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Brasil
26 de julio de 2010
En Bahía red de intrigas podría estar llegando a su fin: Caso de Manoel Leal de Oliveira
Clarinha Glock, URR-Brasil


Manoel Leal de Oliveira
Director del diario A Região
Itabuna, Bahía, Brasil
Asesinado el 14 de enero de 1998

Sentencia condenatoria:
• Monzart da Costa Brasil, sentenciado el 26 de septiembre de 2003, 18 años de prisión (autor material)
Sentencias absolutorias:
• Thomaz Iracy Guedes, absuelto el 25 de septiembre de 2003 (presunto autor material)
• Marcone Sarmento, absuelto el 5 de diciembre de 2005 (presunto intermediario)

CIDH:
• 19 de mayo de 2000, caso sometido ante la CIDH.
• 24 de enero de 2003, caso admitido en la CIDH para estudio, (Caso # 12.308).
• 27 de enero de 2006, CIDH propone proceso de solución amistosa, no hubo acuerdo entre la SIP y el Estado.
• 17 de noviembre de 2006, CIDH emite informe sobre el caso con recomendaciones a cumplir por el Estado de Brasil (pide responsabilidad internacional, realizar investigación completa del asesinato, sanción de autores materiales e intelectuales; investigar irregularidades en las investigaciones oficiales, indemnización a familiares y recuperación memoria periodística, y adopción de políticas de protección al periodismo y combate a la impunidad).
• 11 de octubre de 2007, Gobierno de Brasil acepta dar inicio a cumplimiento de recomendaciones.
• 2008 – 2010, proceso de comunicación con la SIP y consulta con autoridades del estado de Bahía para dar seguimiento y cumplir recomendaciones.
• 21 de septiembre de 2009, acto público para resaltar y rendir homenaje a De Oliveira y otros nueve periodistas asesinados en Bahía en la década del 90 (entre ellos otros tres que la SIP presentó ante la CIDH).
• 7 de abril de 2010, el estado de Bahía paga indemnización, cerca de $55,000 entre cuatro familiares del periodista.

Mayo 2010, la Procuraduría General de Justicia de Bahía solicitó a la Fiscalía de Justicia de Itabuna, la reapertura de la investigación y dar con los autores intelectuales, así como investigar otros 10 asesinatos cometidos en Bahía.

La historia del asesinato de Manoel Leal de Oliveira, fundador y propietario del diario A Região, de Itabuna, Bahía, produciría una película con todas las intrigas que a menudo deleitan al público. La corrupción, el engaño, la colusión, hay un poco de todo en esta historia que comenzó mucho antes de 14 de enero 1998, cuando seis disparos le quitaron la vida al periodista.

Este sería un caso más en que sólo los sicarios son condenados, pero no los autores intelectuales, sino fuera por la persistencia del periodista Marcel Leal, que sigue el trabajo de su padre en el periódico y por la insistencia de la Unidad de Respuesta Rápida (URR) de la SIP, al demandar respuestas de las autoridades.

Actualmente se espera que la averiguación policial, que había sido archivada para investigar a los autores intelectuales del crimen, sea reabierta y que el caso sea resuelto en su totalidad.

"Los asesinos tenían tanta seguridad sobre la impunidad, que cometieron el crimen a algunos metros del Batallón de la Policía Militar y del Complejo Penitenciario, que queda en la misma calle de la casa de mi padre", contó Marcel Leal, hijo de Oliveira, en mayo de 2010 en Río de Janeiro, en el seminario “Fallas y lagunas de la Justicia: cómo evitar la impunidad de los crímenes contra la prensa, organizado por la SIP, la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji) y la Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio).

En ese encuentro, él y otros especialistas sugirieron que la averiguación y el juicio de los crímenes contra periodistas asesinados en el ejercicio de la profesión sean tratados a nivel federal, para que se evite lo que ocurrió en la investigación sobre la muerte de su padre. Y habló de los sorprendentes capítulos de esa historia.
El caso todavía estaba archivado cuando la URR empezó a investigarlo en 2000. En ese año, el periódico A Tarde, de Salvador, publicó una serie de artículos sobre los 10 periodistas que habían sido asesinados en ese período. La fiscal Cinthia Portela decidió entonces reabrir las investigaciones, ya que la averiguación había sido archivado por falta de pruebas, pese a que existían fuertes indicios que llevaban a probables culpables, con testigos que habían reconocido a los sospechosos, y, sobre todo, con información de marzo de 1998 de la Policía Federal (PF) que apuntaba a los sospechosos.

La investigación de la Policía Federal (PF), fue una respuesta a la solicitud de la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ). A pesar de reiterar que el crimen no estaba dentro de la jurisdicción del Ministerio ni de la Policía Federal, la PF presentó los nombres de Marcone Sarmento (entonces prófugo de la justicia), del policía Mozart Brasil y del informante de la policía Roque Souza, como involucrados en el crimen.

