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Párrafos de informes recientes sobre Colombia emitidos por la SIP, en referencia al comunicado del 2 de diciembre
64ª Asamblea General, Madrid, España, 3 al 7 de octubre de 2008: “Según reportó la Fundación para la Libertad de Prensa, Claudia Julieta Duque renunció a las medidas de protección que le habían sido dispuestas por el Ministerio del Interior en diciembre de 2003. La periodista del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, denunció que sus escoltas entregaban informes pormenorizados de sus movimientos a los funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Duque es víctima de amenazas y seguimientos desde 2001, a raíz de su investigación por el asesinato del periodista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999 en Bogotá.

Reunión de Medio Año, Asunción, Paraguay, 13 al 16 de marzo de 2009: “La revista Semana divulgó informaciones que daban cuenta de la interceptación ilegal de teléfonos que el DAS venía haciendo, de manera sistemática y selectiva, contra magistrados, políticos y periodistas, en su mayoría directores de medios de comunicación. En relación con estos últimos, y según la fuente citada por la revista, con el propósito de intimidarlos, identificar sus fuentes y conocer la línea editorial en la que estaban trabajando. En varias oportunidades, funcionarios del gobierno volvieron a descalificar la forma como los periodistas ejercen su labor, sobre todo cuando esta se enfoca en la fiscalización del ejercicio público y político. El asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, acusó a algunos periodistas de comprar información reservada y calificó como delito la publicación de materiales obtenidos como producto de un trabajo investigativo. La revista Semana calificó de “maquiavélica campaña difamatoria” lo dicho por el asesor”.

65ª Asamblea General, Buenos Aires, Argentina, 6 al 10 de noviembre de 2009: “En opinión de periodistas y algunos columnistas, la estigmatización y los señalamientos por parte de funcionarios, miembros del gobierno y asesores del mismo se han convertido en mecanismos para obstaculizar la denuncia de hechos de corrupción. Las interceptaciones telefónicas ilegales denunciadas en el período anterior desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entidad adscrita a la Presidencia de la República, a periodistas, magistrados de la Corte Suprema y miembros de la oposición, siguieron siendo objeto de preocupación por sus efectos sobre la reserva de la fuente y la seguridad de los periodistas”.

Reunión de Medio Año, Oranjestad, Aruba, 19 al 22 de marzo de 2010: “En diciembre (2009), se conoció de la existencia de un Manual que habría sido redactado por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), para realizar seguimientos a periodistas, entre estos a Claudia Julieta Duque, investigadora del Colectivo de Abogados José Alvear. El documento, descubierto en allanamientos ordenados por la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación por las interceptaciones ilegales realizadas a magistrados, líderes de oposición y periodistas, contenía los datos personales, teléfonos y correos electrónicos de Claudia Duque. El manual también especificaba cómo amenazar a la periodista, diciéndole que su hija, que en aquel momento tenía 10 años, podía ser violada y quemada viva”.

66ª Asamblea General, Mérida, Yucatán, México, 5 al 9 de noviembre de 2010: “En el plano judicial, continúan las investigaciones por las interceptaciones ilegales en las comunicaciones a periodistas, políticos y magistrados. Por su responsabilidad en el escándalo de las llamadas ‘chuzadas’ fue destituido e inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas durante 18 años, por la Procuraduría General de Colombia, el ex Secretario Jurídico de la Presidencia Bernardo Moreno, quien además fue interrogado por la Fiscalía dentro de la investigación penal que se adelanta para ubicar a los responsables de estos seguimientos ilegales. Los ex directores del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Jorge Aurelio Noguera Cotes, María del Pilar Hurtado y Andrés Peñate fueron llamados a indagatoria por la Fiscalía General de Colombia, para establecer si hicieron parte de lo que la Fiscalía ha llamado una ‘plataforma criminal’ para obtener información en forma ilegal sobre magistrados de las altas cortes, periodistas, líderes opositores y defensores de derechos humanos. Estos funcionarios ya fueron sancionados por la Procuraduría General de Colombia, con su destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos. Por otra parte el ex - subdirector del DAS, Jorge Alberto Lagos, es el primer condenado por el caso de las interceptaciones ilegales, luego de aceptar los cargos en su contra y llegar a un acuerdo con la Fiscalía que fue avalado por el Tribunal de Bogotá. Lagos pagará ocho años de cárcel pues obtuvo una rebaja de la tercera parte en la pena por colaboración con la justicia, al aceptar que “sin razón legal ni motivo de inteligencia alguno” ordenó y coordinó seguimientos a periodistas, magistrados y otros personajes. Lagos también fue destituido por la Procuraduría e inhabilitado para ejercer cargos públicos. Finalmente y dentro del mismo proceso por las interceptaciones ilegales, el ex director de la Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero, Uiaf, Mario Aranguren, se encuentra detenido por haber presentado informes financieros al DAS con datos reservados y exclusivos sobre magistrados y periodistas, sin existir orden judicial. Aranguren también fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría”.



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