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Jorge Carpio Nicolle
3 de julio de 1993

Caso: Jorge Carpio Nicolle



Investigación Previa:

1 de septiembre de 1997
June Erlick

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9-02-2010


SINOPSIS

Cuatro años del asesinato de Jorge Carpio Nicolle, el contexto de la impunidad en su caso difiere al de la impunidad del pasado. Si bien las amenazas y la intimidación siguen a la orden del día y la ley puede manipularse para suscitar encubrimientos,el caso se ajusta al derecho constitucional. Desde diciembre de 1996, el país vislumbra un camino de paz, tras una guerra de 35 años que ha cobrado 140.000 vidas.

Si bien es cierto que la paz favorece el fortalecimiento de las instituciones, pudo haber tenido un efecto negativo en el caso Carpio, si la amnistía hubiese tenido en cuenta a todos los delitos cometidos y no solo aquellos considerados como parte del conflicto bélico interno.

Alvaro Arzú, quien asumió la presidencia en enero de 1996, es el cuarto presidente civil consecutivo que trata de controlar al Ejército y acabar con la impunidad. Sobre este punto hay razones para el optimismo y el pesimismo.

Por el lado optimista, el Quinto Tribunal de Apelaciones, en Jalapa, declaró el 23 de enero de 1996 que los participantes de una masacre de 11 personas en Xamán en Alta Verapaz podían procesarse en un juzgado civil en vez de uno militar. La prensa y los activistas de derechos humanos consideraron a ese gesto como una victoria. Los tres jueces involucrados — Augusto Eleázar, Arnoldo Cano López y Genaro Ovidio Madrid — recibieron amenazas de muerte y han pedido protección a la Corte Suprema de Justicia.

Igual que en el caso Carpio,los esfuerzos para establecer una justicia institucional por la vía de los tribunales se ha topado con tácticas terroristas y de intimidación. En el muy publicado caso de la supuesta ejecución del comandante guerrillero Efraín Bámaca Velásquez, esposo de la ab ogada estadounidense Jennifer Harbury, el exespecialista en inteligencia Rodolfo Hernández Coronado reveló a los tribunales el paradero del cuerpo y la estructura de la Dirección de Inteligencia Militar.

Por su parte, la prensa parece ser más fuerte y más agresiva puesto que informa respecto al desarrollo del sistema de justicia.

El diario Siglo Veintiuno de la Ciudad de Guatemala, por ejemplo, en febrero de 1996, publicó una larga entrevista a un especialista del ejército exiliado, quien acusó a algunos generales y coroneles de complicidad en asesinatos, narcotráfico y robo de autos. La acusación más grave contra el general Marco Antonio González Taracena fue la de planear el asesinato del exmagistrado de la Suprema Corte de Justicia, Epaminondas González Dubón.

Editores y reporteros de Siglo Veintiuno recibieron posteriormente amenazas anónimas de muerte, pero han insistido en seguir con la historia. La Sociedad de Pe riodistas Guatemaltecos condenó seriamente esas amenazas de muerte.

"Día tras día, la sociedad guatemalteca paga con sangre la falta de un sistema de seguridad que garantice la vida y los bienes de los ciudadanos. Nadie puede negar que prevalece la más absoluta impunidad, y que se crea una crisis en la que nadie es arrestado, acusado o enjuiciado por tales actos".

"Las amenazas contra la integridad y la vida de los periodistas guatemaltecos, aparte de ser deplorables y cobardes, ponen en serio riesgo el frágil estado de legalidad y el lento avance del proceso democratizador de la sociedad guatemalteca", subrayó la sociedad.

El CRIMEN

Los llamativos aretes de oro que siempre usa Marta Arrivillaga de Carpio, viuda de Carpio, son un testimonio silencioso del muro de impunidad que todavía existe en Guatemala. Así también, los nombres de testigos y una muy secreta videocinta que bien escondida languidece, por ahora, en una bóveda de algún banco de Guatemala.

