Fiscales, juristas y periodistas coincidieron hoy en la necesidad que se restrinjan las rebajas de penas en los casos de crímenes contra periodistas para evitar la “impunidad relativa”, durante un foro organizado en esta capital por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación Nacional de Diarios de Colombia (ANDIARIOS) y la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

En la inauguración del evento, el presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, dijo que “entre jueces y periodistas, entendemos que la violencia, la impunidad y la falta de una justicia eficiente, contradicen el estado de derecho y el bien común”.

La jornada de capacitación “Delitos y Crímenes Contra Periodistas”, que reunió a 126 fiscales, jueces e investigadores, se ofreció en Bogotá, reproduciéndose por videoconferencia en Pereira, Medellín, Cali, Barranquilla, Sincelejo, Bucaramanga, Cúcuta y Montería. El foro se originó en seguimiento a la Conferencia Hemisférica sobre Justicia, Prensa e Impunidad convocada por la SIP en República Dominicana en julio de 2007, con la participación de 24 presidentes de Cortes Suprema del continente americano.

Santos Calderón agregó que la SIP y ANDIARIOS se abocaron a generar un estudio sobre el periodista Orlando Sierra - el asesino material recibió una condena de casi 20 años pero fue liberado en menos de cinco – lo que determinó recomendaciones a los poderes Legislativo y Judicial sobre “beneficios penales e inconsistencias en el principio de favorabilidad que beneficia a muchos criminales”.

Por su parte, el vice fiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, expresó que “se requieren ajustes a la ‘justicia premial’ para que se restrinjan las rebajas de penas y se haga obligatoria la imposición de penas mínimas”. Agregó que “se necesita que los jueces tengan en claro la importancia de la víctima en relación con el oficio que desempeña para la sociedad en el momento de imponer la pena, pues de la represión penal surge la verdadera prevención de nuevos homicidios”.

En ese sentido, el debate se centró en la necesidad de entender que el asesinato de periodistas tiene un agravante social, por cuanto su eliminación afecta el derecho del público a saber. Este principio fue atraído durante la conferencia magistral ofrecida por el jurista Asdrúbal Aguiar, quien se refirió a los estándares interamericanos aplicados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Aguiar indicó que “la agravación en las penas por homicidio o por violación del derecho a la integridad personal de los periodistas, no solo es razonable y necesaria, tanto que no compromete el principio de la igualdad ciudadana ante la ley, ya que lo que se busca no es la protección especial de estos profesionales como tales, sino que, intenta proteger la función constitucional que cumple la prensa y la libertad de expresión en una sociedad democrática. De modo que, cuando media un crimen para acallar la voz de la prensa, se atenta contra la columna vertebral de la experiencia democrática, sin la cual ceden todos los derechos humanos y sus garantías”.

El presidente de la SIP, Santos Calderón aprovechó el foro para resaltar que en Colombia se han logrado imponer 20 condenas contra criminales de periodistas y que se han esclarecido varios asesinatos mediante las declaraciones de los paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz, gracias a una solicitud expresa de la SIP hizo hace dos años al fiscal general, Mario Iguarán.

Santos Calderón, llamó la atención sobre un gran número de procesos que se encuentran en la impunidad en unos 57 homicidios cometidos contra periodistas por razones de oficio en los últimos 15 años, y en la “impunidad relativa” existente en la mayoría de los casos, al considerar que son escasas las sentencias contra los autores intelectuales.

En lo que generó un rico debate entre los asistentes, el estudio sobre el caso de Orlando Sierra fue expuesto por los abogados Rodrigo Uprinmy y Guillermo Puyana, quienes hicieron recomendaciones sobre reformas de política pública, entre las se cuentan: Que los beneficios penales no se otorguen en forma mecánica; que se superen inconsistencias sobre el principio de favorabilidad que beneficia a muchos criminales, excluyéndose la práctica de conceder reducciones generales de pena; que se prevean penas mínimas que deben ser cumplidas cualquiera que sea la cantidad de beneficios concedidos; que se regulen en forma más apropiada las condiciones para el otorgamiento de la libertad provisional y de la redención de pena por trabajo o estudio; que se condicionen los beneficios penales a la colaboración efectiva de parte de los criminales para que se esclarezca el hecho en forma total, incluyendo la identificación de los autores intelectuales y que se amplíe la posibilidad de la representación de las víctimas a las organizaciones de libertad de prensa y de derechos humanos.

Por último, en mensaje enviado a la conferencia, el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, recordó que el 20 de enero pasado divulgó entre todos los fiscales colombianos el estudio de la SIP y ANDIARIOS “con ánimo constructivo y convencido de la importancia de capitalizar esas reflexiones académicas en procura de optimizar la labor fiscalizadora”.

Al final de la conferencia, SIP y ANDIARIOS ratificaron su posición expresada en el foro nacional sobre Justicia, Prensa e Impunidad que realizaron en setiembre de 2008 en esta capital, sobre que continuarán ofreciendo foros de capacitación recíproca entre jueces, fiscales y periodistas.

El Proyecto Contra la Impunidad de la SIP cuenta con el generoso apoyo de la Fundación Johns S. y James L. Knight.