La SIP expresó su beneplácito ante el gobierno del estado brasileño de Bahía, por aprobar una indemnización económica para los familiares del periodista Manoel Leal de Oliveira, director y fundador del diario A Região, asesinado en 1998, acatando así recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, expresó su satisfacción al gobernador de Bahia, Jaques Wagner, por la sanción, el 13 de enero de ese año, de la Ley nº 11.637 que prevé una indemnización a los hijos y a la viuda de Oliveira. “Ese es un paso más para garantizar que los crímenes contra Oliveira y los otro nueve periodistas asesinados en Bahia en la década de 90 no queden impunes; y con la esperanza de que los asesinatos sean cosa del pasado”.

Hace 12 años, cerca de las 8 de la mañana del 14 de enero de 1998, Oliveira fue asesinado frente a su casa. Más de una década después, los autores intelectuales del crimen siguen impunes, pero por primera vez en la historia de Brasil un gobierno estatal asumió públicamente su responsabilidad por no haber garantizado la libertad de prensa y está cumpliendo las recomendaciones de la CIDH para asegurar que el hecho no se repita.

Según las determinaciones de la CIDH firmadas en un acuerdo con el gobierno de Brasil en la que la SIP actuó como entidad peticionaria, cabe ahora al gobierno brasilero retomar las investigaciones para que los autores intelectuales del crimen sean finalmente identificados y condenados por el crimen. También como parte del acuerdo, fue realizada el 21 de septiembre, en Salvador, capital de Bahia, una ceremonia oficial en la cual el gobierno reconoció ante la familia de Manoel leal de Oliveira su responsabilidad por la falta de justicia en el caso, así como en el de otros nueve asesinatos cometidos en esa región.

El caso fue presentado por la SIP ante la CIDH el 19 de mayo de 2000, solicitándose su intervención ante el atraso en la administración de justicia.

Desde 1997, y como parte del Proyecto Contra la Impunidad, que cuenta con el apoyo de la Fundación Johns S. y James L. Knight, la SIP envió a la CIDH investigaciones sobre 24 crímenes sin castigo contra periodistas en Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, México y Paraguay. Con la mediación de la CIDH se lograron avances con los gobiernos de Brasil, Colombia, Guatemala y México.


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