Para entonces, sobre el periodista de 62 años ya pesaba una sentencia de muerte, presta a ser ejecutada cuatro meses después. Tres balas de un revólver calibre 38 arrebataron la vida del aguerrido periodista tico–colombiano, cuyo programa radial, “La Patada”, se había convertido en una poderosa voz de denuncia.

Agresivo, sarcástico y despiadado frente a la corrupción, Medina enfrentó poderosos intereses políticos, empresariales, gubernamentales, económicos y religiosos. Empuñó como arma la investigación. Aquellos que pasaron por el filo de sus críticas rara vez encontraron una salida.

A partir de 1998, “La Patada” (programa que difundía Radio Monumental) dejó de ser un programa sólo de corte humorístico para convertirse en una explosiva –e implacable– mezcla de denuncia, sarcasmo y humor al más alto nivel. El equipo profesional que lo produjo se autodenominó “El escuadrón antichorizo”, término que se emplea en Costa Rica como sinónimo de anticorrupción.

Eso le valió a Medina innumerables enemigos, pero creó una imagen de credibilidad alrededor suyo: “a lo que diga Parmenio, póngale la firma”.
Temido y respetado, querido pero a la vez odiado, en la vida profesional de Medina Pérez se cruzó, en octubre de 1999, el sacerdote Mínor de Jesús Calvo, director de la extinta “Radio María”, estación que llegó a convertirse en un fenómeno de masas sin precedentes en la historia de este país centroamericano.

A dos años del crimen, las pesquisas han arrojado pobres resultados, pese al discurso otrora optimista del Ministerio Público. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ, policía científica del país) asegura tener el caso esclarecido, aunque carece de pruebas.

Al cumplirse el segundo aniversario del homicidio, los antecedentes recogidos parecen apuntar hacia un empresario –cercano a Radio María– como el posible autor intelectual, pero el Fiscal General de la República, Carlos Arias Núñez, recuerda que “en 20 años, el Ministerio Público no ha sabido que el autor intelectual de un crimen haya sido atrapado”.

Tres sospechosos han sido detenidos en torno al caso –el colombiano John Gilberto Gutiérrez Ramírez, el costarricense Adrián Chaves Matarrita y el nicaragüense Luis Alberto Aguirre Jaime–, pero su participación en el crimen no pasa aún de la sospecha. .

Para contrarrestar los cuestionamientos de la prensa, las autoridades a cargo del caso han optado por un inusual hermetismo. La fiscal Leda Méndez, considerada como una dama de hierro en el Ministerio Público, tiene órdenes superiores de no dar declaraciones a la prensa, prohibición que se extiende a los agentes que integran el equipo investigador.

Pese a las limitaciones, la prensa tica intenta desarrollar una investigación paralela.

El hermetismo disgusta al Frente Ciudadano contra la Impunidad, organización integrada por representantes de diversos sectores sociales que demanda respuestas. La agrupación acusó a las autoridades policiales de programar vistosos operativos cada vez que se acerca el aniversario del homicidio, acción que, según su opinión, desvían la atención de la pesquisa.

El silencio también crispó los nervios del Presidente de la República, Abel Pacheco, quien en septiembre del 2002 concedió a la fiscalía plazo hasta diciembre de ese año para esclarecer el caso y amenazó con acudir a la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, en busca de ayuda. Pero la propuesta presidencial provocó la ira del Fiscal General, Carlos Arias, quien respondió diciendo: “Trabajamos con responsabilidad, no con plazos”. La amenaza terminó convertida en una anécdota: el presidente Pacheco no volvió a mencionar el tema.

Radio María

Poseedor de un don de palabra y carisma, el sacerdote Mínor de Jesús Calvo logró en marzo de 1999 dar vida a su proyecto más ambicioso: Radio María.

Con el patrocinio del empresario Omar Chaves, el sacerdote catapultó la estación a límites insospechados. Las donaciones a la radioemisora católica, todas muy generosas, se desbordaron.
Un informe emitido por la sección de Delitos Económicos del OIJ, da cuenta de que entre febrero de 1999 y julio del 2001, el sacerdote Calvo registró movimientos a sus cuentas bancarias personales por más de ¢1.200 millones (aproximadamente cuatro millones de dólares).

Desde la tercera planta de un inmueble, en pleno corazón de San José, las ondas de la emisora despertaron el fanatismo entre sus seguidores. El sacerdote Calvo se convirtió en figura pública.
“Les alquilé solo el tercer piso –rememora Chester Patterson, otrora dueño del inmueble– pero tomaron todo el edificio. El ascensor y las gradas estaban continuamente llenos. La gente gritaba y estaba como en trance. Terminaron poniendo parlantes dentro del edificio con lo que producían un ruido ensordecedor”.