Marta de Carpio llevaba esos finos aretes de oro aquella noche del 3 de julio de 1993, cuando asaltantes enmascarados emboscaron su vehículo y asesinaron a su esposo, Jorge Carpio, y a otras tres personas. Se llevaron cinco objetos, entre ellos, dinero por un valor menor a 50 dólares, un par de anteojos contra el sol, dos navajas de bolsillo y un reloj barato. Pero dejaron alhajas de valor — como los aretes de oro — artículos electrónicos y otros objetos que valían miles de dólares.

Una banda de entre 25 a 30 individuos obligó a detener a los dos vehículos. Se cubrían con pasamontañas negros y portaban armas cortas, M-16 y Galils. La celada ocurrió en el Kilómetro 141 de la carretera entre Los Encuentros y Chichicastenango en las montañas occidentales de la provincia del Quiché. Es un lugar conocido como el puente Molino El Tesoro. Los hombres armados se acercaron a la primera furgoneta que conducía Ricardo Sanpedro. Carpio iba con su esposa, Mario López, Juan Vicente Villacorta y Sidney Shaw. Sanpedro y López fueron obligados a salir del vehículo y a entregar sus armas. Sin más, Carpio fue amenazado por su nombre.

Un segundo grupo rodeó a la otra furgoneta y ordenó a sus ocupantes que bajaran. Luego, dispararon y mataron a Alejandro Avila y a Rigoberto Rivas e hirieron gravemente a Sidney Shaw Jr., de 16 años.

Los sujetos que rodearon la camioneta de Jorge Carpio registraron a Juan Vicente Villacorta. Como otro vehículo se acercaba, le dispararon a Villacorta a sangre fría, y también le dispararon al otro vehículo. Entonces, el que parecía el jefe del grupo ordenó que mataran a Carpio. Uno de los hombres le disparó tres veces en la ingle y en el glúteo izquierdo. Murió en el hospital en Santa Cruz del Quiché esa misma noche. Sidney Shaw y Richard San Pedro, dos de los sobrevivientes, llegaron a la estación de policía en Chichicastenango, pero les negaron ayuda.

Marta de Carpio esquivó los disparos y sobrevivió. Ella insiste en que los atacantes eran integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Estas patrullas, que cuentan con el apoyo de las Fuerzas Armadas, son acusadas de cometer muchos asesinatos extrajudiciales por grupos de derechos humanos nacionales e internacionales.

Al salir de la jefatura de policía, Shaw y Sanpedro se encontraron con Manolo Rodríguez del partido de la Unión del Centro, que estaba transportando soldados. Otro grupo de militares fue llevado a la escena del crimen en la furgoneta de Shaw para ayudar a los heridos.

Como esa noche no había patrullaje, los hombres tuvieron que haberse vestido, puesto las botas y salir del cuartel para encontrar a las víctimas en la estación de policía. El general Víctor Velázquez Echeverría, en ese tiempo comandante de la Zona 20, jurisdicción donde Carpio fue asesinado, dijo que en circunstancias especiales las tropas pudieron haber decidido acudir a la escena del crimen sin consultar a la jefatura.

Aunque estas tropas fueron las primeras autoridades oficiales en llegar al Molino El Tesoro, el hecho no fue anotado en el registro de la zona militar. Los demandantes preguntaron insistentemente por los nombres del teniente y de los miembros de su tropa, pero nunca fueron revelados.

López y Sanpedro descubrieron una bala bajo el asiento de la minivan y se la entregaron a un capitán de inteligencia del Ejército. La bala desapareció y jamás fue entregada a las autoridades gubernamentales apropiadas.

La policía empezó a rastrear el área del crimen el 4 de julio en la mañana. Más tarde, ese día, en Ciudad de Guatemala se realizaron autopsias a las cuatro víctimas y se tomaron fotografías a color de sus heridas. Posteriormente los informes y las fotos de las autopsias se evaporaron.

