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Perú
7 de septiembre de 2006
Viuda de Antonio de la Torre denuncia al Estado peruano ante la CIDH
Instituto de Prensa y Sociedad

Lima (7 de septiembre de 2006).- El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) informa que ha denunciado al Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), conjuntamente con Dina Ramírez, viuda del periodista asesinado Antonio de la Torre, por haber consagrado la Corte Suprema una situación de impunidad del crimen, cometido en Yungay el 14 de febrero del 2004. El máximo tribunal de la justicia peruana absolvió a los acusados, desvalorando pruebas que determinaron sentencias condenatorias a 17 años de privación de libertad en las instancias previas.

En el escrito ante la CIDH, los denunciantes demandan reparación a graves infracciones cometidas antes, durante y después del proceso judicial. Argumentan, con documentación probatoria, que en el caso De la Torre fueron violados el derecho a la vida, a la libertad de pensamiento y expresión, a la integridad personal, a un trato humano - incluyendo el de no ser sometido a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes-, a las garantías del debido proceso, a la protección de la familia, y a la protección judicial contra violaciones de los derechos fundamentales.

La señora Ramírez y el IPYS, que ejerce su representación legal, sostienen que la sentencia de la Corte Suprema obvió importantes declaraciones tanto de los propios implicados como de testigos del crimen, que dan una idea clara de las motivaciones y las personas involucradas en el asesinato - entre ellas el actual alcalde de Yungay, Amaro León -, las mismas que fueron halladas responsables por todas las instancias judiciales y del Ministerio Público que vieron el caso.

Ante las dudas que suscitaran las declaraciones inculpatorias, la Corte Suprema pudo ordenar nuevas diligencias, o investigaciones, o que se completaran las que a su juicio faltaban. Sin embargo, absolvió a todos los implicados, con la excepción de Moisés Julca Orillo, respecto del cual se reservó el proceso penal por estar no habido. Esto ha configurando un supuesto de impunidad, dado que se apuntaría a responsabilizar de esta muerte a una sola persona, cuando lo actuado en el proceso demuestra que el hecho implicó la participación de más personas.

Los demandantes han acreditado ante la CIDH:

- En la etapa previa al asesinato, tres ataques contra el periodista Antonio de la Torre y su familia, que no fueron investigados por la policía (voladura de alerón del techo de la casa, ataque con bomba casera al inmueble y agresión física por una simpatizante del Alcalde).

- Luego del asesinato, seis irregularidades en el proceso judicial contra los involucrados, que incluyen impedimento de acceso de la viuda al expediente judicial, al juicio oral, y comprobadas agresiones durante el juicio.

- Siete amenazas y agresiones contra la viuda del periodista asesinado antes y después de la sentencia de la Corte Suprema, las mismas que no fueron investigadas por las autoridades competentes. Estos hechos determinaron que el IPYS trajera temporalmente de Yungay a Lima a la señora Ramírez, como limitada medida de protección, quien ha estado apoyada en todo momento por la Defensoría del Pueblo.

El IPYS ha solicitado a la CIDH dictar medidas cautelares para la protección de la vida e integridad física de Dina Ramírez y sus cuatro menores hijos, quienes han debido regresar a Yungay y continuarán presumiblemente afrontando afanes de venganza de los responsables del asesinato del periodista.

Firmas de Gustavo Gorriti, presidente y Ricardo Uceda, director



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