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México
27 de octubre de 2008
Pide la SIP mayor voluntad política para resolver crímenes
Pide la SIP mayor voluntad polírica para resolver crímenes


Miami (27 de octubre de 2008).- En el marco del segundo aniversario del asesinato del documentalista estadounidense Bradley Ronald Will, ultimado en México, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó a las autoridades federales y estatales a mostrar voluntad para investigar y resolver las desapariciones y crímenes contra periodistas ocurridos en ese país, a fin de procurar justicia y acabar con la impunidad.

El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, recordó una resolución sobre México que la organización hemisférica aprobó durante su asamblea general celebrada a principios de octubre en Madrid, en la que insistió a las procuradurías de Justicia de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nuevo León Sinaloa, Sonora y Veracruz, a abocarse a la investigación y revisión de los expedientes de todos los casos de periodistas asesinados o desaparecidos en sus territorios.

Santos, director del periódico colombiano El Tiempo, agregó que en el mismo documento la SIP demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) a avanzar en las investigaciones acogidas en la jurisdicción federal y sobre las que no se observan resultados, entre ellas la Bradley Ronald Will, reportero y documentalista estadounidense de la agencia independiente Indymedia asesinado en Oaxaca el 27de octubre de 2006.

Sobre este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) redactó a finales de septiembre un documento entregado a la PGR y la procuraduría estatal en la que reveló irregularidades en la investigación oficial, tales como omisiones, errores, imprecisiones y la investigación fue manejada sin rigor científico.

Entre otras anomalías, el organismo de derechos humanos detalló que la Procuraduría de Oaxaca omitió o recabó testimonios incompletos; no localizó a testigos vinculados con los hechos y los peritos estatales llegaron a conclusiones sin tomar en cuenta fundamentos científicos.

Will, de 36 años, llegó a Oaxaca para documentar un conflicto laboral que mantuvo paralizado y enfrentados a grupos civiles y al gobierno estatal durante varios meses. Fue asesinado mientras filmaba un choque violento entre integrantes del grupo civil Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) con policías.

La PGR rechazó las recomendaciones de la CNDH, sin embargo la Procuraduría de Oaxaca se apresuró a anunciar el pasado 22 de octubre el encarcelamiento de Juan Manuel Martínez Moreno, integrante de APPO como sospechoso por el asesinato del periodista, también fueron señaladas otras dos personas como cómplices. Estas acusaciones han sido criticadas por considerar que no toman en cuenta evidencia ni testimonios sobre el crimen.

A continuación el texto íntegro de la resolución Impunidad sobre México, emanada de la Asamblea General del la SIP, realizada del 3 al 7 de octubre en Madrid, España.

IMPUNIDAD – MEXICO

CONSIDERANDO
Que las autoridades mexicanas, de los dos niveles de gobierno, federal y estatal, no han mostrado su voluntad para atender, investigar y resolver las desapariciones y crímenes contra periodistas ocurridos en los últimos 21 años en el país, casos que la SIP ha registrado y dado seguimiento

CONSIDERANDO
Que la Procuraduría General de la República tiene bajo su jurisdicción las investigaciones de los asesinatos de periodistas: José Ramírez Puente (2000); Guadalupe García Escamilla (2005); Enrique Perea Quintanilla (2006); Raúl Gibb Guerrero (2005); Francisco Ortiz Franco (2004); Bradley Ronald Will (2006), y Amado Ramírez Dillanes (2007), y que no existen resultados

CONSIDERANDO
Que la SIP ha insistido a la PGR y a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas, que informen con claridad cuál es la situación legal que guardan los expedientes que tienen bajo su jurisdicción, sin recibir respuesta satisfactoria, únicamente listados de los casos y promesas de que se resolverán

CONSIDERANDO
Que en el estado de Chihuahua han sido siete los periodistas asesinados en los últimos 21 años, cinco de esos casos están todavía en investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado, sin que muestre resultados; los otros dos están en manos de la Procuraduría General de la República y tampoco muestra voluntad por esclarecerlos

CONSIDERANDO
Que el crimen del columnista Víctor Manuel Oropeza, en el que las la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua se comprometió con la SIP a investigar a fondo y presentar resultados, atendiendo la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que ya no tiene una clara voluntad de avanzar en las indagatorias y que la Secretaría de Relaciones Exteriores, también muestra una actitud desinteresada

