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Marzo 2004, Los Cabos
Alberto Ibargüen
Presidente, Comisión Contra la Impunidad
Discurso ante la reunión de Medio Año
Los Cabos, México
Marzo, 2004


Me complace informarles de que los objetivos principales del proyecto Contra la Impunidad de la SIP fueron cumplidos con éxito en lo que respecta a promoción, investigación y entrenamiento.
Quiero agradecer muy especialmente el esfuerzo que están realizando 211 periódicos de todo el continente por publicar mensualmente el aviso de la Campaña Acabemos contra la Impunidad. El compromiso de todos estos periódicos con una contribución en espacio publicitario gratuito que sobrepasa los tres millones de dólares ha rebasado nuestra expectativa desde que empezamos esta campaña y proyecto con el apoyo de la Fundación James L. y John S. Knight.

Esta campaña, que continuaremos este año a través de medios electrónicos, nos ha permitido crear más conciencia en la ciudadanía sobre los crímenes contra periodistas. Basta un ejemplo. La navegación en nuestra página de internet www.impunidad.com se ha visto quintuplicada. De 3.000 visitas individuales promedio por mes, sobrepasamos ahora las 15.000. Gracias a ello, podemos mensualmente enviar más de 1.000 cartas o peticiones a los gobiernos para que se tomen acciones destinadas a esclarecer los crímenes publicitados.

En esta línea, y en virtud de esa presión y de las continuas investigaciones sobre casos, hemos logrado que se eleve a escala continental el índice de sentencias contra responsables de los crímenes.
De 50 casos que venimos investigando desde 1995, nuestra presión continua se tradujo en que 41 personas fueran sentenciadas como responsables de los crímenes en 19 de los casos. A 12 de esas personas se les redujeron las penas, mientras que 11 fueron liberadas.

El último arresto se produjo el 14 de enero del 2004. Uno de los cinco acusados por la muerte del brasileño Sávio Brandão fue capturado. Los otros cuatro están en prisión, incluido el instigador del crimen.
También en Brasil, en septiembre del 2003, Mozart da Costa Brasil fue sentenciado a 18 años de cárcel por el asesinato de Manoel Leal de Oliveira; Orico Rodrigues fue sentenciado a 16 años de cárcel por el asesinato de José Carlos Mesquita. En abril, José de Matos fue sentenciado a 14 años de cárcel por el asesinato de Mário Eugênio Rafael de Oliveira el 11 de noviembre de 1984. En marzo, José Ferreira de Melo fue sentenciado a 19 años de cárcel por el asesinato de José Wellington Fernández.
Mientras tanto en Colombia, en mayo del 2003, fueron sentenciados Jorge Eliécer Espinal Vásquez y Rodolfo Nelson Rosado Hernández a 39 años de cárcel por el asesinato de Guzmán Quintero Torres el 16 de septiembre de 1999; y en abril Fernando Soto Zapata, fue sentenciado a 19 años de cárcel por el asesinato por el asesinato de Orlando Sierra Hernández.

En Costa Rica, una corte local ordenó prisión preventiva para el cura Mínor de Jesús Calvo Aguilar y el empresario Omar Luis Chaves Mora, sospechosos en el crimen de Parmenio Medina el 17 de julio del 2001. En Guatemala, el congresista David Pineda Acevedo está encarcelado en espera de juicio, acusado por ordenar el asesinato de Jorge Mynor Alegría Almendáriz. Mientras que en Haití una corte local acusó a Jean Daniel Jeudi, Djemsley Millien y Mackington Phillippe como sospechosos por el asesinato de Jean Leopold Dominique el 3 de abril del 2003.

Tras siete nuevas investigaciones que efectuamos en el 2003 con nuestra Unidad de Respuesta Rápida, hemos remitido nuevas evidencias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presentamos el caso del periodista brasileño Iván Rocha, quien desapareció el 22 de abril de 1991. También ofrecimos nueva información para los casos de Zaqueu de Oliveira, Ronaldo Santana de Araújo y Manoel Leal de Oliveira, de Brasil y Nelson Carvajal, de Colombia.

Nuestra larga lucha a través del sistema interamericano está dando sus frutos. La CIDH pretende ahora una solución amistosa entre la SIP y Brasil por el caso de Aristeu Guida da Silva; y, más relevante aún es que la CIDH ha enviado a la Corte Interamericana el caso del guatemalteco Jorge Carpio Nicolle, caso con el que empezó nuestro proyecto Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas desde que lo investigamos en 1994.

