Desde enero de 2010 se inició el trabajo que nutriría el proyecto de Geografía de Riesgos en México. Primero la planeación y después la recolección y análisis de información documental sobre el estado de las agresiones a periodistas y medios de comunicación en el país.

El siguiente paso fue el recorrido por el territorio mexicano, visitando las ciudades principales y aquéllas comunidades en las que hay registro de ataques a informadores, lo que permitió la recolección de fuentes documentales, testimonios de víctimas y de personal de las redacciones de todos los niveles, familiares de colegas asesinados o desaparecidos.

Por otra parte, la aplicación de encuestas y entrevistas a funcionarios públicos, arrojó una serie de conclusiones y que se resumen en los siguientes puntos:

• Grupos que forman parte de la delincuencia organizada controlan agendas informativas de los medios de comunicación en varias ciudades del país, a través de amenazas, tortura o secuestros express, censurando en la difusión de información vinculada al narcotráfico y corrupción con autoridades.
• La autocensura se ha extendido a los seis estados en la frontera con Estados Unidos. Así también es práctica común en otras siete provincias del interior mexicano.
• Las amenazas e intimidaciones se han ampliado a prácticamente todo el territorio mexicano y son más graves donde el narcotráfico tiene presencia destacada. Esto se hace a través de llamados telefónicos, mensajes de texto vía celular, mensaje escritos en carteles colocados en vía pública o junto a cadáveres, privación de la libertad, contacto verbal directo, mensajes que transmiten miembros de las fuerzas de seguridad, ataques con granadas y disparos a edificios de medios de comunicación y la colocación de cuerpos o cabezas de cadáveres en inmediaciones de empresas periodísticas.
• Los ataques a periodistas y medios son más aparatosos y violentos. Por ejemplo, casos como el disparo contra las fachadas de empresas periodísticas (Sinaloa), el lanzamiento de granadas (Tamaulipas y Nuevo León) y los asesinatos y secuestros en la vía pública (Armando Rodríguez, Valentín Valdés y tres reporteros de televisión en Coahuila).
• La desaparición es un recurso más utilizado con la intención de generar mayor incertidumbre y temor. En 2009 y 2010 ha crecido este fenómeno.
• No se ha modificado la actitud omisa del Estado en sus tres niveles de gobierno para investigar y someter a juicio a los responsables de los ataques, lo que ha ahondado la situación de impunidad y la desconfianza en las autoridades.
• Ante el miedo y la impunidad hay un retraimiento de los medios y reducción informativa general incluso en temas que no están vinculados al crimen organizado.
• Debido a la aparición de casos de corrupción entre periodistas que trabajan para la mafia o aceptan ser sometidos como mensajeros de estos, ha crecido la sospecha entre periodistas y medios.
• No se observa una respuesta organizada y solidaria de las empresas en defensa de la libertad de expresión.
• El entrenamiento que han recibido los periodistas que cubren información de riesgos (específicamente en información policial) en los últimos cinco años es básico y proviene solo de organizaciones como la SIP.
• Los medios de comunicación no están preparados para prevenir agresiones. Se desconocen estrategias de seguridad y no existen protocolos al respecto ni conciencia de los riesgos, ni su dimensión y alcances.