Los poderes Legislativo y Judicial de Colombia aceptaron recomendaciones para estudiar reformas de política pública para combatir la impunidad, durante un foro judicial convocado ayer en esta ciudad por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Diarios Colombianos (ANDIARIOS), y del que participaron magistrados, jueces, fiscales, periodistas y directores de medios de comunicación.

La reunión tuvo como finalidad dar a conocer el contenido del estudio “Injusticia premiada” presentado por la SIP y ANDIARIOS, y una serie de recomendaciones sobre propuestas de reformas legales y judiciales administrativas para reducir la impunidad.

El trabajo realizado por los abogados locales Rodrigo Uprimny y Guillermo Puyana se basó en detectar irregularidades en el proceso judicial del crimen del periodista Orlando Sierra, las que permitieron que el autor material del asesinato haya sido sancionado a 19 años y seis meses de prisión cuando le hubieran correspondido 39 años según el tipo de delito agravado, y que fuera liberado después de cumplir solo cinco años de condena.

Uprimny y Puyana concluyeron que en el caso de Sierra se produjeron inconsistencias legislativas, errores en la dosificación de las penas y factores subjetivos de jueces y fiscales, que llevaron a la aplicación de una “justicia premial”, que “conduce a formas de impunidad relativa”.

La serie de recomendaciones volcadas al foro, fueron el tema principal de un panel en el que intervinieron Francisco Rucarte, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Humberto Sierra Porto, presidente de la Corte Constitucional; Hernán Andrade, presidente del Congreso nacional; Edgardo Maya Villazón, Procurador General de la República y Mario Iguarán, Fiscal General de la Nación.

Con anterioridad, Enrique Santos, vicepresidente de la SIP y director del El Tiempo de Bogotá, sentó el tono del debate al preguntarse sobre la inconsistencia judicial que permitió la liberación del asesino de Sierra, el sicario profesional Luis Fernando Soto Zapata, quien murió el 4 de julio de este año en un enfrentamiento con la policía en Cali: “¿Qué hacía solo 67 meses después, en la calle, nuevamente delinquiendo y matando?”.

“Es un hecho perturbador - agregó Santos - que obliga a preguntarnos cómo está operando y qué efectos está logrando el sistema vigente de beneficios y rebajas de penas que otorga la ley”.

El presidente de la Corte Constitucional, Humberto Sierra, afirmó que los procesos de los periodistas deben tener consideraciones especiales para la justicia, porque "los atentados contra los comunicadores impactan el derecho fundamental a la libertad de expresión".

Mientras tanto, el senador Andrade dijo que “el Congreso de la República propenderá por todo tipo de protección, de los derechos fundamentales a informar y ser informado, a opinar, a no ser censurado y al sigilo profesional de los periodistas. Y con mayor razón cuando se trata de trabajar en conjunto para fortalecer la Política Criminal que apunte a reducir los niveles de impunidad en todo tipo de violaciones a la Ley Penal”.

Por su parte, el fiscal general, Iguarán, dijo que “con bochorno y vergüenza tenemos que admitir que hubo errores en el caso de Orlando Sierra y hay todavía impunidad en la autoría intelectual”.

El trabajo solicitado por la SIP y ANDIARIOS a Uprimny, abogado y director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, y a Puyana, abogado experto en legislación de medios de comunicación, derivó en las siguientes recomendaciones, entre otras, sobre la política criminal colombiana: (El estudio completo y un resumen ejecutivo pueden verse en www.impunidad.com).

Que los beneficios penales no se otorguen en forma mecánica; que se superen inconsistencias sobre el principio de favorabilidad que beneficia a muchos criminales, excluyéndose la práctica de conceder reducciones generales de pena; que se prevean penas mínimas que deben ser cumplidas cualquiera que sea la cantidad de beneficios concedidos; que se regulen en forma más apropiada las condiciones para el otorgamiento de la libertad provisional y de la redención de pena por trabajo o estudio y que se condicionen los beneficios penales a la colaboración efectiva de parte de los criminales para que se esclarezca el hecho en forma total, incluyendo la identificación de los autores intelectuales.

El foro judicial comenzó con la proyección de “La Batalla del silencio”, documental de la SIP sobre el asesinato de Sierra el 20 de enero de 2002 cuando era subdirector de La Patria, de Manizales, y autor de la columna Punto de Encuentro en la que hacía denuncias sobre corrupción implicando a políticos locales.
El foro fue iniciado por la directora del ANDIARIOS, Nora Sanín, y por Diana Calderón, periodista de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP, que hizo un pormenorizado informe sobre el estado de los procesos legales en los que se encuentran 57 homicidios por razones profesionales cometidos contra periodistas desde 1993 a diciembre de 2007.

Al cierre de la jornada, Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la SIP, a nombre de la institución, solicitó al Procurador General que acepte la recomendación de la Fiscalía para solicitar a la Corte Suprema la revisión de un juicio que siguió al crimen del periodista Nelson Carvajal Carvajal.

El foro judicial se realizó en seguimiento de la Conferencia Hemisférica: Poder Judicial, Prensa, Impunidad realizada por la SIP en Santo Domingo, República Dominicana, del 18 al 20 de julio de 2007. Se desprende del trabajo de la Comisión Contra la Impunidad de la SIP, que cuenta con el apoyo económico de la Fundación John S. y James L. Knight.