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Nicaragua
10 de febrero de 2009
Matón de El Ayote por salir pese a pedido de la SIP
La Prensa


En una nota publicada hoy por el diario La Prensa en Managua, se advierte sobre la posibilidad de que el asesino de la periodista María José Bravo, salga en libertad bajo decisión de la Corte Suprema de Justicia, a pesar del pedido expreso de la SIP durante una misión reciente a Nicaragua. Sigue el texto completo del artículo.

El Procurador de Defensa de Derechos Humanos, Omar Cabezas Lacayo, demandó ayer que prevalezca la justicia y que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia emitan una resolución conforme a Derecho, contra el asesino de la periodista María José Bravo.

No obstante, el Procurador de Derechos Humanos prefirió no hacer aseveraciones en contra del ex alcalde de El Ayote, Eugenio Hernández, autor del balazo que segó la vida de la periodista.

"Lo que sé es que hay una periodista muerta, y que tiene que tener mi solidaridad y mi acompañamiento esa familia por el dolor que le ha causado la pérdida de un hijo. Ya que si fue adrede fue porque la quería matar, o si fue un accidente eso, ya sería un charlatán yo si empezara a opinar cosas como no me gustaría que otros opinen", sostuvo Cabezas Lacayo.

Al ser consultado Cabezas Lacayo sobre la preocupación expresada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por una posible resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que pueda poner en libertad a Hernández, como ya lo está William Hurtado, el asesino de Carlos José Guadamuz cuyo crimen cumple hoy cinco años, el Procurador de Derechos Humanos la arremetió contra ese organismo.

Para Cabezas, a la familia de Bravo no le ayuda que la SIP hable del caso, pues dijo, "son kaibiles de los norteamericanos, son los que hacen el trabajo sucio, son fontaneros".

Y aunque Cabezas estimó que también debe prevalecer la justicia en el caso de Guadamuz, evitó emitir sus consideraciones sobre si es acertado o no que su asesino esté libre, por supuesto estrés carcelario, dado que "a mí no me gusta andar de bachiller, opinando por todo lo que me preguntan, eso está en manos del Poder Judicial, o del Sistema Penitenciario, del Ministerio de Gobernación. Yo lo que conozco son versiones eminentemente periodísticas, no ha venido aquí nadie a ponerme una denuncia, más que versiones de oídas".

Sin embargo, Cabezas Lacayo reconoció que no puede ponerse "una venda en los ojos; efectivamente yo lo vi bailando en la foto (...) ya que si la foto es de verdad, si la foto es de mentira tampoco yo me puedo ir con la bola de trapo, como decimos popularmente, pero yo creo que en Nicaragua deben cumplirse las leyes".

En publicación de la agencia EFE, la semana pasada, Enrique Santos Calderón, presidente de la SIP, manifestó que la misión que llegó a Nicaragua a finales de enero expresó a las autoridades de la CSJ, su malestar por la libertad concedida a Hurtado, así como también transmitieron las esperanzas de que ambos casos no quedarán en la impunidad.

Los magistrados liberales de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) insisten en que el asesinato de la periodista María José Bravo sea visto como un caso de delito de exposición de personas al peligro con resultado de muerte, prácticamente una minucia que beneficia al responsable, el ex alcalde liberal de El Ayote, Eugenio Hernández González.

Pero esta moción, ya convertida en proyecto de sentencia, está siendo rechazada por algunos magistrados, quienes se oponen a firmar una sentencia "poco seria", y han devuelto la propuesta.

El magistrado liberal Gabriel Rivera indicó que él no ha firmado ningún proyecto de sentencia, aunque admitió que "por rumores" sabe que existe un proyecto, que califica el asesinato de Bravo como exposición de personas al peligro con resultado de muerte.
Este delito está contemplado en el artículo 154 del viejo Código Penal, con el cual se procesa a Hernández González, y establece que quien ponga en peligro la vida o la salud de alguna persona y a consecuencia de ello ésta resultare muerta, tendrá pena de seis a 12 años de presidio. Se conoce que los magistrados pretenden imponerle la pena mínima; ya lleva cuatro años preso y podría ser beneficiado con la suspensión de la condena.

Sandinistas no quieren ser tan obvios

Una fuente judicial indicó que el magistrado sandinista Rafael Solís no estaría de acuerdo en firmar la sentencia en el sentido que los liberales quieren, y habría sido quien devolvió la propuesta.

Pero Solís dijo a La Prensa que todavía no conoce de ese proyecto de sentencia.

Según la fuente judicial, los magistrados sandinistas firmarían una sentencia que al menos establezca que el delito es homicidio doloso (que hubo mano criminal, o por último culposo (que fue accidental la muerte de la periodista Bravo), pero de ninguna manera que fue por exposición de personas al peligro con resultado de muerte.

