Discurso por MARTHA ELVIRA SOTO FRANCO

MARTHA ELVIRA SOTO FRANCO

Cuando la SIP me pidió que viajara a Nuevo Laredo a dictar una charla sobre cómo la prensa de mi país ha cubierto la información sobre el narcotráfico, las autoridades colombinas estaban iniciando una investigación sobre una amenaza que recibí el 5 de diciembre pasado.

Es la segunda amenaza seria que recibo en 12 años de carrera y me puso a reflexionar sobre qué les iba a decir a ustedes hoy (porque ese día tenía mucho miedo).

Entonces, me di cuenta de dos cosas importantes: la primera, que estaba viva para reflexionar y la segunda, que las amenazas que reciben los periodistas significan que estamos incomodándoles a los delincuentes, que estamos revelando lo que ellos quieren ocultar y que, por ende, estamos cumpliendo con nuestro deber.

Y, en mi criterio, esas son razones suficientes para que todos nosotros estemos acá reunidos, esperando conocer alguna fórmula eficaz para seguir escudriñando y sacando a la luz lo que narcos y autoridades corruptas (incluidos políticos, jueces, policías, dirigentes y sectores de la
sociedad) no quieren que se sepa.

Por eso, de inmediato me di a la tarea de empezar a recoger el material que, en una situación como la que ustedes están viviendo, a mí me gustaría escuchar en una charla bautizada 'Dificultades, peligros, logros y desafíos del periodismo colombiano, en la cobertura del narcotráfico'.

Para entrar en materia y a manera de contexto, ustedes saben bien que mi país se disputa con México el deshonroso primer lugar en el asesinato de periodistas y en el negocio del narcotráfico.

En mi criterio personal, Colombia ha vivido tres etapas bien definidas en torno a este fenómeno: la del terrorismo, por parte del Cartel de Medellín; la de la compra de coincidencias y la corrupción de autoridades, que ejecutó a la perfección el Cartel de Cali; y la que estamos viviendo, una mezcla de ambos escenarios cuyo autor principal se llama el narcoparamilitarismo.

La primera etapa se inició en la década de los 80 cuando el fenómeno empezó a crecer y a permear las diferentes capas de la sociedad colombiana: la política, el fútbol, los reinados de belleza...

Entre 1981 y 1989 fueron asesinados en Colombia 33 periodistas, entre ellos, reporteros y directores de medios como don Guillermo Cano (director de El
Espectador) a quien la mafia del cartel de Medellín, específicamente Pablo Escobar, mandó a asesinar el 17 de diciembre de 1986, para después dinamitar las instalaciones del diario, tal vez el más valiente en ese momento) en sus denuncias. Un informante alcanzó a avisarles a los directivos del EL TIEMPO que una volqueta repleta de explosivos iba a ingresar a las instalaciones del diario y gracias a ello, el periódico se salvó de ser volado.

Pero Vanguardia Liberal, diario de Santander (un departamento en el oriente de Colombia), no corrió la misma suerte. Tampoco Jorge Enrique Pulido, director de un noticiero de televisión, que fue asesinado por el mismo cartel el 8 de noviembre de 1989: al menos una decena de periodistas fueron amenazados.

Algunos se fueron del país, otros decidieron permanecer. pero sin importar cual haya sido su opción, buena parte de la prensa decidió unirse con dos fines específicos: ser más eficientes en el oficio de delatar a un monstruo que nunca habíamos enfrentado y protegerse.

Se creó entonces un pool de medios que investigaba conjuntamente temas específicos y que publicaba de manera simultánea. Este mecanismo, que según tengo entendido ustedes ya están poniendo en práctica, se tomó del llamado 'proyecto Arizona', de E.U.: nombre que recibió el trabajo investigativo realizado por un puñado de periodistas luego de que en 1976 la mafia asesinó al reportero Don Bolles.

"Una de las cosas más valiosas de ese momento fue la solidaridad de los medios que dejaron de lado la competencia. Recuerdo que El Espectador tuvo que cerrar la oficina en Medellín por las amenazas a su corresponsal y El Tiempo le pasaba las informaciones hechas por sus periodistas para que las publicara. aparecían sin nombre y datadas en Bogotá, lo mismo que las que publicaba El Tiempo para proteger a los autores", me dijo el martes Ana Lucía Duque, periodista que vivió de cerca esta época de terror.

Por supuesto que nos amedrentaron. Los carrobombas y sus consecuencias tenían al país confundido y al Gobierno, por momentos, acorralado. Pero esa parte buena de la sociedad se unió para cerrarles las puertas a los violentos con leyes, medidas, denuncias...

