Donde hubo fuego miedos quedan, sin embargo. Sobre todo, si de un pariente asesinado se trata. Asesinado por motivos profesionales, políticos o personales. O por una rara mezcla de esos factores. Y de otros, quizá. Derivada, en el caso de Medina Velázquez, en un grosero atentado a balazos, el 5 de enero de 2001, mientras iba en motocicleta por la polvorienta y desolada calle 1° de Marzo, de Capiibary, con su hermano Gaspar, conductor de un programa de música en la radio, milagrosamente ileso. Otro de sus hermanos, Pablo, es el corresponsal en la zona del diario ABC Color, de Asunción.
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Caso Salvador Medina



Salvador tenía 27 años. Era el presidente del consejo de la radio y, a su vez, dictaba clases de guaraní en un colegio primario, a 20 kilómetros de Capiibary. Una vida activa tenía, mientras denunciaba corrupciones varias frente al micrófono, hasta que Maylin osó silenciarla con premeditación y alevosía, según concluyó el 16 de octubre, nueve meses y 11 días después del crimen, el Tribunal de Sentencia de la Circunscripción del Alto Paraná y Canindeyú, condenándolo en primera instancia a 25 años de cárcel.

Poco después, no obstante ello, la familia Medina Velázquez recibió amenazas de muerte. Una cruz desde el crimen, rubricada con un extraño secuestro, durante un par de horas, de uno de los hermanos, 10 desde el asesinato de Salvador. Poco antes, asimismo, el juez de garantías de Curuguaty, Silvio Flores Mendoza, había sobreseído a los presuntos secuaces de Maylin: su primo Daniel Enciso Marilin (dueño del arma, al parecer), el docente Timoteo Cáceres y el hijo de un dirigente político, Luis Alberto Franco. Pistas sobre las cuales no encontró evidencias el fiscal Ramón Trinidad Zelaya Bogado mientras estaban detenidos en la cárcel de Coronel Oviedo.

La cruz familiar

El quid de la cuestión sigue siendo el motivo del asesinato de Salvador. ¿Profesional, por las denuncias por radio de tráfico de madera y de drogas, compartidas, en algunos casos, en los artículos de su hermano Pablo en el ABC Color? ¿Político, por las supuestas vinculaciones de seccionaleros (dirigentes del Partido Colorado, emérito en el Paraguay) con negocios, negociados tal vez, en la Reserva Forestal, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería? ¿O personal, por los aparentes celos de un docente, colega al fin?

Miguel Angel Rojas y Joaquín Díaz, en calidad de defensores de Maylin, apelaron en diciembre la sentencia: pidieron una reducción de la pena a cinco años. La abogada Raquel Talavera, representante del ministerio público como querellante adhesiva, se opuso en forma terminante. Prevaleció, finalmente, la condena inicial, a 25 años, firmada y sellada el 27 de marzo.

Pendiente ha quedado, empero, el paradero de Claudio Bareiro López, Mirta Miranda, Pablo Quiñones y los hermanos Alfredo y Gilberto Salinas, prófugos. Ligados, de un modo u otro, a Maylin, enmascarado en el momento del crimen. Un condenado, cinco prófugos, en definitiva.

"Los familiares de la víctima siguen con la pesquisa que permita reabrir la causa con nuevos elementos probatorios contra los sindicados como autores morales del horrendo crimen", dice Pablo Medina Velázquez.

Pesquisa impulsada por el asesinato en sí y, también, por sus derivaciones. En especial, el miedo por las amenazas. La cruz de una familia numerosa que, cual árbol, ha perdido una de sus ramas y, a pesar de ello, debe lidiar, después, con la inseguridad y con la desprotección. Como deudores, en lugar de deudos, mientras Maylin, eventual chivo expiatorio, pasa más de la mitad de su vida en prisión y, en cierto modo, atesora la respuesta de la pregunta clave: ¿por qué?