Carlos Quispe Quispe
29 de marzo de 2008


CARLOS QUISPE QUISPE,  Bolivia



Murió como consecuencia de una paliza que recibió, cuando desconocidos asaltaron los estudios de la radio Municipal de Pucarani, a 50 kilómetros de La Paz, Bolivia. Mientras unos delincuentes destruían los equipos de la estación radial (mezcladora de sonidos, computadora de control de emisión, cabina de locución), Carlos Quispe era golpeado y azotado con palos y chicotes. Dos días duró la agonía del estudiante de último curso de Ciencias de la Comunicación, de 31 años, en práctica universitaria.



Todo se había iniciado en la calle como una manifestación contra el alcalde de la ciudad, Alejandro Mamani. Alrededor de unas 300 personas se habían reunido junto al edificio municipal. Entre gritos y consignas el ánimo fue subiendo de tono, de molestia, de vociferantes anónimos cuyas muestras de furia iba in crescendo entre unos y otros. Hasta que invadieron el edificio. La radio quedaba en la planta baja.



Fue un caos cuando la horda ingresó destrozando lo que encontraban a su paso. Un dirigente del Comité de Vigilancia de Pucarani vio al joven reportero y dio el vamos: ¡esta es la boca que habla!, lo acusó a gritos. La gente se le fue encima. Después Julio Quisberth, negó su participación y eludió la citación del juzgado penal de El Alto, que lo sindicaba como principal imputado, desapareciendo de la comunidad.  Otros encausados (incluso algunos concejales) fueron acusados por los destrozos, pero no de la muerte de Quispe, y estos confesaron “temor por sus vidas”.



El homicidio fue descrito procesalmente como de “investigación demorada” debido a “problemas de jurisdicción”: el crimen ocurrió en Pucarani, actuó el juzgado de El Alto, y luego derivado a Achacachi. Cinco fiscales han tenido en sus manos la investigación, pero el crimen se mantiene impune.



La SIP, además de investigar oportunamente los hechos a través de su Unidad de Respuesta Rápida, puso el caso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un afán de que un pronunciamiento de este organismo influya ante el gobierno de Bolivia para que se haga justicia.