EL CRIMEN

Oropeza, originario de la ciudad de Puebla en el centro de México, residía en la norteña Ciudad Juárez desde los últimos treinta años. Se inició en el periodismo como colaborador ocasional para varias publicaciones. Fue un hombre influyente en su ciudad adoptiva, destacándose en la organización de campañas cívicas contra la corrupción, el fraude electoral y otros males que afectaban a esta localidad en la frontera con los Estados Unidos. En 1986, los editores del Diario Juárez lo invitaron a escribir en el periódico. Con su columna diaria titulada "A Mi Manera", Oropeza se transformó en un periodista muy influyente, destapando actos de corrupción, criticando a las autoridades por violaciones a los derechos humanos y denunciando la injerencia que los grupos de narcotraficantes comenzaban a tener en la ciudad.

Entre 1986 y 1992, Ciudad Juárez, por su proximidad con los Estados Unidos se transformó en una ciudad clave para los narcotraficantes. Nació entonces el Cartel de Juárez, dominado por los capos Rafael Aguilar Guajardo, Rafael Muñoz Talavera y Amado Carrillo Fuentes, el cual se volvió poderoso y comenzó a corromper a integrantes de la Policía Judicial Federal (PJF) y la Policía Judicial del Estado (PJE).

Oropeza pasó de criticar fraudes electorales a señalar a policías que en lugar de proteger el orden público, encubrían o participaban en las acciones violentas de los narcotraficantes en su intento por controlar la zona.

En sus últimas columnas, atacó duramente al comandante Elías Ramírez de la policía federal y a Javier Coello Trejo, subprocurador especial de Combate al Narcotráfico. En esos días Oropeza comenzó a recibir amenazas anónimas. Una voz masculina desconocida le advirtió por teléfono: "Se le pasó la mano doctorcito y se va a acordar de nosotros", según recordó su viuda y segunda esposa Patricia Martínez Téllez.

Siempre que escribía sobre corrupción e irregularidades en la Procuraduría General de la República (PGR) las amenazas se reanudaban. "Siempre era la misma persona y con voz de hombre. Nunca dimos aviso a la policía, pero él a través de sus columnas lo hizo público", recordó su esposa.

Oropeza fue asesinado un día después de regresar de un viaje por diferentes estados de México, en el que entrevistó a varios candidatos a gobernador. Su hijo menor, que usualmente lo acompañaba en el consultorio médico, no estuvo esa tarde, por lo que los asesinos lo encontraron solo.

Los últimos que le vieron con vida fueron Rosalba Chavarría de Azamar y Edmundo Azamar Gómez, una pareja de ancianos que atendió una consulta médica aproximadamente a las 19:30 horas. Declararon que al salir del consultorio encontraron a cuatro hombres, entre veinte y veinticinco años de edad, sentados en la sala de espera.

Edmundo Azamar observó, cuando se marchaba, que uno de los sospechosos entró a la sala de consulta de Oropeza.

Varias personas fueron testigos de los movimientos de los asesinos. Un vecino dijo a la policía que uno de los jóvenes vigiló el consultorio por varios minutos antes de reunirse con sus cómplices y entrar al lugar. Otra paciente que estuvo antes que la pareja de ancianos, también declaró que cuando salió del consultorio vio a un joven observar sospechosamente el edificio.

La policía ignoró todas esas descripciones.

Todos los testigos declararon haber visto a cuatros sujetos, pero la policía insistió en su informe final que los asesinos fueron solo tres.

Oropeza fue asesinado de 14 puñaladas. Según el informe forense, se opuso con energía al ataque, aunque su resistencia rápidamente decayó por la pérdida de sangre.

Los asesinos no robaron ningún objeto de valor, ni 1.000 dólares en moneda mexicana que se encontraban en el consultorio, razón por la que se considera que el crimen fue en represalia al trabajo periodístico.

José Guadalupe Bolaños García, un vecino que estaba esperando a que lo recogieran en un carro, dijo a la policía que los cuatro sospechosos cerraron la puerta de un portazo y se retiraron caminando normalmente.

Esa noche la esposa de Oropeza pasó por el consultorio a las 21 hs. con la intención de recoger a su marido para irse juntos a casa. Golpeó insistentemente la puerta pero no recibió respuesta. Vio que la luz de la sala de consulta estaba encendida y la de la sala de espera apagada, cuando normalmente su esposo trabajaba con todas las luces encedidas. Su carro estaba estacionado a unos metros de la oficina, en el lugar de siempre.