La noche del 4 de julio, durante el funeral, el coronel Otto Pérez Molina, jefe del Estado Mayor Presidencial, y el coronel Ricardo Bustamante, jefe de Archivos del Ejército, se acercaron a López. Lo llevaron a un cuarto pequeño y lo interrogaron. Los otros sobrevivientes también fueron interrogados de esta forma no oficial por el mayor Mario V. Gómez Ayala y por el comisionado Carlos Marroquín.

Durante el ataque, López fue pateado por uno de los asaltantes, y la bota dejó huellas en su pantalón. Carlos Palacios de la Cerda, asesor del entonces presidente Ramiro de León Carpio, después pidió — y recibió — el pantalón de López. Desde entonces, esa prenda desapareció.

A los dos días, el ministro del Interior, Arnoldo Ortiz Moscoso se comprometió a capturar a los criminales en 48 horas. Ese mismo día, el propio presidente de León Carpio, anunció la captura de dos integrantes de una banda llamada los Churuneles. Los catalogó de delincuentes comunes. Para el 7 de julio se había arrestado a 11 miembros de esa banda.

Las declaraciones oficiales indicaron que todos los miembros de ese grupo fueron responsables del asesinato de Carpio. Pero los Churuneles sólo tenían armas calibre .22 y una pistola de salva, según la policía. Carpio y sus tres compañeros fueron asesinados con armas calibre .45 y .9 mm. No se encontra ron en posesión de los Churuneles objetos robados de la caravana de Carpio.

Las armas de los Churuneles jamás se enviaron al tribunal de competencia de Santa Cruz de Quiché ni tampoco volvieron a aparecer. Las pruebas de parafina que se hicieron a los detenidos de la banda resultaron negativas. Esto no se reveló hasta que la familia Carpio exigió insistemente para que se dieran a conocer los resultados.

Con el tiempo, sólo cuatro de los Churuneles fueron acusados del crimen. A los demás, únicamente se les acusó de posesión de armas y robo.

Durante los meses que siguieron a la muerte de Jorge Carpio, se perdieron o se alteraron evidencias, mediante intimadiciones a testigos y amenazas a jueces, fiscales públicos y querellantes. Sin embargo, se han encontrado nuevas pruebas, según entrevistas confidenciales realizadas por la SIP en San Pedro Jocopilas en el departamento del Quiché.

Hasta ahora se ha bloqueado la presentación de las nuevas evidencias en el juzgado. En el juicio, que se sigue bajo el antiguo sistema legal de Guatemala, basado en el sistema de justicia europeo, ya se pasó la etapa de presentación de pruebas. Para que se admitan nuevas pruebas, los querellantes trataron de retroceder el juicio a la fase de evidencias. Lo hicieron mencionando un error del juzgado al permitir que la acusación de "lesiones", por las heridas de uno de los tripulantes, fuera cambiada a "intento de asesinato" sin darle a los acusados la oportunidad de defenderse de los nuevos cargos.

La decisión la tomó el juez suplente Aníbal Rodríguez Alfaro mientras el juez del Primer Tribunal Penal, Carlos Villatoro Shunimann estaba de vacaciones en enero. Villatoro reiteró posteriormente su acuerdo con la decisión y le respetó al juez suplente el derecho de tomarla. Villatoro parecía estar bloqueando la admisión de las nuevas evidencias, que incluyen testimonio secreto y refutación de coartadas.

Karen Fischer, la nuera de Carpio, definió la decisión como una "maniobra legal" para obstruir el caso. El fiscal Abraham Méndez dijo que la decisión era "totalmente negativa". Añadió que "el asesinato de Carpio no fue obra de delincuentes comunes, sino el resultado de una conspiración que contiene una serie de aspectos que pienso revelar; por lo tanto es necesario ir más al fondo del caso y no emitir veredictos apresurados".