Una recopilación de documentos a cargo de un ex colaborador de Radio María, fue el comienzo del fin del castillo de naipes levantado por el sacerdote Calvo.

Hasta el escritorio del periodista Parmenio Medina comenzaron a llegar informes sobre presuntas irregularidades en el manejo del dinero que ingresaba a las arcas de la estación. El 22 de octubre de 1999, su programa de denuncias dio a conocer las anomalías y la tormenta estalló. Radio María entró en franca confrontación con “La Patada”.

Los ánimos se caldearon: los acólitos del sacerdote Calvo salieron en su defensa, mientras el grueso de la opinión pública se mostró a favor del periodista Medina.

La pugna subió de tono. Durante varios meses, “La Patada” continuó revelando nuevas anomalías. “En los años 2000 y 2001, el señor Medina Pérez denunció, entre otros temas, a la estación Radio María, como un medio para estafar a nuestra sociedad católica, no importando clase, género o condición”, consigna el informe #681-INV-OI del Organismo de Investigación Judicial.

El cargado ambiente llegó a su clímax en octubre del 2000, cuando el programa radial de Medina informó sobre un incidente ocurrido en el Parque Metropolitano La Sabana, en la capital costarricense.

Durante un recorrido nocturno, unos patrulleros sorprendieron al sacerdote Calvo en compañía de un joven. Si bien el asunto pudo no haber revestido mayor importancia, el sitio estaba señalado como punto habitual de encuentro de homosexuales.

“La Patada” hizo eco de la acción policial. El sacerdote se vio envuelto en una encrucijada, alegando que se encontraba impartiendo clases de manejo a su acompañante.

“He sido víctima de las ofensas y falsedades más ignominiosas que jamás hayan sido proferidas en mi contra”, declaró el sacerdote.

Las amenazas de muerte al periodista autor de la denuncia no se hicieron esperar. “Deje de molestar al padre Mínor y a Radio María. Usted es el demonio personalizado en hombre”, le advirtió por teléfono una voz anónima.

El 6 de noviembre del 2000, Parmenio Medina reveló que un grupo de extranjeros pretendía asesinarlo, pero no entró en detalles. Varios medios de comunicación, entre estos el periódico Al Día y la televisora REPRETEL reprodujeron sus palabras.
Cuatro meses más tarde, la amenaza fue directa. Con voz sombría, un desconocido que se identificó como “Carlos” –hablaba con acento colombiano– le advirtió que cesara su investigación sobre Radio María.

“Hay gente económicamente afectada. Hay mucha plata y muchos que se están viendo perjudicados con estos comentarios”, consta en una grabación que la policía encontró en la casa del periodista.

El 9 de mayo del 2001, desconocidos dispararon contra la casa de Medina. La balas pulverizaron un ventanal y se alojaron en las paredes de su vivienda, en San Luis de Santo Domingo, provincia de Heredia (a unos ocho kilómetros de la capital). Nadie resultó herido.

El periodista denunció ante el OIJ a un grupo de colaboradores de Radio María como autores del ataque, entre estos al empresario Omar Chaves, según consta en la denuncia #002-01-01521, que en parte dice:

“El hecho delictivo lo liga como resultado de su programa de radio La Patada, que trató el tema del Padre Mínor Calvo y a raíz de ese hecho fue objeto (Parmenio Medina) de una serie de amenazas de muerte.

“Refiere que él está seguro que el hecho fue realizado por Omar Chaves y su clan, aclarando que este sujeto es la persona que financiaba Radio María. Este problema tiene índole patrimonial financiero y otra parte lo quiere hacer ver como de origen religioso”, detalla el documento policial.

La polémica de Radio María acabó el 28 de mayo del 2001, cuando el sacerdote Calvo, sin el consentimiento de la Iglesia Católica y en clandestinidad, vendió la emisora a un empresario cuya identidad es desconocida hasta la fecha.

La compra-venta se llevó a cabo mediante un empleado municipal que llegó hasta el apartamento de Calvo con ¢150 millones (US$368.000) en dinero efectivo. La estación, adquirida por la sociedad El Papiro Inversiones Suramericanas, pasó a llamarse “La Paz del Dial”.

Al intentarse una investigación sobre los dineros, los investigadores concluyeron que: “el padre Mínor Calvo era el único responsable del negocio radial y no es posible determinar el destino del dinero recaudado, una vez cerrada Radio María”. La policía considera que las investigaciones en torno a sospechosos manejos financieros de la emisora —que a la postre sumieron a la Iglesia Católica costarricense en el peor escándalo de su historia– guardan relación con el homicidio. (El manejo de esos fondos aún está bajo investigación).

