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México
26 de enero de 2006
Organizaciones internacionales de prensa se movilizan contra el asesinato de informadores en México

México D.F.- El narcotráfico se ha convertido en el principal enemigo del periodismo en México. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) atribuye a los grupos de narcotraficantes que operan en el país la principal responsabilidad sobre amenazas y asesinatos. En este sentido, México se colocó en 2005, por segundo año consecutivo, como el primer país latinoamericano donde se cometió el mayor número de homicidios contra periodistas, tres sobre un total de catorce para la región.

Robert Shaw, responsable del área de derechos humanos y de la oficina para América Latina de la FIP, advierte de que los directores de los medios de comunicación mexicanos deben “ser más responsables en ámbitos de inseguridad y zonas de alto riesgo, como Tijuana y otras ciudades fronterizas con Estados Unidos”. Los ataques contra la prensa en México “son una realidad que existe y no vamos a poder cambiar de la noche a la mañana, como tampoco van a desaparecer los cárteles de las drogas”, añade Shaw.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se está movilizando en México para lograr que las autoridades investiguen los casos de amenazas y asesinatos, pero también asesora a los medios de comunicación, especialmente escritos, donde se han registrado la mayor parte de los ataques por parte de los grupos de narcotraficantes.

Directivos de la SIP se reunieron a mediados de 2005 con legisladores, con miembros de la Corte Suprema de Justicia y con el presidente Vicente Fox para analizar la situación y encontrar respuestas rápidas contra la impunidad.

En una reunión de editores de cuarenta periódicos, en Sonora, se acordó en agosto pasado la denominada 'Declaración de Hermosillo' en la que se solicita a “las autoridades nacionales (mexicanas) la necesidad de que existan normas para que los crímenes contra la libertad de expresión puedan ser de jurisdicción federal, que no prescriban y que se aumenten las penas y castigos para quienes los cometan".

La Procuraduría General de la República (PGR) -con equivalencia a la fiscalía general del estado español- ya ha tomado las investigaciones de cuatro de los dieciocho casos de asesinatos ocurridos desde 2000, año en que asumió el gobierno Fox, como respuesta a las presiones de este organismo que agrupa a empresas periodísticas de la región.

La SIP señaló en su informe de octubre pasado que, de nueve casos de asesinatos entre 2004 y 2005, en cinco hay evidencias judiciales de su relación con el narcotráfico. También señalaba que “han surgido múltiples reportes de periodistas que abandonan su oficio e incluso se mudan de ciudad, temiendo por ellos mismos y por sus familias".

La cobertura informativa de los temas del narcotráfico, en especial en la franja de ciudades fronterizas con Estados Unidos, se considera muy peligrosa, dado que allí operan los cárteles del narcotráfico.

Shaw no exagera cuando dice que los periodistas mexicanos deben “entrenarse como si fueran a Irak”. La SIP apoya a los periodistas con cursos para zonas de riesgo realizados por 'cascos azules' de la ONU en Buenos Aires.

El caso más emblemático en estos momentos es el de Alfredo Jiménez Mota, un reportero que cubría temas se seguridad para El Imparcial, de Hermosillo, y que está desaparecido desde hace un año.

A la par de las investigaciones policiales, con el auspicio de la Sociedad Interamericana de Prensa, se ha conformado un equipo de periodistas de diversos medios para hacer su propia investigación, algo que nunca se había hecho en México.

Este jueves y viernes, la SIP analizará la marcha de estos trabajos en un lugar caliente: Nuevo Laredo, la ciudad que registra el mayor número del país de asesinatos entre miembros de tres grupos de narcotraficantes.

En el encuentro, que reunirá a un centenar de periodistas y directivos de periódicos, se intercambiarán experiencias sobre coberturas de seguridad frente a la amenaza de los cárteles de la droga.



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