Las nuevas evidencias apuntaban a los patrulleros como sospechosos materiales y sentaban las bases para acusar al Ejército y al grupo G-2 de inteligencia como autores intelectuales del asesinato de Jorge Carpio.

El principal sospechoso con las evidencias anteriores es Juan Acabal Patzán, quien espera ser procesado por otro cargo de asesinato. Otros dos, arrestados en principio como "bandidos comunes", siguen presos. Diez patrulleros están libres bajo fianza.

En una reunión en marzo de 1994, el presidente de León Carpio les dijo a Marta de Carpio y a Karen Fischer que los análisis del FBI y de expertos mexicanos en balística demuestran que el arma confiscada a Patzán, patrullero civil, correspondía a la que mató a Carpio y a sus compañeros. Marta de Carpio dijo que era imposible, puesto que la misma persona no podía haber disparado a dos vehículos, matado a cuatro personas y herido a un joven con los mismos disparos.

Más de un año después, en mayo de 1995, las dos mujeres tuvieron una segunda reunión con el presidente de León Carpio, el ministro del Interior y el procurador general. Se entera ron de que el cañón y el gatillo del arma de Patzán se habían cambiado.

El juez Villatoro Shunimann, entrevistado por la SIP, explicó que "hay que aceptar la letra de la ley; yo solo aplico las leyes". Aclaró el cambio de los cargos por lesiones a intento de asesinato en el caso del joven herido, Sydney Shaw, Jr., sin concederles a los acusados derecho de defensa por estas acusaciones.

El juez insistió: "existe un proceso. Existe un sistema. Y el sistema dice que todo debe hacerse en cierto tiempo. Y el período de presentación de pruebas ya pasó. Es lamentable, es triste, pero a veces hay cosas que no se pueden hacer porque el sistema no lo permite".

Villatoro informó que no fue amenazado ni sobornado. De hecho, dijo ser de los pocos jueces afortunados por no haber sido amenazado en ningún caso.

Pese al reciente cambio de gobierno, el ambiente general de amenazas e intimadiciones persiste en Guatemala. El fiscal Méndez ha recibido repetidas amenazas y quiere abandonar el país con su familia en cuanto concluya el juicio. Nuevos testigos temen por su vida y también piensan salir después de declarar. Sus nombres se ocultan en una caja de seguridad bancaria, pero tanto los demandantes como el procurador general admiten que no pueden proteger eternamente a los testigos.

La nueva evidencia sustenta la teoría de que el asesinato tuvo motivos políticos. Carpio, líder del partido Unión del Centro Nacional, se oponía a la aministía a soldados y civiles implicados en el llamado "autogolpe" instigado por el expresidente Jorge Serrano Elías, el 25 de mayo de 1993.

Según su familia, Carpio recibió varias amenazas por teléfono cuando su partido se rehusó a apoyar la amnistía. Señalan que Carpio les habló de llamadas de José Domingo Samayoa, entonces ministro de Defensa, exigiéndole que echara el peso de su partido a favor de la ley de amnistía. Carpio se negó a cambiar la línea editorial de su periódico en apoyo de la amnistía y escribió abiertamente sobre las amenazas en El Gráfico.

Samayoa no aceptó entrevistas del periódico Prensa Libre, solicitadas a nombre de la SIP.

Los activistas de derechos humanos, la prensa y observadores diplomáticos también consideran que la muerte de Jorge Carpio pudo haber sido una advertencia disfrazada a su primo, Ramiro de León Carpio, quien fue designado p residente cuando Serrano fue obligado a irse del país. De León Carpio había sido procurador general de Derechos Humanos en Guatemala y se le tenía en muy alta estima en los círculos de derechos humanos. Pero con la muerte de su primo pareció retirar su postura agresiva. También insistió, para desconsuelo de sus familiares, en que el ataque había sido obra de delincuentes comunes.

