La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admitió su competencia para conocer un reclamo por presunta violación al derecho a la vida, derecho a la libertad de pensamiento y expresión, garantías judiciales y de protección judicial, que fuera presentado por familiares de ocho periodistas asesinados el 26 de enero de 1983 en Perú.
El reclamo está dirigido contra la República de Perú por violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto responsabiliza al gobierno por la supuesta participación de militares en la muerte de los periodistas Jorge Sedano Falcón, Jorge Luis Mendivil Trelles, Willy Retto Torres, Pedro Sánchez Gavidia, Eduardo de la Piniela Palao, Amador García Yanque, Félix Gavilán Huamán y Octavio Infante García, asesinados junto al guía Juan Argumedo García en la comunidad de Uchuraccay, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho.
Al darle admisibilidad al caso, la CIDH consideró que al haber transcurrido más de 27 años de la muerte sin que haya culminado el proceso penal respectivo, “es suficiente para concluir que ha habido retraso injustificado en los términos de la Convención Americana”.
Los reporteros y el guía viajaban en esa fecha hacia Haychao, para realizar una investigación periodística que presuntamente comprometía a la Marina de Guerra del Perú en eliminaciones forzadas contra campesinos.