Preocupada, regresó a su casa y al no encontrar tampoco ahí a su marido pidió a José Alejandro, hijo menor de Oropeza, quien tenía otra llave del consultorio, que la acompañara para averiguar qué ocurría. Finalmente, cerca de la medianoche, encontra ron al periodista muerto en su oficina tendido sobre su sillón.

LA INVESTIGACION

La procuraduría federal tomó control del caso Oropeza en una decisión extraordinaria, ya que el homicidio no debió haber salido de la jurisdicción estatal.

La procuraduría asignó al fiscal especial Rafael Aguilar García como encargado del caso. Las investigaciones directas quedaron en manos de la policía federal y de la estatal, quienes tenían cierta animadversión al caso por los ataques que el periodista había deparado contra las instituciones y sus jefes.

La participación de policías de ambos organismos en la misma jurisdicción siempre fue un tema de preocupación para los colegas y familiares de Oropeza, quienes todavía sospechan que la policía pudo estar involucrada en la planificación y ejecución del homicidio.

La policía estatal encargó a Refugio Ruvalcaba Muñoz, comandante de la Zona Norte, iniciar las investigaciones. Algunos alegaban que este oficial tenía estrechos nexos con los narcotraficantes, aunque luego fue asesinado por éstos por ser también informante de las autoridades de los Estados Unidos.

Horas después del homicidio de Oropeza, Ruvalcaba Muñoz declaró que los veinte integrantes del Departamento de Homicidios participarían en la investigación. Algunos oficiales revisarían las columnas que el periodista había publicado en el último año. Otros investigarían su vida privada y otros indagarían a los delincuentes que merodeaban el área del consultorio. Sin embargo, no hay evidencias sobre esta investigación.

Colegas y familiares de Oropeza dijeron a la SIP que la policía estatal nunca revisó las columnas ni solicitó la declaración de otros periodistas. Si así lo hubieran hecho, tendrían que haber citado las últimas columnas del periodista, que atacaban duramente al mismo órgano policial y que su viuda piensa pudieron haber contribuido en el asesinato.

Una columna publicada un mes antes del asesinato se titulaba: "Los policías judiciales ¿jueces y verdugos?". Oropeza acusaba a la policía estatal de extorsionar, torturar y asesinar a un detenido, cuyo cuerpo apareció en la orilla del Río Grande.

Al comienzo de la investigación, los policías realizaron redadas ilegales entre indigentes de la calle, jóvenes callejeros dedicados a lavar automóviles y drogadictos.

Varios detenidos se quejaron de torturas, lo que guió a la CNDH a comenzar su propia investigacion. En ese período persistían insinuaciones de que Víctor Oropeza mantenía relaciones homosexuales con uno de los jóvenes detenidos. Sin embargo, la policía retiró esa versión después de que otros dos sospechosos aceptaron la culpabilidad en el crimen.

Marco Arturo Salas Sánchez y Sergio Aguirre Torres se declararon culpables y señalaron como cómplice a Samuel Reyes de la Rosa, a quien la policía no pudo ubicar. Actualmente, Reyes está encarcelado en Texas por otro homicidio cometido en 1991.

Cuando fueron presentados al juez, los dos detenidos revelaron haber sido golpeados y presionados para declararse culpables. Una revisión de las declaraciones de los dos detenidos indicaría que ellos no tenían idea de cómo había ocurrido el crimen.

La CNDH y el grupo estadounidense de derechos humanos, Americas Watch, corroboraron las denuncias de tortura de los detenidos.

Los dos detenidos fueron liberados casi de inmediato, después de que el 7 de febrero de 1992 la CNDH diera su informe sobre el caso Oropeza y recomendara su liberación. Ese informe indicó que los sospechosos fueron torturados como así también que existían irregularidades en la investigación. También se pidió que se investigue a la viuda y su hermano Armando Martínez Téllez por su posible participación en el crimen, basado en el testimonio de dos testigos no identificados.

El informe tuvo tres consecuencias: se liberó a los detenidos, la procuraduría estatal despidió a funcionarios y policías y la investigación se empantanó.

Aunque jamás se presentaron pruebas contundentes que señalen la culpabilidad de la viuda y su hermano, el hecho atrajo una polémica entre familiares directos y políticos de Oropeza, lo que ayudó a paralizar aún más investigación.

Durante la etapa investigativa posterior, en que el expediente fue enviado a la capital del país y retornó a Ciudad Juárez, numerosos documentos se extraviaron. Ello imposibilitó y dificultó futuras investigaciones.

Luego, el 14 de octubre de 1995, es decir tres años después, la CNDH envió a la procuraduría estatal 139 fojas de antecedentes y siete audiocintas con entrevistas a los hijos de Oropeza, José Alejandro y Víctor Manuel, tratando de aportar pruebas que involucran a la viuda y su hermano.