Pero más trascendente aún es que durante esta semana hemos consensuado un acuerdo con el gobierno de México, a través de la Dra. Patricia Olamendi, subsecretaria para Temas Globales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para impulsar los procesos judiciales de los periodistas de Tijuana, Héctor Félix Miranda y de Ciudad Juárez, Víctor Manuel Oropeza, asesinados en 1988 y 1991 respectivamente.

Lo más importante de este acuerdo que suscribiremos este próximo lunes durante esta reunión en Los Cabos, es que marca un hito en nuestra lucha contra la impunidad. Por un lado el acuerdo acoge las recomendaciones que la CIDH le hiciera al estado de México en 1999 sobre la responsabilidad internacional en estos dos casos, solicitándole reabrir nuevamente las investigaciones y reparar los daños a los familiares de las víctimas.

Por otro lado, nosotros, dentro de esa comisión conjunta que crearemos, tendremos la oportunidad de seguir bregando por otros aspectos legales y jurídicos en México que permitan una lucha más frontal contra la impunidad y debilitar la violencia contra los periodistas, lo que nos permitirá crear antecedentes que podrán ser imitados en otros países del hemisferio occidental.
Quiero también destacar que en este mismo sentido estamos logrando significativos avances en otros países.

En el marco legal seguimos impulsando reformas como la lograda con el Código Penal de Colombia con la que se han aumentado las penas para quienes asesinan, torturan o secuestran periodistas y con proyectos de ley en México y Brasil, con los que se pretende que los asesinatos contra periodistas puedan ser atraídos a la jurisdicción federal como delitos contra los derechos humanos.
Lamentablemente, no todo son buenas noticias.

Desde nuestra reunión en Chicago, siete periodistas han sido asesinados durante el desarrollo de sus funciones profesionales: Oscar Alberto Polanco Herrera, William Soto Cheng, de Colombia; Ivannia Mora Rodríguez, de Costa Rica; Ricardo Ortega en Haití; Germán Antonio Rivas, de Honduras; Carlos Guadamuz, de Nicaragua y Antonio de la Torre Echeandía, de Perú.

El caso del cameraman Ricardo Ortega, corresponsal en Nueva York de un canal español, asesinado en Haití, es un síntoma de los nuevos vientos de violencia urbana que se registra en varios países de América Latina, tal el caso de Bolivia, Haití, Guatemala o Venezuela. Ortega fue baleado durante una revuelta callejera el domingo pasado en Puerto Príncipe cuando trataba de retratar los hechos noticiosos. Lo mismo sucedió con Julio Tortoza en Caracas en abril del 2002 y también con Héctor Ramírez en la ciudad de Guatemala en el 2003.

Atendiendo justamente esta realidad de que muchos periodistas son abatidos durante la cobertura periodística, desde el año pasado junto con la Comisión de Periodistas en Riesgo hemos lanzado un proyecto de entrenamiento para que los periodistas puedan trabajar con mayor seguridad y protección en áreas hostiles, ya sea en zonas de guerra o acción guerrillera como en conflictos urbanos.
Hemos ofrecido ya seminarios a 226 periodistas latinoamericanos a través de organizaciones tales como las firmas Centurion y CAECOPAZ, de Gran Bretaña y Argentina, respectivamente, para dotar a los periodistas de herramientas que le permitan trabajar con mayor seguridad. También hemos celebrado seminarios sobre protección a través del sistema interamericano y periodismo de investigación en ciudades del interior de Venezuela como Barquisimeto y Valencia, y otros cursos en Washington y Buenos Aires.

Como habrán podido apreciar a lo largo de mi exposición, existe una contraposición entre los avances que alcanzamos y los retrocesos a que nos tiene acostumbrado una realidad llena de violencia en los que los periodistas son asesinados en represalia por lo que dicen, escriben u opinan o por el simple hecho de tener que estar cubriendo información.
Todo esto nos da la oportunidad de intensificar nuestra lucha. Les agradezco que podamos renovar nuestro compromiso de seguir con la campaña para crear conciencia y seguir trabajando, a fin de que vayamos despertando mecanismos en todo el hemisferio para que la profesión de periodistas sea cada día más segura.



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