Río de Janeiro (19 de mayo de 2010).- Expertos jurídicos y en derechos humanos coincidieron ayer en un foro organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en esta ciudad, a que se profundicen las medidas para investigar y castigar a los culpables de crímenes contra periodistas, sugiriendo la atracción automática de esos casos a la jurisdicción federal.

Al inaugurar el foro “Fallas y lagunas de la Justicia: cómo evitar la impunidad de los crímenes contra la prensa”, Sidnei Basile, de Grupo Abril de São Paulo y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, reconoció a Brasil como uno de los países con mayor progreso en las Américas respecto al encarcelamiento de responsables de asesinatos de periodistas.

Angelina Nunes y Marcelo Moreira, directivos de la Asociación Brasilera de Periodistas Investigativos (Abraji), resaltaron que la impunidad en esos crímenes disminuyó en parte por la movilización de entidades periodísticas. Como ejemplo, mencionaron el asesinato en 2002 de Tim Lopes de TV Globo y la tortura de un equipo de comunicadores del diario O Dia en 2008, casos que fueron ampliamente divulgados y cuyos procesos culminaron en la condena de los responsables.

Sobre la federalización, en el foro realizado en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Río), se coincidió en la necesidad de un proyecto de ley que obligue la atracción automática al fuero federal de los crímenes contra periodistas, así como todos los casos de ejercicio periodístico. Actualmente la decisión solo cabe al procurador general de la República, según la reforma constitucional de 2004 en materia de derechos humanos.

Janice Ascari, procuradora regional de la república, expresó que la federalización debe materializarse mediante un trabajo conjunto entre policías y ministerios públicos estatales y federales. Agregó que a través de un proyecto de ley en la Procuraduría General se debería instituir un grupo de fiscales para investigar todos los crímenes contra periodistas en ciudades pequeñas, donde existe mayor presión para la justicia local.

Ascari promovió un fondo de asistencia judicial para los casos de periodistas amenazados y familiares de periodistas asesinados. En ese sentido, dio como ejemplo un fondo especial que aporta la Asociación Nacional de Procuradores de la República para Defensa legal de sus miembros.

Por su parte, Fernando Matos, director del Departamento de Defensa de los Derechos Humanos de la Presidencia, dijo que los periodistas agredidos o violentados pueden beneficiarse del Programa de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, al considerar que la libertad de expresión es un derecho fundamental.

Viviane Tavares Henriques, fiscal de Justicia de Río de Janeiro, quien fuera encargada de la investigación y la condena de los culpables del asesinato de Tim Lopes, criticó el sistema discrecional de beneficios penales, aduciendo que fomenta la impunidad. “Antiguamente se exigía un examen criminológico para reducir penas, y ahora basta que (el convicto) cumpla una parte de la pena y reciba del director del presidio una declaración de buen comportamiento”.

Explicó Henriques que, de esa forma, uno de los condenados por el caso Lopes fue beneficiado con un régimen semi abierto, lo que aprovechó luego para fugarse.

La parte más emotiva del foro la aportó Marcel Leal, periodista e hijo de Manoel Leal de Oliveira, comunicador asesinado en Bahía en 1998. Leal enumeró las irregularidades en el proceso de su padre y se mostró esperanzado por la reapertura de las investigaciones sobre la autoría intelectual del crimen, conforme el compromiso del gobierno de ese estado con la SIP y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la SIP, luego de explicar los diferentes cambios legales que se han logrado en otros países, dijo que los gobiernos “tienen el deber de ser creativos a la hora de promover legislaciones que ayuden a fortalecer la libertad de prensa y combatir la impunidad”. Haciendo un paralelo con el año en que fue muerto Lopes, coincidente con la fecha en que fue asesinado el periodista estadounidense Daniel Pearl en Paquistán, resaltó como positivo que la administración de Barack Obama haya dictado esta semana una ley de libertad de prensa, que obliga al Departamento de Estado a mencionar en sus informes anuales sobre derechos humanos el estado de la libertad de prensa en cada el país analizado.

Finalmente, el periodista Guillermo Planel presentó un video realizado para la SIP bajo el título “Periodismo de Riesgo en Río”. También participaron como expositores Leonel Aguiar, catedrático de Periodismo de la PUC-Río y Clarinha Glock, periodista investigativa de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en Brasil.