La mirada de los medios acerca de los hechos desde la reapertura de la investigación, dio a la fiscal y al juez de Itabuna un nuevo impulso para llevar a los asesinos ante la justicia. Pero incluso eso no fue suficiente para llegar hasta los instigadores del crimen.

El motivo: su alta posición. Oliveira, un polémico e inquieto periodista, decidió denunciar en su periódico que el alcalde de Itabuna, Fernando Gomes y el jefe de la Policía, Gilson Prata, estaban involucrados en irregularidades. Los dos aparecen en varios puntos de la averiguación sobre el crimen, pero nunca fueron denunciados formalmente.

Fue un proceso de investigación difícil, lleno de interrupciones, presión y concesión hecha por comisarios y por “fuerzas externas”. La URR estuvo en la ciudad de Itabuna varias veces hablando con los involucrados, presionando para que el caso no fuera olvidado, lo que significaría la total impunidad.

Dos años después de la muerte de Leal, el comisario Gilson Prata fue promovido a asesor del comisario jefe del Estado de Bahía en el área de crímenes económicos. Uno de los testigos estaba trabajando en la alcaldía. Después de nuevas amenazas de que el caso sería archivado, la fiscal finalmente denunció a los acusados, lo que dio inicio a otros capítulos curiosos de esa película.

Uno de los acusados, que había sido asesor directo de Prata, el agente de policía Mozart Brasil, fue condenado en septiembre de 2003 a 18 años de prisión en régimen cerrado. Pero obtuvo un habeas corpus en la víspera de Navidad y siguió trabajando normalmente como policía hasta hace poco tiempo.

Si la URR no hubiera cuestionado con frecuencia esa situación, denunciada por el periódico A Região, tal vez la Corregieduría de Policía (órgano que fiscaliza la policía) no lo hubiera expulsado de ese cuerpo en el 2010 y tampoco habría sido encarcelado.

Otro acusado, Marcone Sarmento, que había sido empleado de la secretaria del gobierno municipal, Maria Alice Araújo, fue absuelto por falta de pruebas en diciembre de 2005. Marcel Leal filmó cuando los jurados se congratularon con funcionarios ligados a Fernando Gomes, alcalde en la época del crimen. “De los siete jurados, seis tienen algo que ver con la alcaldía de Itabuna”, dijo.

Sin embargo, la sensación de impunidad, a pesar de los avances, seguía en el aire hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó el caso que la SIP sometió en 2000. Representantes de la CIDH y del gobierno brasileño, con la SIP como peticionaria, tuvieron más de una reunión hasta que firmaron un acuerdo amistoso.

Como parte del acuerdo, en septiembre de 2009 el gobierno del estado de Bahía hizo un homenaje público a Manoel Leal de Oliveira en un encuentro para celebrar el Día del periodista radial en Salvador, capital del estado. En el encuentro, el gobierno también recordó los otros nueve comunicadores asesinados en el ejercicio de la profesión en la década de 90 en Bahía y reconoció la responsabilidad del gobierno que no garantizó la libertad de prensa de estos profesionales.

Otro punto del acuerdo se cumplió en abril de 2010, cuando el gobierno brasileño pagó una indemnización a los familiares de Oliveira. Y, por fin, en mayo de 2010, la fiscal Livia Maria Santana e Sant’Anna Vaz, de la 11ª Fiscalía de Justicia de Itabuna, recibió una solicitación de la Procuraduría-General de la Justicia del Estado da Bahía para que retomase la investigación y llegase a los autores intelectuales del asesinato del periodista.

Incansable en la denuncia de impunidad del crimen que acabó con la vida de su padre, Marcel Leal parecía no creer que el trabajo de la URR y su propia insistencia tuvieran resultado y cree que “solo cuando los autores intelectuales del crimen estén encarcelados”, puede dar por concluido el caso. Mientras tanto, defiende la posición de la SIP de que la investigación de los crímenes contra periodistas en ejercicio profesional, se dé a nivel federal para evitar presiones como las que hubo en el caso de su padre.

El deseo de Marcel Leal podría transformarse pronto en una realidad, si el Congreso de Brasil aprueba el Proyecto de Enmienda a la Constitución (PEC), presentada por el senador Roberto Cavalcanti a partir de las conclusiones del evento organizado por la SIP/Abraji/PUC-Rio en mayo, en Río de Janeiro. La iniciativa, PEC nº 15, aguarda la opinión del relator de la Comisión de Constitución y Justicia.

Ya en diciembre de 2004 una reforma constitucional autoriza al poder federal a absorber casos de crímenes contra los derechos humanos (entre ellos se interpreta los cometidos contra la libertad de expresión y a libertad de prensa); sin embargo, la enmienda propuesta de Cavalcanti se expresa sobre casos de crímenes contra periodistas, pidiendo que las jurisdicciones estatal y federal, coordinen las investigaciones.

De manera simbólica el caso de Oliveira cerró un ciclo de asesinatos en Bahía, y va a quedar como un hito histórico en la lucha contra la impunidad cuando los autores intelectuales hayan sido juzgados y condenados.



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