El presidente del Paraguay, Fernando Lugo, reaccionó inmediata y favorablemente ante una solicitud planteada por la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, y dispuso las diligencias correspondientes ante el Poder Judicial de su país para esclarecer el asesinato del periodista Santiago Leguizamón, ocurrido el 26 de abril de 1991.

Un comunicado difundido por la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo del Paraguay (Sicom), informó que el gobernante dio instrucciones a la Asesoría Jurídica de la Presidencia y a la Procuraduría General de la República para que realicen las gestiones pertinentes e insistan ante la Justicia Ordinaria para el esclarecimiento del citado crimen, tras la exhortación publicada por la SIP en más de 400 diarios del continente, pidiéndole adoptar medidas para acabar con la impunidad.

En febrero de 2007, el presidente de la SIP, Rafael Molina, y el director de Libertad de Prensa de la SIP, Ricardo Trotti, visitaron en Asunción a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta, y al Fiscal General, Rubén Candia, a quienes expresaron la preocupación de la institución por la falta de esclarecimiento de varios casos que afectan a periodistas “lo que produce sombras sobre el panorama de la libertad de prensa en el Paraguay, a pesar de que las autoridades insisten en afirmar que las causas están siendo investigadas”. La magistrada Pucheta reconoció entonces la existencia de una crisis de morosidad que padece la Justicia en su país.

El caso Leguizamón, que además la SIP tiene presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), registra entre otras irregularidades que el primer juez que sustanció el proceso ordenó varias diligencias y el procesamiento de 14 personas, sindicadas todas ellas como responsables o partícipes del crimen. La lista se redujo después a dos autores intelectuales y cuatro autores materiales, ninguno condenado. El expediente pasó a otros dos jueces, hasta que en el año 2002 un cuarto juez decidió archivarlo. Previamente, en 1996, había sido liberado el único detenido.

Durante el largo y lento proceso, jueces y fiscales han sido amenazados, pruebas y testigos han desaparecido. La muerte del comentarista radial de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, se mantiene impune hace 18 años.