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Octubre 2007, Miami
Informe del presidente de la Comisión Contra la Impunidad
Juan Francisco Ealy Ortiz
Domingo, 14 de octubre de 2007
Asamblea General de la SIP
Miami, Florida

La violencia contra los periodistas continúa en las Américas y por ello no podemos celebrar aquellos logros que alcanzamos en nuestra lucha paciente y perseverante contra la impunidad.

Lamentablemente, en este último semestre la violencia enlutó a medios de comunicación y salas de Redacción de numerosos países. Fueron asesinados nueve periodistas: Salvador Sánchez de El Salvador, Javier Darío Arroyave de Colombia, Alberto Palma de Paraguay, Chauncey Bailey de Estados Unidos, Alix Joseph de Haití, Luiz Carlos Barbon de Brasil, Miguel Pérez Julia de Perú; y Saúl Martínez Ortega y Amado Ramírez, de México; y el paradero de dos periodistas mexicanos, Gamaliel López y Gerardo Paredes, sigue sin conocerse desde mayo pasado. En este período informamos también que Mateo Cortés Martínez, Agustín López, y Flor Vásquez López, voceadores del periódico El Imparcial del Itsmo, de Oaxaca, fueron asesinados presuntamente por miembros del crimen organizado y en represalia por publicaciones del diario que distribuían.

En honor a las víctimas, en solidaridad con sus familias y en reclamo a los gobiernos para que esclarezcan estos crímenes, los invito a un minuto de silencio.

A pesar de este sentido de frustración que nos embarga cada vez que un periodista cae abatido en el ejercicio de su profesión y de la autocensura que genera esa violencia, es bueno señalar algunos aspectos positivos.

El más importante, es que América Latina es la región del mundo donde más se ha reducido la impunidad, de acuerdo a un informe del Comité de Protección de Periodistas. ¡Es verdad! Hace doce años cuando empezamos nuestro proyecto, los asesinos encarcelados se contaban con los dedos de una mano. Hoy, sin embargo, 82 personas están pagando o pagaron sus condenas en la cárcel.

En este sentido, entre las noticias más importantes y que la SIP resaltó, están las siguientes: en Brasil, un tribunal del estado de Mato Grosso do Sul, condenó al autor intelectual del asesinato del periodista paraguayo Samuel Román, y ha comenzado a pagar una sentencia de 17 años y nueve meses de prisión. Brasil es el país con mayor número de condenados, 31 de un total de 15 casos.

Mientras tanto, en Argentina, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dejó sin efecto la liberación de los asesinos del fotógrafo José Luis Cabezas, quienes habían sido beneficiados en 2003 por una ley que reducía sus años en prisión. Esperamos que esta sentencia quede en firme y los asesinos vuelvan a la prisión.

Otro hecho positivo ocurrió en Perú donde a principios de octubre la Sala Penal Nacional en Lima sentenció a 15 y 17 años de cárcel a dos militares peruanos por su participación como instigador y autor material en el asesinato en 1988 del periodista Hugo Bustíos Saavedra.

En contraste, en Colombia lamentamos la excarcelación del autor material del asesinato en el 2002 de Orlando Sierra, cuyo caso retomamos el año pasado en el documental La Batalla del Silencio. El asesino cumplió cinco de los 29 años de cárcel a los que fue condenado. Se acogió a una serie de beneficios penales contemplados en la ley, pese a que el Código de Procedimiento Penal de ese país agrava las penas para los asesinos de periodistas.

En tanto, importante también fue la confirmación del proyecto de ley sobre federalización de los crímenes contra la libertad de expresión en mi país, México. A iniciativa del Poder Ejecutivo, este proyecto modificará el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal para que la Procuraduría General de la República pueda atraer los casos de aquellos periodistas que sean violentados por ejercer su profesión. Esta fue una promesa que nos hizo el presidente Felipe Calderón, y podemos decir que si esto es favorable en el Congreso de la Unión, se cumplirá un viejo anhelo de la SIP, ya que hemos pedido esta medida desde 1997 expresándosela al ex presidente Ernesto Zedillo, luego de nuestras investigaciones sobre los crímenes, todavía impunes, en Baja California y Chihuahua de Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza, respectivamente.