Los sandinistas quieren un proyecto de sentencia más fundamentado con las evidencias, y supuestamente dentro de una semana o tres los liberales entregarán una nueva propuesta.

Este proyecto de sentencia habría sido elaborado por el magistrado liberal Antonio Alemán Lacayo. Aunque se conoce que Alemán lo niega, La Prensa quiso comunicarse con él, pero no contestó su teléfono celular.

El magistrado liberal Gabriel Rivera señaló que él ya tiene el expediente del caso, aunque no ha visto el proyecto de sentencia.

"Creo que hay algunos criterios en ese aspecto, pues, que se proyecte una sentencia en ese sentido, pero no hay nada firmado todavía, es un proyecto que se ha presentado, que lo han elaborado algunos magistrados, pero mientras el proyecto no tenga cuatro firmas no puede ser sentencia", dijo Rivera.

"Por rumores sé que existe (el proyecto de sentencia), no me pasaron ese proyecto a mí, yo pedí el expediente para estudiarlo porque es un caso delicado y yo voy a dar mi valoración hasta que yo lo lea. Me lo dio Alemán, no está firmado, yo no lo he firmado, yo lo que pedí fue el expediente y lo estoy revisando", dijo Rivera.

Pruebas: “desaparecidas”

El magistrado Sergio Cuarezma también confirmó que existen dos posiciones en la Sala Penal, una sobre que se condene a Hernández por exposición de personas al peligro con resultado de muerte, y otra que se le condene por homicidio doloso.

"No obstante, mi preocupación en estos momentos radica en que en el expediente todavía no consta una serie de medios de pruebas que establezcan de forma transparente lo expresado por el Ministerio Público y la defensa", dijo el magistrado Cuarezma.

El judicial se refiere a que en el expediente del caso no están físicamente algunas pruebas fundamentales evacuadas en el juicio de primera instancia, como el croquis de la Policía sobre el trayecto de la bala que segó la vida de Bravo, las pruebas de balística, de parafina y hasta un dictamen del Instituto de Medicina Legal (IML).

Extraoficialmente se conoció que el presidente de la Sala Penal, Armengol Cuadra, inhibido del caso porque un hermano suyo defiende a Hernández, pidió las pruebas al Ministerio Público, pero esa institución habría respondido que las mismas están bajo resguardo de la Policía Nacional.

Según Cuarezma, estas pruebas deben remitirse de urgencia al expediente, porque son la única forma de que se garantice el respeto a la víctima y su familia, como al acusado y a sus familiares.

El magistrado Cuarezma señaló que él no se va a pronunciar en el caso mientras no estén esas pruebas en el expediente, y se declaró sorprendido de que las pruebas desde hace tanto tiempo que ocurrió el juicio, en el 2005, no estén en el expediente.

Tres intentos

Este es el tercer intento para dejar en libertad a Hernández.

El primer intento de liberar a Hernández fue abortado porque la propia madre de la periodista, Antonia Sánchez, se trasladó desde Chontales hasta Managua para pedir a los magistrados que no lo sacaran.

El segundo intento ocurrió cuando dos de los seis magistrados presentes en la primera audiencia de casación, los liberales Ramón Chavarría y Nubia Ortega, dejaron de ser magistrados de la Corte, y el magistrado sandinista Armengol Cuadra se apartó del caso porque su hermano, William Segundo Cuadra López, es el defensor de Hernández.

Hernández fue condenado a 25 años de prisión por ese asesinato, por la juez de Distrito Penal de Juigalpa, Rosa Inés Osorio, luego que la Fiscalía y el abogado acusador particular demostraron que Hernández González, ex alcalde liberal de El Ayote, preparó las condiciones para asesinar a sangre fría a la periodista, en la entrada principal del Centro de Cómputos, cuando partidarios de la Alianza por la República (Apre), de Cuapa y Santo Tomás, protestaban por los resultados electorales.

La audiencia de casación fue repetida y en ella el defensor insistió en la teoría de la "bala saltarina", según la cual un bolso rojo que portaba Hernández González habría caído al suelo, provocando que un revólver que llevaba dentro se disparara. El proyectil habría impactado primeramente en el suelo, luego en el rodapié de una pared del Centro de Cómputos de Juigalpa y por último en el cuerpo de la periodista María José Bravo, quien daba cobertura al conteo de los votos.

Pero el fiscal Julio Montenegro, además de recordar que dichos alegatos ya fueron resueltos por un juez de primera instancia y por magistrados de Apelación, indicó que dicha teoría sólo pude ser producto de "una fantasía", porque se realizaron pruebas dejando caer el revólver desde una altura de 20 metros y nunca se disparó solo.



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