La nueva evidencia apunta fuertemente hacia la participación de patrulleros de autodefensa civil, dirigidos por autoridades militares; o, cuando menos, insinúa un encubrimiento por parte del Ejército.

LAS PATRULLAS

Las PAC nacieron bajo el mandato del general Romeo Lucas García y cobraron más fuerza durante el gobierno de Efraín Ríos Montt. Informes enteros sobre derechos humanos fueron escritos sobre las patrullas. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado demandó a la patrulla de San Pedro Jocopilas, responsabilizándola por varias masacres.

Una monja de la polvorienta ciudad de San Pedro Jocopilas dijo que encontró el lugar envuelto en un "horrible silencio" cuando llegó ahí hace cuatro años. Su vecindario estaba lleno de viudas, víctimas de la violencia de las PAC y del Ejército.

"Freddy" Armando López Girón es alcalde de San Pedro Jocopilas y hermano de Carlos López Girón, exgobernador del Quiché. La policía acusa al exgobernador de jugar un papel crucial en el asesinato de Carpio y de sus tres acompañantes.

Electo recientemente con aplastante victoria en esa ciudad predominantemente demócrata-cristiana, "Freddy" López parece todo menos alguacil de policía. De expresión clara y suave, de hecho, es director de la escuela y parece más aficionado a hablar de la teoría del desarrollo que a mantener la ley y el orden.

Mitigó el papel actual de las PAC, argumentando que ahora son totalmente voluntarias y están convirtiéndose en una fuerza de ayuda a la comunidad. Defendió con vehemencia la inocencia de su hermano, y la del alcalde anterior, también implicado en el caso Carpio. Se negó a opinar sobre la inocencia de los demás patrulleros.

"Freddy" López no cree que el asesinato de Carpio fuera obra de delincuentes comunes, y conoce bien el área. Considera que hubo algún motivo político detrás del crimen pero no cree que su hermano estuviera involucrado. Caracteriza la evidencia como "sumamente débil" y pide una nueva indagación, tal vez con la ayuda de una agencia investigadora de otro país, como el FBI.

Un retrato de Vinicio Cerezo, presidente de Guatemala hace tres administraciones, cuelga todavía sobre el escritorio de "Freddy" López recordando "el proceso de democratización" que se inició en 1985. Señaló que Cerezo también era demócrata-cristiano y mostró orgullosamente la bandera del partido que tenía en su escritorio. Comentó que su hermano y los demás miembros de las patrullas estaban siendo objeto de una trampa por parte de los miembros locales del UCN, partido de Carpio. Aunque no hubo evidencia que sustentara esa tesis, todos los patrulleros acusados eran demócrata-cristianos.

A diferencia de otras partes del sur de Quiché, donde miles de personas se han negado a seguir patrullando, la fuerza de San Pedro Jocopilas sigue entera. Cuando desaparecieron columnas de guerrilla al sur de las montañas, muchos miembros, apoyados por organizaciones internacionales de dere chos humanos y el Concejo de Comunidades Etnicas Runujel Junam empezaron a insistir en el derecho a no patrullar, basándose en la Constitución de 1985.

Según un estudio del procurador general de Derechos Humanos en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional, las patrullas son muy fuertes en Quiché: "La ciudad fue terriblemente golpeada por la guerra y mucha de su población se dispersó. La población restante es muy hostil. Los comités de protección civil tienen una gran presencia de control social y limitan la presencia de agentes externos".

Otro estudio sobre la violencia institucional en Guatemala, realizado por Joel Solomon del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, encontró que aunque los líderes de las Patrullas de Autodefensa Civil eran civiles, mantenían "contacto rutinario" con oficiales militares. Sus reuniones solían celebrabarse en bases militares.

"Los patrulleros en San Pedro Jocopilas han confirmado las sospechas respecto a que las patrullas adoptan el papel de policías, jueces, jurado y ejecutores, a veces incluso de delincuentes comunes", detalló Solomon.