Como ustedes recordarán, sobre estos dos casos mantenemos conversaciones con el Estado mexicano a través del sistema interamericano de derechos humanos, y a pesar de una docena de reuniones todavía no tenemos logros concretos que anunciar. Estamos en punto muerto, y esperamos que la nueva administración de gobierno acepte su responsabilidad y cumpla con las recomendaciones que hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la reapertura de las investigaciones, la indagación sobre la posible negligencia en los procesos judiciales y la reparación de los dos casos.

Cabe resaltar que hemos iniciado otro proceso de solución con Brasil por el caso del periodista Manuel Leal de Oliveira asesinado en Itabuna en 1998. Para ello nos reunimos hace unos días en Washington, DC, en la sede de la CIDH, con representantes del gobierno de Brasil y se acordó iniciar un calendario de encuentros para dar cumplimiento a las recomendaciones que ese organismo presentó en diciembre pasado a Brasil por el caso; y se comprometieron a proseguir el proceso contra los autores intelectuales del crimen.

En este mismo sentido, continuamos un proceso con el gobierno de Colombia por el caso de Nelson Carvajal asesinado en Pitalito, en 1998.

Respecto a esto, quiero resaltar el trabajo de los periodistas de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP, quienes incluso enfrentándose a posibles situaciones de riesgo continúan su trabajo, como es el caso de Diana Calderón sobre quien hemos reclamado al gobierno colombiano medidas de protección ante indicios de amenazas en su contra.

No puedo dejar de mencionar que entre los hechos más destacados de nuestra labor este año, se encuentra la Conferencia Hemisférica “Poder Judicial, Prensa, Impunidad”, que tuvo como anfitrión a nuestro presidente Rafael Molina en su Santo Domingo en julio pasado. La SIP, en esa oportunidad, mostró su capacidad de convocatoria. Tuvimos la presencia de 24 jueces magistrados, 12 de ellos presidentes de Cortes Supremas de Justicia de las Américas.

De esa reunión, de la que participaron además jueces, abogados, políticos, periodistas y directores de medios, emanó una Declaración de Principios que sienta precedentes importantes y que nos anima a seguir pidiendo mecanismos y reformas legales como armas necesarias para combatir la impunidad.

Para luchar contra la impunidad, en la Conferencia se discutieron en forma positiva temas como elevar a jurisdicciones especiales los crímenes contra la libertad de expresión y contra los periodistas o la federalización, en los países que lo amerite; agravar las penas; no permitir que los delitos prescriban; eliminar los beneficios de excarcelación; promover entre los poderes del estado el uso de instrumentos internacionales e interamericanos y, cuando corresponda, recomendar la implementación del nuevo modelo procesal penal.
La Declaración, teniendo en cuenta la violencia que se cierne en contra de los administradores de Justicia y los periodistas, también fue rica en promover espacios de acercamiento y de conocimiento recíproco, de entendimiento mutuo, y de diálogo sobre la cultura de la legalidad y el valor de la libertad de expresión.
Esta experiencia de trabajar con los jueces, nos ha alentado a adentrarnos en nuestra propia estrategia para el período 2008 – 2011, para lo que esperamos que la Fundación James L. y John S. Knight nos siga apoyando como lo viene haciendo desde 1992. Aprovecho, en nombre de la SIP y de la Comisión que presido, agradecer al presidente de la Fundación, nuestro amigo Alberto Ibarguen, su confianza y apoyo para con nuestro proyecto.

Para este nuevo período que se iniciará en 2008, quiero resaltar que seguiremos profundizando nuestro trabajo en las cuatro grandes áreas del proyecto: advocacy, investigación, promoción y entrenamiento. Pondremos, además, especial énfasis en la cultura de la legalidad para lo cual ya hemos sostenido reuniones, al menos en México, con ministros de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Consejo de la Magistratura y con académicos.

Por último, quiero agradecer a los miembros de la Comisión que presido, a todos aquellos que nos acompañaron en las actividades de este año y, principalmente, a los 384 diarios que mes a mes, han venido apoyándonos publicando nuestra campaña de anuncios promoviendo la participación del público general y a sus lectores, sumándolos a esta lucha.

Muchas gracias.



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