Sobre la base de esas acusaciones, totalmente infundadas según los sindicados, la familia de la viuda inició su propia investigación y entregó su propia versión de los hechos al subprocurador Jorge López Molinar. Acusan al gobierno "panista" del estado de Chihuahua, especialmente al gobernador Francisco Barrio Terrazas, de haber tenido poca voluntad política para resolver el crimen y, además, involucran a los propios hijos de Oropeza.

Patricia y Armando Martínez Téllez han recurrido a varios organismos internacionales en procura de una condena a la recomendación de la CNDH en su contra.

TESTIMONIO IGNORADO

Por otra parte, llama la atención que los investigadores hayan ignorado una posible pista que podría esclarecer en parte el crimen de Oropeza. La procuraduría estatal pareciera no haber considerado una declaración de una persona que se autoconfesó como uno de los autores materiales del crimen. Un individuo que se identificó como "Chuy" Molina le confesó a un periodista del Diario de Juárez en 1995, que él y otras cuatro personas habían participado del asesinato.

En esas audiocintas, producto de entrevistas telefónicas y personales, el presunto asesino involucró como a sus cómplices a un tal Mauro Tovar, a un exagente de la policía de caminos de apellido José Parra (asesinado en 1994), a otro joven que no identificó y a una persona de cabello cano y peinado hacia atrás quien daba las instrucciones. A esta última, la vinculó a la procuraduría federal y, al mismo tiempo, a los narcotraficantes.

Varios hechos que Molina relató, coinciden con evidencias encontradas por la policía y con descripciones de testigos, apenas cometido el crimen. Como por ejemplo, que no pudieron asesinar a Oropeza una semana antes según las instrucciones recibidas, ya que la víctima no estaba en Ciudad Juárez; que cuatro individuos entraron al consultorio y solo dos de ellos a la sala de consulta apenas se marchó una pareja de pacientes; que luego de matar al periodista no se llevaron nada de valor aunque debían hacer que el crimen aparentara un robo; que se olvidaron una bolsa de plástico y se les cayó un par de lentes.

Molina también ahondó en varios otros detalles tales como, los 20.000 pesos que cada involucrado recibió; cómo se escaparon, todavía de día, en un volkswagen azul conducido por el quinto individuo que daba las instrucciones; y, entre otros elementos, que en el forcejeo con Oropeza se cortó una mano.

Entre las evidencias recabadas la noche del crimen, la policía recogió muestras de dos tipos de sangre, una de Oropeza y otra de un no identificado, y encontró una bolsa de plástico y un par de lentes.

Las audiocintas con una descripción pormenorizada de este supuesto asesino no fueron publicadas por el Diario de Juárez, aunque se entregaron para su análisis a la procuraduría estatal.

CRONOLOGIA: VICTOR MANUEL OROPEZA

Julio 11, 1990
Víctor Manuel Oropeza Contreras inicia una serie de columnas destapando actos de corrupción e ilegalidad en la Policía Judicial Federal y la Policía Judicial del Estado de Chihuahua.

Enero 24, 1991
Se jacta en su columna de haber tenido injerencia en la destitución en esos días de Elías Ramírez, comandante de la delegación de la policía federal en Chihuahua, por sus acusaciones de corrupción.

Mayo 8
Acusa a la policía federal de no haber investigado a fondo las acusaciones contra Ramírez, a quien culpó de homicidio y extorsión.

Mayo 30
Denuncia la muerte sospechosa de un detenido de la policía estatal, cuyo cuerpo fue abandonado con señales de tortura y balazos a orillas del Río Grande.

Julio 3
Es asesinado a puñaladas.

Julio 4
La familia y la policía descartan que el asesinato fuera un robo frustrado. Los asesinos no se llevaron dinero, joyas, ni documentos u objetos de valor del consultorio. Oropeza había ignorado varias amenazas. La Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos de Chihuahua solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una investigación y pide garantías para los periodistas en el área.

Julio 5
El procurador estatal, José Miller Hermosillo, encabeza investigaciones del homicidio. Admite que se carece de pistas para comenzar. La investigación se encargó a la policía estatal y a la policía federal, entidades duramente atacadas por Oropeza.

Julio 6 al 10
La policía acusa a Marco Arturo Salas Sánchez, Sergio Aguirre Torres y Samuel Reyes de la Rosa, delincuentes comunes en el área, de ser los presuntos asesinos de Oropeza. Salas y Aguirre son arrestados. Reyes no es ubicado por la policía y luego es detenido por otro homicidio no relacionado en El Paso, Texas. La CNDH recibe quejas de que las detenciones ocurren tras sospechosas redadas callejeras que la policía conduce días después del asesinato, cerca del consultorio.