CONSIDERANDO
Que en los últimos tres años, en el estado de Michoacán se han registrado tres casos de periodistas desaparecidos entre 2006 y 2008: Jaime Antonio García Apac, Juan Pablo Solís y Mauricio Estrada Zamora; y que no hay avances en los cuatro asesinatos del locutor Lázaro Cárdenas (1991), y los reporteros Ramiro Ramírez Duarte (1999), Jaime Arturo Olvera Bravo (2006) y Gerardo García Pimentel (2007)

CONSIDERANDO
Que en los últimos 10 años, en el estado de Guerrero han desaparecido o han sido asesinados cinco periodistas, cuatro de los expedientes están en la Procuraduría General de Justicia de la entidad: Abel Bueno León, Pedro Valle Hernández, Leodegario Aguilar y Misael Tamayo Hernández, y ninguna de las investigaciones ofrece resultados claros ni a fondo

CONSIDERANDO
Que en Veracruz la Procuraduría de Justicia del estado investiga los asesinatos de Hugo Barragán Ortiz (2005), Roberto Marcos García (2006) y Adolfo Sánchez Guzmán (2006); así como la desaparición de Jesús Mejía Lechuga (2003); en ninguno los responsables han sido detenidos

CONSIDERANDO
Que en el estado de Coahuila no se han resuelto los casos de José Valdés fue asesinado y Rafael Ortiz Martínez (desaparecido), así como de los homicidios de Ezequiel Huerta Acosta (1989) y Cuauhtémoc Ornelas Ocampo (secuestrado en 1995)

CONSIDERANDO
Que en Jalisco, el crimen del periodista estadounidense Philip True permanece sin esclarecerse y que dos responsables siguen prófugos

CONSIDERANDO
Que en el estado de Baja California han sido asesinados el reportero gráfico Dante Espartaco Cortés (1995) y dos periodistas del Semanario Zeta: Héctor Félix Miranda (1995) y Francisco Ortiz Franco (2004), los dos primeros casos están en manos de las autoridades estatales y no los ha concluido a fondo, aunque en el de Félix Miranda hay dos detenidos pero no se ha cumplido la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se indague sobre la existencia de un autor intelectual

CONSIDERANDO
Que en el estado de Sinaloa permanece impune el asesinato de Jesús Michael Jacobo (1987), al que se sumaron los asesinatos de Manuel Burgueño (1988) y Gregorio Rodríguez (2004), caso en el que están detenidos casi todos los responsables aunque sólo falta el autor intelectual

CONSIDERANDO
Que los asesinatos de Benjamín Flores (1997), Alfredo Jiménez Mota (desaparecido en 2005) y Saúl Martínez Ortega (2007), todos ocurridos en Sonora, tampoco se han resuelto

CONSIDERANDO
Que en el estado de Nuevo León no existen resultados sobre la desaparición del camarógrafo y reportero de Televisión Azteca, Gerardo Paredes y Gamaliel López, respectivamente, ocurrido en mayo de 2007

CONSIDERANDO
Que en 2007 Chiapas comenzó a funcionar la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en contra de Periodistas y que sometió a revisión los expedientes de los asesinatos de cinco comunicadores y en uno de los casos, el de Roberto Antonio Mancilla Herrera (1993), fueron detenidos y sometidos a juicio los tres presuntos autores materiales e intelectuales que eran policías aunque falta por esclarecer el resto de los casos

CONSIDERANDO
Que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

Instar a las Procuradurías de Justicia de los estados mencionados que se aboquen a la investigación y que revisen los expedientes de todos los casos de periodistas asesinados o desaparecidos en sus territorios

Demandar al Procurador general de la República, al Secretario de Seguridad Pública federal y a los secretarios de Defensa y Marina, que adopten medidas suficientes para impedir que continúen las agresiones a comunicadores y a los medios bajo el cobijo del combate al crimen organizado y que la PGR a través de su Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos en contra de Periodistas atienda por oficio las denuncias públicas sobre este tipo de agresiones

Exigir a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas de la PGR que revise todos los casos de periodistas asesinados y desaparecidos en el país, los atraiga bajo su jurisdicción, los investigue e informe de forma seria y clara sobre cada uno de los expedientes, para que cumpla su misión de procurar justicia y no sea, por el contrario, un elemento que contribuya a la impunidad

Requerir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que cumpla los compromisos adquiridos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Héctor Félix Miranda y Insiste la SIP por mayor voluntad política para resolver
asesinatos impunes de periodistas en México
Recuerda a Bradley Ronald Will en segundo aniversario de su asesinato; y pide resultados en los crímenes de José Ramírez Puente, Guadalupe García Escamilla, Enrique Perea Quintanilla, Raúl Gibb Guerrero, Francisco Ortiz Franco y Amado Ramírez Dillanes, entre otros.

