Editorial

¿Qué tiene que pasar para que la administración de justicia en el Perú actúe de forma correcta e imparcial y castigue a los responsables intelectuales del cobarde asesinato del periodista Alberto Rivera? ¿Hasta cuándo tendrán sus deudos que esperar que se haga justicia en un caso en el que las evidencias contundentes sobran?

Esta vez no se trata de la declaración de algún testigo, sino de la denuncia de un miembro de la propia sala que absolvió al ex alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez: el vocal superior Malzon Urbina La Torre ha acusado al presidente de la sala, Jorge Aguinaga Moreno, no solo de tratar de convencerlo para absolver a Valdez, sino también de otras maniobras venales como redactar a solas la sentencia y de ocultar el expediente.

Las irregularidades en este juicio tan fraudulento no terminan aquí. Además de ello, Urbina ha denunciado que ha recibido continuas amenazas contra su vida, las que provendrían del mismo Aguinaga.

¿A qué niveles estamos llegando? El asunto es tan grave que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) ha iniciado una investigación preliminar, que tiene que llegar a deslindar responsabilidades y proponer sanciones ejemplares para quienes se coluden tan aviesamente con alguna de las partes y pisotean de un modo tan doloso la Constitución, el orden legal y los derechos humanos.

Ahora se entiende, como lo han señalado los abogados de la parte agraviada y el Consejo de la Prensa Peruana, por qué en lugar de valorar las pruebas, como correspondía en mérito al debido proceso, la Tercera Sala Penal con Reos Libres se dedicó sospechosamente a descalificarlas como “insuficientes” y “contradictorias”.

A todas luces, esto resultaba ilógico, pues en todo lo largo del proceso quedó demostrado que Valdez era el único con un móvil para asesinar a Rivera, periodista que tuvo la valentía de denunciar sus presuntos vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos. Luego, hubo sicarios y dos trabajadores de la Municipalidad de Coronel Portillo que declararon inicialmente que el ex alcalde los había contratado, y que posteriormente fueron objeto de amenazas para desdecirse.

En este sombrío contexto, el vergonzoso fallo absolutorio de la sala presidida por el vocal Aguinaga ha sido apelado ante la Corte Suprema, que, en mérito a las gruesas irregularidades, debe desestimar lo actuado y revisar la sentencia, en un caso de asesinato en el que, además, está de por medio el respeto a la libertad de prensa, inherente a todos los ciudadanos.

Recordemos que en el Estado de derecho, la labor de la prensa, en este caso a través de periodistas como Rivera, es simplemente la extensión y materialización del derecho ciudadano a informarse y ser informado, que no puede restringirse so riesgo de afectar seriamente el sistema democrático.

El Poder Judicial, que pertenece a todos los peruanos, tiene aún oportunidad de reivindicarse y poner fin a la impunidad en este caso tan emblemático para la libertad de expresión, que será evaluado in situ estos días por la comisión especial de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).