IRREGULARIDADES Y OBSTRUCCIONES

Marta de Carpio, declaró que durante el atentado uno de los asaltantes gritó, "mata a Jorge; mata a Carpio". Si definitivamente va a poder demostrarse que los atacantes de Carpio fueron o no delincuentes comunes o elementos de una patrulla civil, sigue sin saberse. Pero las irregularidades y obstrucciones gubernamentales en el caso Carpio pueden corroborarse.

En julio de 1995, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno guatemalteco presentar un informe mensual sobre la situación del caso Carpio y brindarle protección a la familia y al fiscal. Pero hasta los informes del gobierno, emitidos por la oficina presidencial de derechos humanos demuestran la ambivalencia oficial en este caso.

Por ejemplo, un informe de la oficina de derechos humanos se quejaba de que la familia Carpio no colaboraba con rendir testimonio respecto a las amenazas. Karen Fischer, enfurecida, le pidió una carta al gobierno que demostrara que estaba comunicándose semanalmente y que mantenía informado al gobierno.

En entrevista con la SIP, el entonces procurador general Ramsés Cuestas mostró su propia ambivalencia hacia el caso. Al principio, pareció hacer una declaración firme: "ha habido tres o cuatro comandantes en la Zona Militar 20 (responsable del área donde fue asesinado Carpio), desde entonces. En mi opinión, eso indica que el asesinato no fue obra de una sola persona sino de carácter institucional. La actitud de protección o de apoyo al encubrimiento ha persistido".

Añadió que este caso "podría ser institucional. Pero también podría ser que las personas directamente responsables (del asesinato) estén en el último o en un nivel intermedio en la sucesión de mando.

Todavía no es clara la actitud que adoptará el nuevo gobierno respecto al caso Carpio. Hasta ahora, la administración del presidente Alvaro Arzú ha mostrado voluntad de hacer cambios en el comando militar. Pero sigue abierta la interrogante de si el gobierno, que tuvo una estrecha victoria en las elecciones pasadas, puede mantenerse al margen de las tradicionales presiones militares.

En una entrevista de dos horas con la familia Carpio, el 15 de febrero de 1996, Arzú dijo a Karen Fischer y a Marta de Carpio que revisaría los documentos judiciales. Ante preguntas de Fischer, añadió que recomendaría que se ampliara la investigación, e indicó que no podía pedir una nueva.

Cuando dijo que el Poder Ejecutivo no era responsable, Karen Fischer recomendó que la presidencia podría proporcionar la siguiente documentación: los nombres de los primeros soldados que investigaron el ataque; el informe de la Zona Militar 20; la captura de los patrulleros que todavía no se han arrestado; el nombre del oficial de la Zona Militar 20 que recibió un casquillo de bala encontrado en la furgoneta; el paradero del pantalón que usaba López (con la huella de una bota militar) desaparecidos después de entregarse a un oficial militar; la ubicación de los informes del FBI y de los expertos mexicanos y españoles sobre pruebas de balística.

Karen Fischer quien también era la secretaria particular de Jorge Carpio, ha investigado tenazmente el caso. Ha recibido amenazas de muerte, su automóvil fue chocado por hombres armados y ha tenido que pasar algún tiempo fuera del país.

El proceso del asesinato impune se remonta a la recopilación de evidencias físicas por la policía y los militares, la noche del crimen y la mañana siguiente. Las evidencias nunca fueron formalmente entregadas y las balas extraídas de los cuerpos de las víctimas y el pantalón marcado simplemente desaparecieron. Las evidencias reunidas por la policía en la escena del crimen también desaparecieron cuando el detective encargado se vio involucrado en un accidente de tránsito en la carretera que une al Quiché y a Ciudad de Guatemala.