Miami (27 de octubre de 2008).- En el marco del segundo aniversario del asesinato del documentalista estadounidense Bradley Ronald Will, ultimado en México, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó a las autoridades federales y estatales a mostrar voluntad para investigar y resolver las desapariciones y crímenes contra periodistas ocurridos en ese país, a fin de procurar justicia y acabar con la impunidad.

El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, recordó una resolución sobre México que la organización hemisférica aprobó durante su asamblea general celebrada a principios de octubre en Madrid, en la que insistió a las procuradurías de Justicia de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nuevo León Sinaloa, Sonora y Veracruz, a abocarse a la investigación y revisión de los expedientes de todos los casos de periodistas asesinados o desaparecidos en sus territorios.

Santos, director del periódico colombiano El Tiempo, agregó que en el mismo documento la SIP demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) a avanzar en las investigaciones acogidas en la jurisdicción federal y sobre las que no se observan resultados, entre ellas la Bradley Ronald Will, reportero y documentalista estadounidense de la agencia independiente Indymedia asesinado en Oaxaca el 27de octubre de 2006.

Sobre este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) redactó a finales de septiembre un documento entregado a la PGR y la procuraduría estatal en la que reveló irregularidades en la investigación oficial, tales como omisiones, errores, imprecisiones y la investigación fue manejada sin rigor científico.

Entre otras anomalías, el organismo de derechos humanos detalló que la Procuraduría de Oaxaca omitió o recabó testimonios incompletos; no localizó a testigos vinculados con los hechos y los peritos estatales llegaron a conclusiones sin tomar en cuenta fundamentos científicos.

Will, de 36 años, llegó a Oaxaca para documentar un conflicto laboral que mantuvo paralizado y enfrentados a grupos civiles y al gobierno estatal durante varios meses. Fue asesinado mientras filmaba un choque violento entre integrantes del grupo civil Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) con policías.

La PGR rechazó las recomendaciones de la CNDH, sin embargo la Procuraduría de Oaxaca se apresuró a anunciar el pasado 22 de octubre el encarcelamiento de Juan Manuel Martínez Moreno, integrante de APPO como sospechoso por el asesinato del periodista, también fueron señaladas otras dos personas como cómplices. Estas acusaciones han sido criticadas por considerar que no toman en cuenta evidencia ni testimonios sobre el crimen.

A continuación el texto íntegro de la resolución Impunidad sobre México, emanada de la Asamblea General del la SIP, realizada del 3 al 7 de octubre en Madrid, España.

IMPUNIDAD – MEXICO

CONSIDERANDO
Que las autoridades mexicanas, de los dos niveles de gobierno, federal y estatal, no han mostrado su voluntad para atender, investigar y resolver las desapariciones y crímenes contra periodistas ocurridos en los últimos 21 años en el país, casos que la SIP ha registrado y dado seguimiento

CONSIDERANDO
Que la Procuraduría General de la República tiene bajo su jurisdicción las investigaciones de los asesinatos de periodistas: José Ramírez Puente (2000); Guadalupe García Escamilla (2005); Enrique Perea Quintanilla (2006); Raúl Gibb Guerrero (2005); Francisco Ortiz Franco (2004); Bradley Ronald Will (2006), y Amado Ramírez Dillanes (2007), y que no existen resultados

CONSIDERANDO
Que la SIP ha insistido a la PGR y a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas, que informen con claridad cuál es la situación legal que guardan los expedientes que tienen bajo su jurisdicción, sin recibir respuesta satisfactoria, únicamente listados de los casos y promesas de que se resolverán

CONSIDERANDO
Que en el estado de Chihuahua han sido siete los periodistas asesinados en los últimos 21 años, cinco de esos casos están todavía en investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado, sin que muestre resultados; los otros dos están en manos de la Procuraduría General de la República y tampoco muestra voluntad por esclarecerlos

CONSIDERANDO
Que el crimen del columnista Víctor Manuel Oropeza, en el que las la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua se comprometió con la SIP a investigar a fondo y presentar resultados, atendiendo la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que ya no tiene una clara voluntad de avanzar en las indagatorias y que la Secretaría de Relaciones Exteriores, también muestra una actitud desinteresada

