México, D.F.- La delincuencia organizada se ha convertido en el principal sector del que provienen actualmente las agresiones más violentas en contra de los periodistas que cubren este tipo de delitos.
Por este motivo, de acuerdo con el fiscal especial para la Atención de Delitos cometidos contra periodistas, Octavio Orellana, el asesinato, el secuestro, la intimidación y amenazas a los comunicadores hacen necesario redoblar los esfuerzos en la investigación y esclarecimiento de esos hechos ilícitos, así como en las medidas de prevención y protección necesarias.
Durante su participación en el Foro Nacional sobre Libertad de Expresión y Prensa, el primer vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Alejandro Aguirre, dijo que antes Colombia encabezaba la lista de periodistas asesinados en Latinoamérica y ahora ese sitio lo ocupa México.
En otro punto, el fiscal Octavio Orellana también destacó el hecho de que la mayoría de los Estados no han promovido reformas en su legislación para despenalizar los tipos de difamación y calumnias que pueden ser empleados para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información de periodistas.
La mayoría de los Estados, agregó fiscal especial para la Atención de Delitos cometidos contra periodistas, no han optado por dirimir los posibles abusos de ataques a la vida privada, el honor o el derecho a la propia imagen, por la vía civil.
Sergio García Ramírez, ex presidente y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó que este organismo ha sostenido que son válidas las sanciones penales contra periodistas en casos de extrema gravedad. Aunque, destacó, él no comparte dicho criterio.
El abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, consideró que la vía para sancionar los excesos de los periodistas no es la penal sino la civil, pero con ciertas restricciones para que no se les exijan montos económicos exagerados.