En resumen, y en lo que nos compete, se unieron esfuerzos, datos y fuentes de curtidos reportero y de poderosos medios y el resultado del trabajo en equipo permitió, entre otras cosas, dejar al descubierto el andamiaje del narcotráfico de ese momento: se publicaron nombres, prontuarios, sectores de influencia, rutas... Fueron en total cinco exitosos trabajos

El lema de ese grupo es el mismo que hace unos meses nos obligó a reactivar el pool: pueden callar a un periodista pero no a sus investigaciones.

Y aquí empezamos a entrar de nuevo en el campo de las dificultades:
Muchos directores de medios no tenían la capacidad de dedicar un grupo de reporteros para que trabajaran exclusivamente en este pool, y (especialmente los regionales) manifestaron su temor de seguir en el proyecto por considerar que estaban más expuestos que otros. Uno de ellos fue El Colombiano cuya sede es la ciudad de Medellín, la misma del cartel de Pablo.

Pero lo más grave no fue eso. Lo más grave, para mí, fue que algunos periodistas empezaron a caer en una trampa mortal: buscar información del temible cartel de Medellín con sus enemigos, el también temible pero discreto cartel de Cali, de los hermanos Rodríguez Orejuela.

Incluso, las autoridades empezaron a trabajar en llave con ellos, convirtiéndose esto es un círculo vicioso: la prensa conseguía información de las autoridades y las autoridades del cartel de Cali.


Es más, uno de los mejores policías del país, que enfrentó a Pablo Escobar., terminó trabajando para narcos de Cali y del Valle. Hace un año lo mataron en momentos en que intentaba aclarar su situación con la DEA.

Para serles franca, se terminó, así, haciendo una especie de 'alianza tácita' con un sector de la mafia para combatir a otro sector de la misma mafia. Y ese es el segundo punto que anoto en la columna de dificultades, por no llamarla de grandes errores.

Eso no quiere decir, claro está, que yo no esté de acuerdo (aunque algunos me censuren) de acudir a este tipo de fuentes para desarrollar investigaciones. Es más, me he nutrido de ellas con mucha frecuencia y gracias a eso hemos hecho revelaciones como la existencia de Barush Vega el hombre que nos permitió probar que la DEA sí negociaba con narcos. La propia DEA nos desmintió públicamente y nuestra competencia sacó el desmentido en carátula. Luego, el tiempo nos dio la razón.

Pero se debe saber cómo hacerlo: y ese será tema del final de mi charla sobre metodología de investigación, que será en unos cuantos minutos.

Lo cierto es que, a raíz de esa 'alianza táctica', muchos quedaron en deuda con esos delincuentes que entregaron información de primera mano sobre Pablo Escobar y su cartel, lo que permitió que el Cartel de Cali se fortaleciera pues durante un buen tiempo nadie se ocupó de perseguirlos. Literalmente, bajamos la guardia.

Y ahí fue cuando, según mi división arbitraria, el país entró en la segunda etapa del narcotráfico.
El Cartel de Cali ya no ponía bombas ni asesinaban periodistas -o al menos no tan seguido- sino que los compraba. Terminaron siendo dueños y señores de emisoras y para llegar hasta la política usaron como emisario a uno de los
nuestros: el curtido periodista Alberto Giraldo, que era bien recibido por la mayoría de dirigentes de la época.

En un allanamiento realizado por la Policía en 1993, se encontró la lista de beneficiaros de ese cartel: figuraban varios reporteros y, claro, autoridades y políticos. Cuando nos despertamos de ese letargo, el cartel tenía en su nómina a contralores de la república, procuradores, congresistas y hasta a una campaña Presidencial. Fue lo que se llamó el Proceso 8.000.

¿Qué fue lo que pasó?
Tampoco estábamos preparados para enfrentar al mismo monstruo, pero con diferente ropaje.
Para ejercer nuestro trabajo entramos a depender casi exclusivamente de las fuentes oficiales y de las filtraciones. La investigación propia quedó relegada. Publicábamos lo que ellos querían, lo importante era salir con una primicia. Además, era frecuente encontrar capítulos sueltos de una misma historia sin que alguien hiciera un alto en el camino para hilarlos.

Para ser más gráficos, disparábamos a todos lados sin tener un blanco específico.
"El 8.000 dejó al descubierto la precaria preparación de los medios para hacerles un seguimiento investigativo, activo, sistemático a los procesos, sobre todo a uno tan enredado y tan colmado de intereses enfrentados", dice una investigación realizada por María Teresa Ronderos y Ernesto Cortés -dos
periodistas- sobre los errores en la cobertura periodística de la época.

Con poca modestia tengo que señalar que la UNIDAD INVESTIGATIVA de EL TIEMPO, dirigida entonces por Alejandro Santos y de la que yo ya hacía parte, no salió tan mal librada. También revistas como Semana.


Pero también nos equivocamos. Por ejemplo, nos demoramos en compartir información con otras secciones del propio periódico y con otros medios.
Luego, nos dimos cuenta de que lo importante era que la noticia saliera, sin importar dónde.

