El año en que el pueblo brasileño eligió como presidente a una mujer –Dilma Rousseff– quien prometió, al ser electa, respetar la libertad de prensa y de expresión, presentó avances en los debates sobre el tema en Brasil. Las entidades de derechos humanos y los gremios que nuclean a los periodistas todavía están luchando por una ley de acceso a la información y la sociedad asiste, incrédula, a las denuncias de amenazas, agresiones y asesinatos de profesionales de prensa en rincones del país no tan apartados en los que los autores intelectuales y materiales de los crímenes apuestan a la impunidad. Sin embargo, la prensa brasileña ganó puntos en la lucha contra los abusos y desmanes capaces de bloquear su trabajo, y la SIP desempeñó un papel importante en dicho proceso.

Para el 2011, aún queda un largo camino por recorrer.

En abril de 2010, el gobierno del Estado de Bahía pagó una indemnización a la familia del periodista Manoel Leal de Oliveira, fundador y director del periódico A Região, de Itabuna, asesinado en enero de 1998. La indemnización – un reconocimiento público de la responsabilidad del Estado por no haber garantizado la libertad de prensa y la vida del periodista – siguió una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El caso fue derivado a la CIDH por la SIP.

Incluso haciendo caso a las determinaciones del acuerdo amistoso celebrado con la CIDH, la Secretaría de Justicia, Ciudadanía y Derechos Humanos, en nombre del gobierno de Bahía, solicitó la reapertura de la averiguación de antecedentes para investigar y castigar también a los autores intelectuales de este crimen, que hasta hoy no pudieron ser identificados. En diciembre de 2010, sin embargo, la fiscal de Itabuna, a cargo de evaluar la posibilidad de reapertura del caso, ni siquiera había tenido acceso al proceso.

Del encuentro sobre “Fallas y brechas de la justicia: cómo evitar la impunidad de los crímenes contra la prensa”, realizado en Río de Janeiro en mayo de 2010 por la SIP, la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji) y la Pontificia Universidad Católica (PUC-Río) surgieron dos propuestas en el Senado.

La Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) No. 15, de 2010, fijaba originalmente la competencia de los jueces federales para procesar y juzgar los delitos perpetrados contra periodistas durante el ejercicio de su actividad profesional. El dictamen del fiscal nombrado, senador Antônio Carlos Valadares, propone un texto de reemplazo para la PEC 15. El nuevo texto propone la modificación del artículo 109 de la Constitución Federal, de modo tal que el cambio de competencia para la Justicia Federal pueda ser solicitado no sólo por el Procurador General de la República, tal cual prevé este artículo, sino también por el Presidente de la República y por los representantes de las entidades de clases y de la Orden de Abogados de Brasil.

Ya el Proyecto de Ley del Senado No. 167, de 2010, que modifica el Código Penal, asegura la prioridad de juzgamiento en procesos relacionados con el asesinato de periodistas en virtud de su profesión. Fue designado inicialmente para el vocero Renato Casagrande, de la misma Comisión, pero éste transfirió su informe al senador Antônio Carlos Júnior.

Las dos propuestas están a la espera de la votación por parte de la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía del Senado Federal; lo cual podrá tener lugar en el 2011.

En noviembre de 2010 hubo una noticia positiva: se logró la recaptura de Elizeu Felício de Souza, o Zeu, apresado por el asesinato del periodista Tim Lopes, de TV Globo, perpetrado en 2002, y que fue condenado a 23 años y seis meses de prisión en 2005, pero que se fugó al ser beneficiado por el cambio a régimen semiabierto en 2007. Se encontraba en el Complejo del Alemán, conjunto de favelas donde Lopes halló la muerte. Según información de la policía, se entregó cuando las fuerzas ocuparon el morro, en un operativo realizado conjuntamente con la Marina.

La prisión de Zeu fue motivo de reflexión. De hecho, el tema fue debatido durante el evento organizado en mayo en Río de Janeiro, por la SIP. El documento final, redactado nuevamente a partir de las sugerencias de fiscales y periodistas reunidos en el encuentro, dice: “Actualmente, basta que un preso (por cualquier delito, aunque sea de lesa humanidad) cumpla el plazo mínimo de su pena y obtenga de la dirección del penal una declaración de buena conducta carcelaria para que sea favorecido por la progresión del régimen penitenciario, pasando del régimen cerrado al semiabierto, sin necesidad de someterse a un examen criminológico. En este caso, la ley favorece a la impunidad, principalmente en la ejecución de la pena. Por lo menos dos condenados por las muertes del periodista Tim Lopes y del profesional de la radio Ronaldo Santana de Araújo – fueron favorecidos por el beneficio y se fugaron”. Un cambio de ley podría ser debatido en una revisión futura del Código Penal.

Y, finalmente, la averiguación sobre el asesinato del periodista Francisco Gomes de Medeiros, el F. Gomes, acaecido el 18 de octubre de 2010, concluyó en diciembre de 2010, con la acusación de tres personas por el crimen: João Francisco dos Santos, alias Dão ; Valdir Souza do Nascimento y un tercer individuo que está prófugo, aunque ya se ha emitido la orden de prisión preventiva. Los demás están privados de su libertad.

Éste fue un caso de muerte comprobadamente asociada al ejercicio profesional. A pesar de la rapidez para concluir las averiguaciones, el Ministerio Público todavía no presentó la denuncia debido a la coincidencia de los días feriados y al receso de fin de año, que provocarán la interrupción del proceso, por lo menos, hasta enero de 2011.