Son 11 los comunicadores desaparecidos en México desde 1995. Son once investigaciones de las que nada se sabe, en las que no hay respuestas. Son también 11 familias que han seguido una doble ruta de dolor. El secuestro de profesionales de la prensa se ha incrementado en el país desde 2005.
Sólo en estos últimos cuatro años, 10 periodistas fueron secuestrados, probablemente por motivo de su trabajo profesional. No se tiene más información oficial.

Ante la desaparición de los comunicadores, en todos los casos, sus familias han iniciado un amargo recorrido. Primero buscarlo sin encontrarlo. Recurrir a su trabajo, a las autoridades, a los compañeros, a la paciencia y hacerse fuerte en la esperanza. Pero acaban sin respuestas, con miedo y con más dolor.

En la mayoría de los casos, esas familias perdieron el mayor apoyo económico que representaba el trabajo del periodista y entonces hay que trabajar más, cambiar la organización familiar. Eso le ocurrió a Soraida Roque, quien fuera pareja de Rafael Ortiz Martínez –desaparecido el 8 de julio de 2006--, y que tienen un hijo por mantener.

Soraida ya trabajaba cuando desapareció Rafael, pero el reportero que entonces laboraba para el periódico y radio de Zócalo en la ciudad de Monclova, Coahuila, aportaba más de la mitad de los ingresos. Cuando Rafael desapareció ya no hubo más de sus quincenas por cobrar ni servicios médicos que utilizar.

En ocasiones, los medios de comunicación por un tiempo apoyan económicamente a las familias de sus reporteros desaparecidos. En muchos otros casos al ser corresponsales o freelancer el apoyo financiero nunca llega.

Corre el tiempo

Cuando ha pasado un año o quizá dos, sin pistas ni hallazgos, sin alguna idea sobre si el periodista está vivo y dónde, lo único que se mantiene es la esperanza de que aparecerá. Pero legalmente la condición del reportero está en el limbo y, en consecuencia, sus hijos no pueden recibir los beneficios sociales, como la pensión o el fondo de vivienda ahorrado en los años de trabajo, tampoco el seguro de vida. Sólo se puede esperar, según las leyes.

Muchas de las familias de los comunicadores desaparecidos viven una situación económica difícil y hasta angustiante. Después de algunos años, sin quererlo, necesitan renunciar legalmente a la esperanza y demostrar en los tribunales, como primer paso, que el periodista está desaparecido y por tanto en “ausencia”. Es un poco ceder en el anhelo de volverlo a ver.

El Código Civil del estado de Coahuila, donde fue secuestrado Rafael Ortiz, sostiene en el artículo 109 que “cuando una persona, sin dejar apoderado ha desaparecido por mas de un año tanto de su domicilio, cuanto, en su caso, de su residencia, se carezca de noticias de ella y se ignore su paradero, a petición de cualquier interesado o del ministerio publico, se abrirá el procedimiento de ausencia conforme a las prescripciones de este capítulo”.

Así comienza la doble ruta de dolor. En el caso de Soraida ha sido larga. Después de dos años, trató de informarse, solicitó asesoría al gobierno del estado y después de varios meses le recomendaron que contratara unos abogados. Así lo hizo, pero sólo pudo pagarles un adelanto y ni siquiera concluyó el trámite.

El mismo Código Civil señala que el juez abrirá el procedimiento y pedirá el testimonio de dos personas que acrediten que la persona ha desaparecido. Se valoran las pruebas y el juez emite su sentencia en el que declara “la ausencia” del comunicador, se nombra al administrador de sus bienes y para que surta efectos se debe publicar esa sentencia tres veces de siete en siete días, en uno de los diarios de mayor circulación de la Ciudad de México, de Saltillo, de la ciudad Monclova (donde desapareció) y se remitirá copia a los cónsules mexicanos en aquellos lugares del extranjero que pudiera encontrarse el periodista, en este caso podría ser Estados Unidos, siendo Coahuila un estado fronterizo.

La publicación de la sentencia las debe pagar la familia. En el caso de Coahuila un cuarto de plana en Saltillo saldría aproximadamente 500 dólares, en el Distrito Federal la cifra se triplica o más, y en Monclova alrededor de 300 dólares. Lo que se traduce en una cuenta aproximada de 7 u 8 mil dólares, además del envío a los cónsules.

Soraida Roque, quien no ha podido terminar de hacer las publicaciones y ya está endeudada. Lo mismo ocurre con otras familias en Michoacán, en Tabasco o Guerrero, donde sólo les queda esperar entre la existencia e inexistencia, en una laguna legal.

La muerte

Al paso de algunos años, todavía sin respuestas, todavía sin señales las familias de los comunicadores desaparecidos deben hacer lo más difícil: declararlo legalmente muerto. Sólo así podrán cobrar una pensión, el fondo para la vivienda, los servicios médicos para los hijos, poner en reglas las propiedades o acceder al testamento y, quizá, alguna gratificación por parte de sus medio informativo para el que trabajaban, como reconocimiento a su trabajo y porque desaparecieron haciéndolo.

El Código Civil de Coahuila señala en el artículo 134 que “pasados tres años de la declaración de ausencia, el juez, a petición de parte interesada o del ministerio publico, y siempre que no hubiere noticias del ausente u oposición fundada de algún interesado, declarara en forma la presunción de muerte”.

Son muy similares los códigos civiles en los estados de Tabasco, Michoacán, Sonora y Nuevo León, sólo en algunos con procedimientos más largos, pero con una ruta similar.
Tienen así que velarlo sin cuerpo, de enterrarlo sin cavar una tumba. Tienen que aceptar la muerte sin tener la certeza de que murió, ni saber las razones de perderlo.

“Es como sentir que murió dos veces y como traicionarlo”, dice una de las esposas de un reportero desaparecido hace más de dos años.