La SIP pidió al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, apoyar una reforma constitucional promovida por un senador brasileño que pretende la atracción automática al fuero federal de los crímenes contra periodistas y otros delitos contra la libertad de prensa.

La iniciativa de enmienda del senador por el estado de Paraíba, Roberto Cavalcanti, del Partido Republicano Brasileiro (PRB), se basa en las propuestas y conclusiones discutidas en el foro “Fallas y lagunas de la Justicia: cómo evitar la impunidad de los crímenes contra la prensa”, que la SIP organizó a mediados de mayo en Río de Janeiro, junto a la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji) y la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Río).

La SIP viene solicitando medidas similares en México sobre federalización, así como la creación de una jurisdicción especial en Perú para el procesamiento de casos de asesinatos contra periodistas como represalia de su labor profesional, aspecto que ya ha sido respaldado por el Poder Judicial de ese país.

Entre otras conclusiones del foro, enviadas esta semana al presidente Lula da Silva, así como a miembros de los poderes Judicial y Legislativo de Brasil, se hacen las siguientes recomendaciones al gobierno brasileño:

• Que se traslade automáticamente la competencia de los delitos contra la vida y la integridad física de los periodistas en razón del ejercicio de la función a la Justicia Federal y que, por ley, estos delitos tengan prioridad para el enjuiciamiento;
• Que, desde ahora, la Policía Federal y demás órganos integrantes de la SINASP (Secretaría Nacional de Seguridad Pública) colaboren en las investigaciones, aunque el proceso esté tramitado por la Justicia Estatal;
• Que en caso de delitos contra la vida y la integridad física de los periodistas en razón de su profesión, se constituyan fuerzas de tareas o se designen grupos de miembros del Ministerio Público específicos para cada caso, reforzando la estructura de la Policía Federal y/o del Ministerio Público, inclusive, con personal de otras localidades;
• Que los periodistas amenazados sean incluidos en el Programa de Protección de Defensores de los Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República;
• Que se cree un fondo de asistencia judicial para auxiliar en la defensa de los periodistas procesados y amenazados o de sus familias (en casos de homicidios), que será costeado voluntariamente por los profesionales de prensa.
• Que se revise el sistema de beneficios penales que ha permitido la reducción de penas y la fuga de procesados por crímenes contra periodistas.