Los negativos de las fotografías tomadas durante la autopsia también se evaporaron. Se dijo que el experto forense se las había entregado a un oficial del Ejército. Una prueba de balística que el gobierno ordenó hacer en México y en el FBI no se presentó sino meses después. Se teme que las pruebas balísticas hayan sido alteradas. Un arma que se consideró usada en el asesinato tuvo cambios en gatillo y cañón.

Los supuestos objetos robados y encontrados en posesión de una banda de delincuentes comunes denominada los "Churuneles" fueron confiscados por la policía, y luego desaparecieron. Entre ellos había armas de diferente calibre a los que se cree se usaron en el asesinato.

El expediente del caso se traspapeló 10 días, tras el incendio del edificio donde se creía que se había guardado. Apareció posteriormente en otro distrito.

Cuando los arrestados de la banda habían pasado 10 meses en prisión, un informe de la División Penal de la Policía culpó del asesinato a elementos de la patrulla civil de San Pedro Jocopilas en el departamento del Quiché. El informe decía que incluían a un alcalde y a un exgobernador estatal, ambos miembros del partido Demócrata-Cristiano.

Aunque el informe se concluyó en septiembre de 1993, no se dio a conocer sino hasta mayo de 1994, solo después de que la oficina de Derechos Humanos del Arzobispado emitió su propio informe de la investigación, atribuyendo el asesinato a causas políticas y realizado por miembros de la patrulla de San Pedro Jocopilas. Esta patrulla ha sido acusada de cometer 55 asesinatos.

Luego, el caso fue girado a un juez, quien ordenó el arresto de los sospechosos. Se hicieron indagaciones superficiales de los acusados. Cuatro de los diez sospechosos fueron arrestados; otros cuatro se entregaron. Todos fueron liberados posteriormente.

El jefe de la policía del Quiché, Augusto Medina Mateo, la primera persona que investigó el asesinato de Carpio, fue asesinado en octubre de 1994 — dos balas en la espalda y una en la boca. Era jefe de las fuerzas civiles de seguridad, a cargo de la unidad policial del Quiché que investigaba el caso Carpio. Había recibido varias amenazas de muerte tras el arresto de los primeros cuatro patrulleros sospechosos. Fue asesinado a los pocos días de pedir su transferencia a Ciudad de Guatemala. Su sustituto fue herido en un atentado y apenas pudo escapar con vida.

El procurador general Ramsés Cuestas declaró que los militares estaban protegiendo a los patrulleros implicados en el caso Carpio. Dijo que el fiscal especial Abraham Méndez fue amenazado en sus viajes al Quiché por individuos que se movilizaban en vehículos pertenecientes a la Zona Militar 20.

Nueve fiscales públicos se han negado a atender el caso. El fiscal de distrito que maneja el caso actualmente, quien dice que lo hace por convicción cristiana, teme por su vida.

Entretanto, un patrullero implicado en el caso ha sido asesinado. Testigos, abogados y fiscales han enfrentado actos de intimidación y repetidas amenazas. Las evidencias se han extraviado o alterado, y el sistema legal se ha manipulado para evitar la admisión de nuevas evidencias.

Mientras la familia Carpio busca agotar todas las medidas legales posibles en Guatemala, los muros de impunidad todavía son altos. Si fallan en la obtención de justicia en Guatemala, dicen que irán ante las cortes internacionales para obtener, al menos, un veredicto moral.

CRONOLOGIA: JORGE CARPIO NICOLLLE

Mayo 25, 1993:
El presidente Jorge Serrano Elías intenta un autogolpe de Estado.

Junio 1:
Serrano es expulsado al exilio.

Junio 5:
El Congreso Nacional nombra a Ramiro de León Carpio presidente interino.

Julio 3:
Jorge Carpio Nicolle y tres miembros de su comitiva política son asesinados en el departamento del Quiché.