Julio 11
Salas y Aguirre se declaran inocentes ante el juez penal y aseguran que firmaron sus declaraciones bajo torturas y amenazas.

Julio 11
Peritos de la procuraduría estatal emiten un informe sobre muestras de sangre tomadas en el consultorio. Se detecta un tipo de sangre distinto al de Oropeza. Esta evidencia es ignorada por los investigadores.

Sept. 3
Comienzan desavenencias entre los hijos del primer matrimonio de Oropeza, José Alejandro y Víctor Manuel, y su viuda Patricia Martínez Téllez, quienes se acusan mutuamente de participar en el crimen. A petición de los hijos se practica una autopsia al cadáver.

Dic. 20
La viuda demanda a los hijos del periodista por calumnias.

Feb. 7, 1992
La CNDH critica los métodos usados por las autoridades para investigar el asesinato. Pide que se ponga en libertad a los dos detenidos y que se investigue a la viuda y a su hermano, Armando, por posibles nexos con el asesinato. El informe es duramente cuestionado por familiares y colegas de Oropeza. El presidente de la Comisión, Jorge Carpizo McGreggor, había sido blanco de las críticas del periodista. La familia estima que se trata de echar un manto de confusión sobre el caso.

Feb. 15
Debido a las acusaciones de la CNDH, que documenta la tortura y las irregularidades en la investigación, la procuraduría estatal se ve forzada a despedir a funcionarios y policías que participaron en el inicio de la investigación. Son despedidos Refugio Ruvalcaba Muñoz, comandante de la Policía Judicial del Estado; Felipe Pando Jáquez, jefe del grupo investigativo y José Luis Yepson Núñez, jefe de Identificación Criminal. Ruvalcaba y Pando habían sido criticados por Oropeza. Dos años después, Ruvalcaba aparece asesinado en Ciudad Juárez junto con sus dos hijos. Los cuerpos exhiben la tradicional señal de un moñito amarillo, que significa muerte a los soplones. Las muertes nunca son aclaradas.

Febrero 15
El periódico Norte de Ciudad Juárez publica en su primera plana una fotografía del consultorio donde asesinaron a Oropeza, mostrándolo totalmente vacío y desmantelado. Esta es una grave irregularidad ya que continuaba la investigación y el sitio supuestamente debía estar protegido para no alterar evidencias.

Abril 23, 1993
La nueva delegada de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chihuahua, Teresa Jardí Alonso, destituye de su nuevo cargo federal, a José Luis Yepson Núñez como experto de varias agencias investigadoras.

Mayo
La PGR decide retomar el caso Oropeza. El nuevo procurador general, Jorge Carpizo McGreggor, expresidente de la CNDH, toma la decisión y lo informa a través de la delegada Jardí. El expediente se traslada a la Ciudad de México donde la investigación se estanca. Meses después el expediente regresa a Ciudad Juárez. La viuda de Oropeza acusa que varios documentos del expediente se han extraviado durante el traslado. Para la procuraduría estatal la investigación termina en el mismo punto: la culpabilidad de Aguirre y Salas.

Julio 12, 1994
El subprocurador de la Zona Norte de la procuraduría estatal, Felipe Terrazas Morales, solicita a la CNDH que informe el nombre o nombres de las personas que señalaron los nexos de Armando Martínez Téllez, hermano de la viuda, con agentes de la policía federal, según la recomendación 13/92. Además solicita copias de las grabaciones de las entrevistas a los hijos de Oropeza, José Alejandro y Víctor Manuel.

Sept. 22
Armando Martínez acusa en la querella 2704/92-03 ante la procuraduría estatal, a los hijos de Oropeza de estar involucrados en el homicidio. Basa su denuncia en su propia investigación, concluyendo que existían diferencias crónicas entre el periodista y sus hijos, polémica que después del asesinato se extiende a la viuda por cuestiones de herencia.

Oct. 14
El coordinador general de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH envía al representante del Gobierno de Chihuahua en Ciudad de México, Salvador Beltrán del Río, 139 fojas de copias de la averiguación previa 638/91 que se abrió en la procuraduría estatal para investigar el homicidio. Además entrega siete audiocintas con las entrevistas a los hijos.

Dic. 2
Martínez se queja de que la CNDH no reveló los nombres de las personas que lo involucraron al crimen y como amigo de policías.

Mayo 22, 1996
Jorge López Molinar, nuevo subprocurador de la Zona Norte, asegura que las investigaciones del homicidio no se han abandonado, pero no revela si hay avances. Señala que se han seguido otras pistas, aunque sin éxito.