Con un llamado al gobierno de México para que la lucha contra el narcotráfico se haga dentro de un marco de apertura y transparencia informativa y respeto por la actividad periodística, concluyó en esta ciudad la conferencia “Prensa, Estado y crimen organizado”, convocada por la Sociedad Interamericana de Prensa.

El evento, que contó con tres conferencias magistrales por parte del ex presidente de Colombia, César Gaviria; el director general de la Policía colombiana, Oscar Naranjo y el presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, del diario colombiano El Tiempo, tuvo como propósito principal intercambiar experiencias entre funcionarios y editores y directores de medios de ambos países sobre el combate al crimen organizado y la violencia.

Entre 50 directores de medios del interior del país, también hubo un espacio para la autocrítica y la búsqueda de elementos que permitan mayor calidad informativa y mejorar los criterios editoriales para informar sin caer en la propagación de la violencia o la propaganda del crimen organizado.

El titular de la Comisión Contra la Impunidad de la SIP, Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente del diario mexicano El Universal, puso énfasis en la importancia de las conclusiones de la reunión, las que también impulsan al gobierno nacional a buscar políticas integrales para combatir la violencia contra la prensa. Entre ellas, se destacó la necesidad de federalizar los crímenes contra periodistas, aspecto que la SIP viene reclamando en México desde hace más de una década.

A continuación:

Conclusiones de la Conferencia
PERIODISMO, ESTADO Y CRIMEN ORGANIZADO:
Las experiencias de Colombia y México
Sociedad Interamericana de Prensa
24 de abril de 2009
México DF, México

Considerando que la Sociedad Interamericana de Prensa convocó a funcionarios del área de Seguridad de los gobiernos de México y Colombia; líderes de opinión, editores y directores de medios de comunicación, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre métodos eficaces que puede utilizar el Estado para combatir la violencia generada por el crimen organizado, así como el periodismo brindar una cobertura adecuada y segura para satisfacer el derecho del público a la información;

Considerando que la falta de justicia para castigar la violencia contra la prensa crea un círculo vicioso en el que se desarrollan la impunidad y la autocensura, coartándose severamente la libertad de expresión y de prensa, según lo fundamenta la Declaración de Chapultepec;

Considerando que la Declaración de México del 27 de junio de 2008 redactada por los editores mexicanos solicita al Congreso de la Unión mayor voluntad política para crear instrumentos legales y fortalecer los ya existentes a fin de potenciar el combate a la impunidad;

Considerando que las Conclusiones de Nuevo Laredo del 27 de enero de 2006 destacan la necesidad de crear mecanismos de comunicación y solidaridad orientados a elevar la seguridad personal y profesional del gremio;

Considerando que la Declaración de Hermosillo del 30 de agosto de 2005 promueve la federalización de los crímenes contra periodistas, la no prescripción de los mismos y el agravamiento de las penas en este tipo de delitos;

Considerando que la Declaración de Principios de la Conferencia Hemisférica: Poder Judicial, Prensa, Impunidad del 20 de julio de 2007 alienta a los estados al uso de las herramientas conceptuales y normativas internacionales para sancionar con eficacia a quienes atentan contra la libertad de expresión y la obstrucción de la justicia;

Considerando que los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y México, involucrados en esta lucha contra el narcotráfico, firmaron varias declaraciones específicas en materia de libertad de expresión, como las resoluciones 120 de la UNESCO del 12 de noviembre de 1997; de la Organización de los Estados Americanos del 2 de junio de 1998; de la del Consejo de Seguridad de la ONU del 23 de diciembre de 2006 y de la Declaración de Medellín de la UNESCO del 4 de mayo de 2007;

Considerando que esas resoluciones resaltan la adopción de reformas legales que permitan combatir la impunidad de los crímenes contra periodistas y la creación de mecanismos de seguridad para la protección de la actividad periodística;

Los convocados a esta Conferencia, coinciden en:

+ Instar a los gobiernos para que la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico se realice bajo estrictas normas de transparencia y apertura informativa, permitiendo el normal desarrollo de la actividad periodística.

+ Crear conciencia en todos funcionarios de las distintas ramas del poder público sobre la necesidad de reconocer que la libertad de expresión y de prensa son garantías fundamentales de las sociedades democráticas.

+ Sensibilizar a las autoridades mexicanas para que adopten medidas de protección, seguridad y las reformas legales que blinden la cobertura periodística que han resultado eficaces en la lucha contra el crimen organizado en otros países, considerando, además, que la mejor forma de reducir los riesgos es aumentando la fortaleza de las instituciones democráticas.

+ Demandar al Estado para que fortalezca su defensa de la actividad periodística persiguiendo con todo el peso de la ley y la justicia a los agresores de periodistas, tanto materiales e intelectuales, resolviendo numerosos casos pendientes que permanecen impunes, de lo contrario, se genera más violencia.

+ Instar a las diferentes ramas del gobierno mexicano a demostrar mayor voluntad para procurar una política integral sobre federalización de crímenes contra periodistas, entre ellas logrando una efectiva reforma Constitucional específica para que la Federación pueda atraer crímenes contra periodistas y modificar la estructura de la Fiscalía Especial Contra Delitos Contra Periodistas, para que tenga la potestad real de poder absorber esos crímenes, investigándolos hasta sus últimas consecuencias.

+ Reconocer como un avance exiguo, la reciente reforma considerada al Código Penal Federal que modifica los Arts. 430 y 431 definiendo la actividad periodística y agravando las penas de 1 a 5 años, además de días multa.

+ Reflexionar sobre como los medios y organizaciones de prensa pueden trabajar en forma solidaria a fin de encontrar alternativas conjuntas para reducir los niveles de riesgo para los periodistas que cubren el crimen organizado.

+ Solicitar a las asociaciones periodísticas de México y Estados Unidos, que así como ambos gobiernos han compartido responsabilidades ante el flagelo del crimen organizado, encuentren mecanismos comunes de cooperación que permitan proteger a los periodistas y medios de comunicación a ambos lados de la frontera.

+ Incentivar en los medios de comunicación espacios que permitan la discusión franca sobre diferentes alternativas la viabilidad con las que se pretende combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas, exponiendo al público a criterios diversos y plurales, haciendo efectivo el derecho a la información.

+ Instar a los periodistas y medios de comunicación a mejorar sus prácticas profesionales y criterios editoriales frente al crimen organizado para evitar la propaganda de la violencia, entendiendo a la vez que el entrenamiento permanente y la búsqueda de la calidad periodística son factor importante para reducir los riesgos en coberturas y zonas de conflicto.