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Foro Legislativo Contra la Impunidad

El Congreso del Perú se comprometió a legislar sobre crímenes contra periodistas

En un panel referido a los crímenes contra periodistas durante un foro legislativo celebrado en Lima el 5 de noviembre en el Congreso, el presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, director del diario El Tiempo, Bogotá, Colombia, reclamó a los poderes públicos de Perú legislar para terminar con la impunidad, agravar esos delitos violentos, extender los plazos de prescripción y crear una jurisdicción especial para su procesamiento.

El Congreso del Perú se comprometió a legislar sobre crímenes contra periodistas

En un panel referido a los crímenes contra periodistas durante un foro legislativo celebrado en Lima el 5 de noviembre en el Congreso, el presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, director del diario El Tiempo, Bogotá, Colombia, reclamó a los poderes públicos de Perú legislar para terminar con la impunidad, agravar esos delitos violentos, extender los plazos de prescripción y crear una jurisdicción especial para su procesamiento.

Santos dijo que la SIP reclamaba la acción no específicamente sobre crímenes contra periodistas, sino contra todas aquellas personas que sufren represalias por su derecho a la libre expresión, así sean sindicalistas, jueces, académicos, funcionarios o simples ciudadanos.

El viceministro de Justicia, Erasmo Reyna Alcántara, aseveró que los “delitos cometidos, en agravio de un medio de prensa o un operador del sistema, merecen una especializada, oportuna, eficaz y transparente actividad del sistema de Justicia”.

Por su parte, el congresista Raúl Castro Stagnaro, de la Comisión de Justicia, agregó que si bien se debía analizar más profundamente la creación de una jurisprudencia especializada para no crear exclusiones, expresó que “es necesario implementar una serie de iniciativas legislativas para establecer sanciones severas a los agresores”.

Por último, el director de Libertad de Prensa de la SIP, Ricardo Trotti, quien tuvo a su cargo las conclusiones del panel, rescató la resolución aprobada por la organización hemisférica durante su pasada asamblea general de octubre en Madrid en la que se instó “al Poder Judicial de Perú para que adopte reformas concretas que permitan combatir en forma efectiva la impunidad que rodea a numerosos crímenes contra periodistas, atrayéndolos a instancias nacionales donde existe mayor grado de transparencia y garantía del debido proceso”.

Además recordó que el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Távara, habló en una reunión de la SIP en Santo Domingo en julio de 2007 sobre la necesidad de una reforma constitucional y legal para que se amplié los plazos de detención en caso de delitos contra periodistas, de 24 horas a 15 días, como en el caso de terrorismo y narcotráfico; se refirió además a duplicar o triplicar los plazos de prescripción y a darle un nuevo papel a las asociaciones de periodistas para que puedan participar en el proceso penal.

Ante la crítica del diputado Castro Stagnaro de que una jurisdicción especial sería “inviable” porque daría privilegios a los periodistas, Trotti añadió en las conclusiones que existe en ese sentido una percepción errada y explicó que “cuando la SIP solicita una jurisdicción especial, como la que ya existe en Perú para casos de terrorismo y narcotráfico, lo hace no pensando en los periodistas, sino en todas aquellas personas que son afectadas en su libertad de expresión o quienes sufren represalias por lo que dicen u opinan, ya sea ciudadanos comunes, funcionarios, académicos, periodistas o congresistas”.

Agregó que ese principio también fue sostenido por la propuesta de reforma constitucional que el presidente de México, Felipe Calderón, envío al Congreso el pasado 24 de octubre y que además forma parte de la Constitución de Brasil tras su reforma en el 2004.

El foro legislativo contó además con la participación del presidente del Instituto de Prensa de la SIP, Gustavo Mohme, La República, Lima; del presidente y de la directora del CPP, Luis Agois Banchero, Diario Ojo, Lima y Kela León, respectivamente. La delegación de la SIP estuvo también integrada por su director ejecutivo, Julio Muñoz.

La Declaración de Chapultepec, cuyo Art. 4 pide en materia de impunidad y asesinatos que “estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”, fue rubricada por 53 jefes de Estado, entre ellos tres presidentes peruanos: Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y el actual mandatario, Alan García.



Documentos

Dircurso Enrique Santos Calderón
Congresista Raúl Castro Stagnaro


6
2013
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