En cualquier caso, y por fortuna, hubo una importante purga de políticos, abogados, fiscales y personas de la sociedad ligadas al narcotráfico.
Incluso, uno de ellos terminó viviendo en México.

La reflexión es que el trabajo hubiera podido ser mejor si no hubiéramos servido de idiotas útiles al publicar solo los apartes de las piezas procesales que nos daban y que tenían un interés específico.

Incluso, hay un mito al respecto: que tan solo nos filtraros 200 nombres de beneficiarios del cartel y en un sótano están guardados más de mil. Así que se nos quedaron entre el tintero muchos nombres de beneficiarios que aún posan de honorables personajes.

Y ahora, señores, estamos metidos de cabeza en otra etapa de este fenómeno que es aún peor que las dos anteriores por que es una mezcla maligna y explosiva de lo peor de estas.

Se llama el narcoparamilitarismo: Compran políticos, tienen permeada a buena parte de la sociedad y también amenazan periodistas y los obligan a salir de sus territorios o a que se autocesuren por el miedo.

Se trata de una amalgama entre narcotraficantes puros (nuevos carteles y herederos del de Cali y del de Medellín) y las llamadas autodefensas. Estas últimas nacieron a principios de los 80 como ejércitos privados que protegían ganaderos y terratenientes de las acciones de la guerrilla que les exigía aportes, los secuestraba y hasta les dinamitaba sus tierras.

Pero entre sus clientes empezaron a aparecer narcotraficantes que necesitaban proteger sus cultivos o sus propiedades y los armaron hasta los dientes, les trajeron instructores de Israel y los fortalecieron.

Hoy, unos y otros son lo mismo y la estrategia que usaron para penetrar a la sociedad les está resultando más eficiente que el terrorismo usado por el Cartel de Medellín o los sobornos utilizados por el de Cali.

Empezaron por pedirles contribuciones a las autoridades locales, luego les exigieron contratos y más adelante impusieron a sus candidatos a estos cargos. Por esta vía, los propios paramilitares reconocieron que el 35 por ciento del Congreso elegido en el 2001 eran de su corriente.

La semana pasada, importantes sectores de la política que apoyan la reelección del presidente Álvaro Uribe, expulsaron de sus listas al Congreso a cinco congresistas por presuntos vínculos con paramilitares, o mejor, narcoparamilitares.

EL TIEMPO reveló (en exclusiva) que el detonante de este escándalo fue una reunión a la que asistieron algunos de esos políticos con el jefe paramilitar 'Jorge 40'. En ella se seleccionó a los candidatos al Congreso que su organización apoyaría y se vetaron otros nombres: estos últimos recibieron amenazas y retiraron sus candidaturas.

La penetración en grandes negocios -como los juegos de azar y los equipos de fútbol- también es evidente y más aún ahora que están en pleno proceso de desmovilización y, para entrar a la legalidad, están intentado blanquear sus fortunas a como dé lugar.


Estos señores son los autores de las amenaza a dos periodistas de EL TIEMPO -medio de comunicación que se la ha jugado con el tema y que incluso recibió dos reconocimientos el año pasado debido a esa labor investigativa y de denuncia.

Pero la principal preocupación son los periodistas regionales. Ellos están en las mismas localidades en donde estos narcoparamilitares tienen sus feudos lo que los tiene postrados informativamente.

Han caído en una autocensura que yo misma experimenté en diciembre cuando preferí guardar unas semanas un tema caliente con el propósito de que las amenazas se 'enfriaran'.

Esta autocensura, sumada a las amenazas y al asesinato de periodistas, nos llevó a revivir el pool que en los últimos dos años ha publicado tres trabajos, copias de los cuales les entrego enseguida.

Pero este tipo de alianzas tienen inconvenientes: no todos los reporteros tienen la misma disposición, tiempo y habilidades para investigar.

Esto se traduce en que algunos trabajan más y mejor que otros y el problema es que la calidad del trabajo depende de todos. A eso se une el hecho de que el medio también te exige que entregues investigaciones propias, exclusivas y como dice el refrán: 'no se pude dar misa y pedir limosna al mismo tiempo'.

Por eso creo que este mecanismo se debe usar solo en casos excepcionales en donde realmente sea peligroso publicar. Pero esa es la visión de una periodista de Bogotá: para los periódicos regionales esa es casi la única forma de asegurar un buen informe sobre temas delicados.



SOBRE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La metodología investigativa usada en EL TIEMPO es la misma que ustedes
aplican: aquí no hay nada que inventar. Pero, sin duda, cuando se trata de narcotráfico, tomamos precauciones adicionales.