Julio 5:
El ministro del Interior A rnoldo Ortiz Moscoso declara que capturará a los delincuentes en 48 horas. Ese mismo día, el presidente de León Carpio anuncia que se ha arrestado a dos criminales y que pertenecen a una banda de delincuentes comunes, denominada Los Churuneles.

Julio 7:
El jefe del grupo de Inteligencia del Ejército G-2, Mario Enrique Gómez Ayala, informa a la prensa que el arma que mató a Carpio es la misma que se usó para matar al teniente coronel Juan José Furlán. Declaraciones oficiales indican que todos los miembros de la banda de los Churuneles son responsables del ataque a la comitiva de Carpio, pero sólo cuatro miembros son acusados del crimen.

Julio 13:
La familia Carpio denuncia irregularidades en la investigación y rechaza la explicación oficial sobre el crimen.

Julio 15:
Como resultado de la investigación de un detective privado, la familia Carpio concluye que el asesinato tiene motivos políticos.

Agosto 26:
El gobierno arresta al integrante de la Patrulla de Autodefensa Civil (PAC), Juan Acabal Patzán, quien es acusado del asesinato de dos personas en el pueblo de Amatitlán. Le confiscan un revólver calibre .45 mm. y luego dicen que las pruebas balísticas demuestran que los casquillos se ajustan a los que se encontraron en la escena del asesinato.

Sept. 3:
Un exmiembro del cuerpo de inteligencia del ejército G-2, Cresencio Sam Batres, declara en México que elementos del G-2 son responsables del asesinato. El gobierno guatemalteco no hace comentarios ni investiga.

Sept. 23:
La División de Investigación Penal de la Policía culpa a las PAC del crimen, pero mantiene en secreto el informe.

Dic. 8:
El ministro del Interior visita a Marta de Carpio. Sostiene que el arma que mató al teniente coronel Furlán y a Carpio fue una sola. Admite que fue un "asesinato político".

Enero 19, 1994:
Los archivos del tribunal de Santa Cruz de Quiché, donde se creen guardados los registros del caso Carpio son incendiados. Luego se descubre que los expedientes del caso se habían enviado a Antigua y, por lo tanto, no se destruyeron en el incendio.

Enero:
La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado acusa a las PAC y a comisionados militares de ser autores materiales del crimen. Las declaraciones se publican en el informe anual de la oficina.

Junio 26:
Es asesinado Francisco Acabal Ambrosio, uno de los sospechosos, perteneciente a una patrulla de protección civil.

Oct. 12:
Es asesinado el comisionado de fuerzas civiles de seguridad,Augusto Medina Mateo. Estaba a cargo de la unidad policial del Quiché que investigaba el caso Carpio. Su sustituto es herido en un atentado y salva su vida milagrosamente.

Novembre:
El fiscal Méndez sale ileso de un atentado mientras se movilizaba con su vehículo en un viaje entre Palín y Ciudad de Guatemala. La familia Carpio continúa recibiendo amenazas.

Dic. 5:
Se inicia la fase pública del proceso.

Junio 1:
Cuatro de los 10 acusados son arrestados. Uno de ellos, Pedro Chaperón Lajpop, miembro de las PAC y alcalde de San Pedro Jocopilas, queda libre bajo fianza por gozar de inmunidad por su cargo público.

Sept. 19:
Se abre el juicio. La prensa se entera de que el presidente y altos funcionarios del Ejército han sido llamados a declarar. Todos dan su testimonio.

Enero 26,1996:
El juez interino dictamina que el caso no tiene por qué regresar a una fase anterior del proceso, en la que se podrían presentar nuevas evidencias.

Enero 30:
Marta de Carpio y Karen Fischer apelan el dictamen.

Feb. 4:
El ministro del Interior informa que se piensan retirar las medidas de seguridad especial para proteger a los miembros de la familia Carpio.

Feb. 8
Todas las facciones políticas del Congreso firman una declaración pidiendo un pronto esclarecimiento del caso Carpio y protección para los involucrados en la investigación.

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