CONSIDERANDO
Que en los últimos tres años, en el estado de Michoacán se han registrado tres casos de periodistas desaparecidos entre 2006 y 2008: Jaime Antonio García Apac, Juan Pablo Solís y Mauricio Estrada Zamora; y que no hay avances en los cuatro asesinatos del locutor Lázaro Cárdenas (1991), y los reporteros Ramiro Ramírez Duarte (1999), Jaime Arturo Olvera Bravo (2006) y Gerardo García Pimentel (2007)

CONSIDERANDO
Que en los últimos 10 años, en el estado de Guerrero han desaparecido o han sido asesinados cinco periodistas, cuatro de los expedientes están en la Procuraduría General de Justicia de la entidad: Abel Bueno León, Pedro Valle Hernández, Leodegario Aguilar y Misael Tamayo Hernández, y ninguna de las investigaciones ofrece resultados claros ni a fondo

CONSIDERANDO
Que en Veracruz la Procuraduría de Justicia del estado investiga los asesinatos de Hugo Barragán Ortiz (2005), Roberto Marcos García (2006) y Adolfo Sánchez Guzmán (2006); así como la desaparición de Jesús Mejía Lechuga (2003); en ninguno los responsables han sido detenidos

CONSIDERANDO
Que en el estado de Coahuila no se han resuelto los casos de José Valdés fue asesinado y Rafael Ortiz Martínez (desaparecido), así como de los homicidios de Ezequiel Huerta Acosta (1989) y Cuauhtémoc Ornelas Ocampo (secuestrado en 1995)

CONSIDERANDO
Que en Jalisco, el crimen del periodista estadounidense Philip True permanece sin esclarecerse y que dos responsables siguen prófugos

CONSIDERANDO
Que en el estado de Baja California han sido asesinados el reportero gráfico Dante Espartaco Cortés (1995) y dos periodistas del Semanario Zeta: Héctor Félix Miranda (1995) y Francisco Ortiz Franco (2004), los dos primeros casos están en manos de las autoridades estatales y no los ha concluido a fondo, aunque en el de Félix Miranda hay dos detenidos pero no se ha cumplido la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se indague sobre la existencia de un autor intelectual

CONSIDERANDO
Que en el estado de Sinaloa permanece impune el asesinato de Jesús Michael Jacobo (1987), al que se sumaron los asesinatos de Manuel Burgueño (1988) y Gregorio Rodríguez (2004), caso en el que están detenidos casi todos los responsables aunque sólo falta el autor intelectual

CONSIDERANDO
Que los asesinatos de Benjamín Flores (1997), Alfredo Jiménez Mota (desaparecido en 2005) y Saúl Martínez Ortega (2007), todos ocurridos en Sonora, tampoco se han resuelto

CONSIDERANDO
Que en el estado de Nuevo León no existen resultados sobre la desaparición del camarógrafo y reportero de Televisión Azteca, Gerardo Paredes y Gamaliel López, respectivamente, ocurrido en mayo de 2007

CONSIDERANDO
Que en 2007 Chiapas comenzó a funcionar la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en contra de Periodistas y que sometió a revisión los expedientes de los asesinatos de cinco comunicadores y en uno de los casos, el de Roberto Antonio Mancilla Herrera (1993), fueron detenidos y sometidos a juicio los tres presuntos autores materiales e intelectuales que eran policías aunque falta por esclarecer el resto de los casos

CONSIDERANDO
Que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

Instar a las Procuradurías de Justicia de los estados mencionados que se aboquen a la investigación y que revisen los expedientes de todos los casos de periodistas asesinados o desaparecidos en sus territorios

Demandar al Procurador general de la República, al Secretario de Seguridad Pública federal y a los secretarios de Defensa y Marina, que adopten medidas suficientes para impedir que continúen las agresiones a comunicadores y a los medios bajo el cobijo del combate al crimen organizado y que la PGR a través de su Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos en contra de Periodistas atienda por oficio las denuncias públicas sobre este tipo de agresiones

Exigir a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas de la PGR que revise todos los casos de periodistas asesinados y desaparecidos en el país, los atraiga bajo su jurisdicción, los investigue e informe de forma seria y clara sobre cada uno de los expedientes, para que cumpla su misión de procurar justicia y no sea, por el contrario, un elemento que contribuya a la impunidad

Requerir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que cumpla los compromisos adquiridos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Héctor Félix Miranda y Manuel Oropeza.



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