Estamos tratando de aprender de los errores del pasado para enfrentar este nuevo reto periodístico.
Ahora, nuestras fuentes ya no son exclusivamente las autoridades, aunque hay que reconocer que en algunos casos encabezan la lista. A este respecto, hace poco nos dimos cuenta que estábamos recibiendo mucha información de primera sobre una de las alas del cartel del Norte del Valle (la de Diego Montoya Sánchez, 'Don Diego') y muy poca sobre otra de ellas: la de Wilber Varela, 'Jabón'.

Entonces, averiguamos que 'Varela' estaba filtrando la información y así, neutralizando de alguna manera datos en su contra. Nos dimos entonces a la tarea de buscar información sobre él y, claro, también acudimos a personas cercanas a Diego Montoya.

Ese trabajo mancomunado con delincuentes, autoridades, funcionarios, jueces, etc., es lo que Gerardo Reyes llama en su libro 'equipos forzados', un tema del cual, si mis predicciones no fallan, él ya les habló.


En cualquier caso, permítanme recordarles que a veces se trata de la única
alternativa para conseguir algún tipo de información

Cuando nosotros nos reunimos con fuentes de la mafia, aplicamos una especie de protocolo.
Siempre hay más de un periodista presente, los jefes de redacción y directores están enterados y, si el caso lo amerita, dejamos un acta de la reunión. Ese protocolo se lo hacemos saber a la fuente en algún momento de la reunión para que sepa que alguien más sabe de nuestras reuniones y así cubrirnos un poco.

Obviamente, la información que estos suministran siempre se confirma con terceros y si creemos que vamos a correr algún peligro, informamos a autoridades de confianza (por que en Colombia también hay autoridades en las que no se confía) sobre nuestro desplazamiento. Solo lo hacemos en casos de emergencia.

Muchos periodistas no son partidarios de aceptar ese tipo de 'colaboración', me refiero a la de fuentes como la propia mafia.

Al respecto, simplemente quiero hacer referencia a un reciente artículo escrito por Carlos Fuentes, a propósito de la película sobre el libro 'A sangre fría' de Truman Capote:

Carlos Fuentes dice que tanto Capote necesitaba a los asesinos como los asesinos a Capote.
"No hay noticia sin diablos. No hay novela sin demonios", dice y añade que duda mucho que haya un solo escritor (periodista o novelista) que no se sienta rozado por esa verdad de Capote.

También se pregunta "¿Qué sería de nosotros en un mundo paradisíaco, poblado solamente por ángeles?
Hace tres años, un narco nos narró cómo Luis Javier Castaño Ochoa, un congresista de mi país, había sido condenado por lavado de activos y narcotráfico en Estados Unidos. También nos contó que había llegado a un acuerdo con la DEA lo que le permitió recuperar la libertad y, además, que su expediente estuviera casi sepultado en una corte de E.U.

Sin el dato del narco, tal vez el congresista seguiría ocupando su curul. En su defensa, le dijo a la las autoridades que nosotros habíamos recibido dinero del narco soplón, pero todas las conversaciones con este fueron grabadas y era la mejor evidencia de que actuamos con transparencia. Además, teníamos los documentos del caso.

Sobra decirles que de lo que se trata es de blindarse documentalmente ya que algunos narcos eligen las vías legales para combatirnos. Nos empapelan judicialmente o nos asustan con sus abogados para congelar nuestras investigaciones.

En este punto, EL TIEMPO tiene a nuestra disposición un grupo de abogados que, cuando lo solicitamos, nos miran las notas desde el punto de vista judicial y nos acompañan en los procesos. Esto es una gran ayuda.

También sobra decirles que nuestra vida personal no debe dejar tacha alguna.
Leyendo los casos de los periodistas asesinados en Nuevo Laredo noté que intentaron montar móviles diferentes a la mafia (como un supuesto seguro de vida y una pelea por celos). Es muy difícil escapar de un montaje, pero si nuestras actuaciones son transparentes, es más difícil que lo hagan.

En fin. Cambiemos abruptamente de tema.
Nosotros también intentamos integrar a otras secciones del periódico en las investigaciones, -en una especie de pool interno- para aunar esfuerzos y explorar otros ángulos del tema, como el económico. Hace poco, por ejemplo, hicimos un buen informe sobre lavado de activos de la mafia y el apoyo de las otras secciones fue definitivo.

Con esto, de paso, logramos que la atención no se focalice únicamente en los reporteros de la UNIDAD INVESTIGATIVA.
Y cuando trabajamos solos, les hacemos saber (o mejor, creer) que hacemos parte de un equipo más grande y que tan solo estamos verificando un dato específico.

También tratamos de viajar a las regiones para realizar el trabajo de reportería y dejar a salvo a nuestros corresponsales.

En cualquier caso, procuramos siempre tener claro que somos simples contadores de historias, que no podemos suplantar ni reemplazar el trabajo de las autoridades y que se debe saber hasta dónde llegar. Pero por favor no me pregunten cuál es el límite.

Gracias.