La SIP expresó su satisfacción a las autoridades del Poder Judicial del Perú por la creación de una jurisdicción especial para procesar los delitos graves contra periodistas en ejercicio de su labor profesional, medida que la organización hemisférica calificó de “trascendental importancia para la lucha contra la impunidad”, en una resolución que emanó de su asamblea general realizada en México a principios de este mes.

El pasado 5 de noviembre entró en vigencia, a partir de su publicación en el diario oficial El Peruano, la Resolución Administrativa N° 187/2010 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del 26 de mayo de 2010, que amplía la competencia de la Sala Penal Nacional y de los Juzgados Penales Supraprovinciales de Lima, para atraer casos de homicidio, asesinato, lesiones graves, secuestro y extorsión contra periodistas en el ejercicio de sus funciones.

El flamante presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, director del diario Prensa Libre, Guatemala, expresó su “satisfacción por esta medida que representa un paso significativo contra la impunidad que rodea los crímenes contra periodistas, porque le da más garras a la Justicia apara atender en forma más directa y eficiente los delitos contra la libertad de prensa, lo que esperamos se traduzca en un mayor disuasivo para detener a los violentos”.

El pedido de la SIP, en conjunto con el Consejo de la Prensa Peruana, se remonta a la “Conferencia Hemisférica: Poder Judicial, Prensa e Impunidad” que la entidad continental organizó en 2008 en República Dominicana, considerando la necesidad de combatir la falta de esclarecimiento de varios crímenes de periodistas peruanos, entre ellos el de Alberto Rivera Fernández”, asesinado el 21 de abril del 2004.

En mayo pasado, Marroquín había encabezado una misión internacional de la institución a Perú de la que también participaron el ex presidente de la SIP, Danilo Arbilla, de Uruguay; el director ejecutivo, Julio E. Muñoz y el director de Libertad de Prensa, Ricardo Trotti.

En una conferencia de prensa conjunta entre la delegación de la SIP y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Villa Stein, el magistrado se había comprometido a concretar la creación de una jurisdicción especial para el procesamiento de los delitos severos cometidos contra periodistas en el ejercicio de sus funciones profesionales. En Perú otras violaciones graves relacionadas al terrorismo y al narcotráfico son también atendidas por juzgados especiales.

La resolución de la SIP emitida por su asamblea general, también exteriorizó a la Corte Suprema de Justicia peruana su profunda preocupación por las irregularidades en el proceso judicial contra los instigadores del asesinato de Rivera Fernández.