El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Alejandro Aguirre, insistió hoy al Poder Judicial de Perú sobre la incorporación de una jurisdicción especial para atender los asesinados contra periodistas, iniciativa que también tenía el apoyo del presidente Alan García, lo que favorecería una lucha frontal contra la impunidad.

En una carta enviada al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Villa Stein, Aguirre, subdirector de Diario Las Américas, con sede en Miami, recordó la visita de la SIP a Lima el pasado 21 de mayo en la que el magistrado se comprometió a poner a consideración del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial una iniciativa para crear una sala penal especial que trataría los crímenes contra periodistas cometidos por razones de oficio.

Esta petición fue remarcada por la SIP en conferencia de prensa en Lima la semana pasada, durante el foro “Democracia electrónica y libertad de expresión en Internet”, organizado por esta organización hemisférica y el diario peruano El Comercio.

El impulso de reformas legales para combatir la violencia y la impunidad en casos de asesinatos contra periodistas tanto en Perú, como en Brasil y México, será abordado en la próxima Asamblea General de la SIP, a celebrarse del 5 al 9 de noviembre en Mérida, México.

En la misiva al titular del Poder Judicial, Aguirre remarcó que la creación de una sala penal especial “ayudaría al esclarecimiento más expedito de los casos y así combatir la impunidad”, y solicitó a Villa Stein, información sobre avances en la iniciativa.

Villa Stein aceptó y consideró beneficiosas las recomendaciones hechas por la SIP en mayo pasado, por cuanto, dijo “este tipo de casos deben tratarse en forma especial debido a la gravedad y la pluralidad del bien jurídico afectado, que es la sociedad misma, pues ésta tiene derecho a ser informada”.

Las recomendaciones también fueron avaladas en esa fecha por el presidente García, durante una reunión con la delegación internacional de la SIP. El mandatario peruano manifestó que si la iniciativa era considerada por el Poder Judicial, su gobierno facilitaría el presupuesto adecuado para incorporar la jurisdicción especial.

En ese mismo marco, el vicepresidente del Congreso, Michael Urtecho, también se comprometió a trasladar a la Comisión de Justicia las recomendaciones de la SIP, entre ellas, la necesidad de una reforma constitucional y legal que contemple incrementar el plazo de detención en casos de delitos contra periodistas de 24 horas a 15 días; y la duplicación o triplicación de los plazos de prescripción de los delitos cometidos contra periodistas.