La SIP exhortó al presidente de Honduras, Porfirio Lobo, de visita en Miami, a considerar cinco recomendaciones concretas para la adopción de “nuevos instrumentos legales y jurídicos” que permitirían mayor eficacia para combatir la ola de crímenes contra los periodistas.

Entre las sugerencias que entregó el titular de la SIP, Alejandro Aguirre, al presidente Lobo en una reunión sostenida el 27 de abril en Miami, se expresa la necesidad de adoptar mecanismos internacionales similares a los que adoptó el estado guatemalteco en acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, que permitieron el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El presidente Lobo agradeció y se comprometió a considerar las recomendaciones de la SIP, al tiempo que puso énfasis “que mi gobierno es respetuoso de los derechos humanos y estamos preocupados por la violencia derivada del crimen organizado que afecta a los periodistas y todos los ciudadanos de Honduras”.

Lobo recordó que ha solicitado asistencia a otros países como Colombia, Estados Unidos y España, para investigar los crímenes en contra de los periodistas y expresó que dejaba un “espacio abierto” para continuar el diálogo con la SIP. “Necesitamos su ayuda y estoy agradecido de que tengamos su apoyo”, dijo Lobo al finalizar la reunión en la que también participaron los ministros de Comunicación y Estrategia, Miguel Angel Bonilla, y de Obras Públicas y Transporte, Miguel Pastor, y Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la SIP.

Las recomendaciones de la SIP surgen a raíz de la preocupación de la institución por seis asesinatos contra periodistas cometidos este año y tres ocurridos en 2009, sobre los cuales las autoridades hondureñas no han podido determinar móviles ni señalar responsables. Las sugerencias están ambientadas también en el pedido de asistencia que el presidente Lobo hizo a la comunidad internacional sobre el tema.

En la carta, Aguirre, del Diario Las Américas, con sede en Miami, expresa que “nuestras recomendaciones no están motivadas en la búsqueda de una protección especial para periodistas, sino en el ánimo de blindar la libertad de expresión, en el entendimiento de que cuando se asesina a un periodista en represalia a su labor profesional, no solo se conculca el derecho a la vida sino el derecho de todo ciudadano a recibir libremente la información”.

Las recomendaciones son:

1) Establecer criterios ya probados a nivel de sistema de veeduría internacional con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas, similar a lo establecido por el gobierno de Guatemala con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organización que tiene como objetivo “prestar asistencia técnica a las instituciones del sector justicia, a fin de dejar al Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en mejores condiciones para luchar contra la delincuencia organizada”.

2) Crear - no obstante este tipo de cooperación internacional la que también debe ser solicitada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - fiscalías especiales dentro del Ministerio Público para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión en el marco de la procuración de los derechos humanos.

3) Instar reformas legales y jurídicas que permitan la creación de una jurisdicción especial que atienda aquellos delitos que son cometidos contra toda persona en el ejercicio de su libertad de expresión y la libertad de prensa.

4) Inducir a la búsqueda de reformas al Código Penal para que se agraven los delitos cometidos contra la libertad de expresión, como método eficiente de disuasión contra los violentos.

5) Exhortar a través suyo y por los mecanismos correspondientes a que el Poder Judicial de Honduras considere la Declaración de Principios de la Conferencia Hemisférica: Poder Judicial, Prensa e Impunidad, del 20 de julio de 2007, que contó con más de 20 presidentes de poderes judiciales de las Américas, durante la que se estableció “generar espacios para discutir, con especialistas e integrantes de la sociedad, la posibilidad de motivar reformas legales que permitan con mayor eficacia someter a juicio y sentenciar a los responsables de atentar contra la libertad de expresión”, así como “recomendar la implementación del nuevo modelo procesal penal” y “alentar a los poderes del Estado de los diferentes países y en sus distintos niveles, el uso de los instrumentos internacionales e interamericanos que otorgan herramientas conceptuales y normativas para sancionar con eficacia a quienes atentan contra la libertad de expresión y la obstrucción de la justicia, sin perjuicio de la independencia de los jueces”.

Por último, Aguirre señaló la importancia de la resolución adoptada por la Organización de Estados Americanos el 2 de junio de 1998, que establece “instar a los Estados miembros a que profundicen las medidas necesarias para que se investigue y se sancione, de conformidad con su legislación interna, los atentados contra el ejercicio de la libertad de expresión y crímenes contra periodistas”; así como la necesidad de que estos crímenes sean “investigados con prontitud y sancionados con severidad” como lo establece el artículo 4 de la Declaración de Chapultepec, documento que honrosamente cuenta con su firma y compromiso.