Mientras la influenza ocupaba nuestra atención, el crimen organizado ha seguido con su rutina: un promedio de 17 asesinatos diarios en las últimas dos semanas. Usted se entera de este tipo de datos todos los días, pero por cada nota informada hay otras que no ven la luz debido a que los periodistas encargados de reportarlo están amenazados de muerte. ¿Qué hemos hecho para protegerlos? Hasta ahora, nada que funcione.

La vulnerabilidad de la prensa viene de cuando los gobiernos autoritarios del PRI ejercían con eficacia la censura. Poco a poco avanzó la libertad de expresión, pero algunos espacios quedaron rezagados: la crítica a autoridades locales y caciques regionales, la investigación sobre los poderes fácticos legales y el seguimiento al crimen organizado.

Las leyes e instituciones creadas en respuesta a la inseguridad que padece el sector no están diseñadas para prevenir asesinatos, secuestros e intimidaciones, sino para perseguir los delitos ya cometidos. Con un índice de impunidad superior a 95%, la "federalización" de los crímenes contra informadores y la creación de comisiones o fiscalías para combatirlos no inhiben a los agresores. En todo caso, esas instituciones carecen de la credibilidad necesaria para funcionar.

El éxito en la lucha contra la delincuencia organizada depende, y mucho, del periodismo. A través de él los criminales son señalados y aislados del resto de la sociedad. El propio gobierno lo ha dicho: la delincuencia organizada necesita de cobijo social para operar. Pero no se puede pedir a los medios de comunicación que, con sus propios recursos, se protejan de todas las balas mientras alertan a la ciudadanía.

Como tanto han insistido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA, los comunicadores son esenciales para que las propias autoridades puedan actuar contra la delincuencia y conocer los actos de corrupción. Proteger al periodista beneficia al país en su conjunto.

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