diario Los Angeles Times, Baca accedió en agosto a entregar miles de páginas de documentos a un grupo de monitoreo civil que supervisa al departamento del alguacil.




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