Dos meses después (julio del 2001), sobrevino el atentado que le costó la vida a Medina. Le dispararon desde un vehículo en marcha, a 75 metros de su casa. Pudo haber sobrevivido, por cuanto en su trayectoria los proyectiles no afectaron órganos vitales (dos lo hirieron en la cara y uno en la espalda). Sin embargo, una de las balas chocó contra su prótesis dental y se desvió hacia la arteria carótida (en el cuello). El periodista Medina murió como consecuencia de la pérdida de sangre.


El expediente #681-INV-01

La policía ha basado su investigación en prueba testimonial ante la carencia de pruebas materiales, como el revólver o el vehículo Nissan utilizado por los homicidas, bienes que siguen sin aparecer.

Las pesquisas han dejado lagunas que parecieran ensancharse, sobre todo por la calidad de los dos principales testigos del Ministerio Público, quienes tenían alguna relación con las personas sospechosas del crimen.

Una es la compañera sentimental de César Dionisio Murillo –alias “Nicho”–, señalado en el informe del OIJ de Heredia como el presunto líder del grupo homicida. El otro es un ex agente del OIJ, con antecedentes penales, que sirvió como chofer de uno de los sospechosos. Los nombres de los informantes se reservan, dadas las amenazas de muerte.

Ellos testificaron en contra del colombiano John Gilberto Gutiérrez (señalado como supuesto contratista del grupo homicida), Adrián Chaves Matarrita (seria el transportista que alejó a la banda, una vez cometido el atentado) y Luis Alberto Aguirre Jaime (uno de los presuntos homicidas).

También hablan de César Dionisio “Nicho” Murillo, aunque la fiscalía no pudo llamarlo a cuentas, al morir en mayo del 2002 durante un sangriento asalto bancario. Otros testigos también hacen algunas referencias al sacerdote Calvo, pero el Ministerio Público aún no le formula cargos. La fiscalía sostiene que de momento solo es una persona de interés para las pesquisas.

Noticia de un atentado

Los testigos-estrellas del Ministerio Público revelaron que el grupo fraguó el crimen en una humilde vivienda de Cariari de Pococí, a unos 80 kilómetros de la capital.

El autor intelectual –el expediente de la policía no contiene referencias claras y directas al sospechoso– habría comisionado al colombiano John Gilberto Gutiérrez para la búsqueda de un grupo que silenciara al periodista Medina.

Los informantes dicen haber escuchado las conversaciones en las que se planeó el ataque. “Ellos se reunían en la sala de mi casa y en varias ocasiones escuché que una persona los había contactado para matar a un periodista que estaba causando muchos problemas. Como en la tercera reunión pude oír que se llamaba Parmenio Medina”, contó a la policía la conviviente de César Dionisio “Nicho” Murillo.

Por su parte, el ex agente del OIJ declaró que: “Nicho dijo que lo que se iba a hablar era muy delicado. Les recordó que las amenazas y la advertencia que se le había hecho a Parmenio Medina no había dado resultado, por lo que había que actuar de otra forma. El patrón ordenó matar a ese (...)”. Asegura, además, haber rechazado un ofrecimiento para participar en el homicidio.

Dos meses antes del crimen, la banda habría comenzado las vigilancias sobre la casa del comunicador. El 7 de julio del 2001, a bordo de un Nissan –celeste claro, de modelo viejo y vidrios polarizados– el grupo dio muerte al periodista Medina cuando se aproximaba a su vivienda.

Hasta la fecha, las pruebas más fuertes parecieran recaer sobre el nicaragüense Luis Alberto Aguirre Jaime, alias “El Indio”. Cinco personas lo reconocieron –mediante careos y fotografías– como la persona que al parecer conducía el vehículo. Entre los testigos figura un conocido suyo, con quien se cruzó a unos 500 metros de la casa del periodista Medina a la hora del crimen. “El día de la muerte del señor Medina estaba yo estacionado próximo a su casa, en las afueras de un taller (...) cuando pasó el vehículo Nissan y pude observar al chofer y supe de inmediato que se trataba de ‘El Indio’. En ese momento no dije que era él porque tenía mucho miedo”, señaló el informante.

Muchas preguntas, pocas respuestas

Pese a los hallazgos testimoniales, la investigación se ha resquebrajado: hay mucha prueba oral, ninguna material.

La defensa del colombiano John Gilberto Gutiérrez Ramírez –el presunto contratista– golpeó con furia el argumento de los testigos al presentar copia de un contrato que da cuenta de que César Dionisio “Nicho” Murillo alquiló la casa de Cariari (donde se habría planeado el crimen) hasta el 10 de octubre del 2001.

Esto lanzó una estela de dudas sobre la versión de los testigos clave de la fiscalía: si la casa fue alquilada hasta octubre, las reuniones de planeamiento del crimen no pudieron haberse llevado a cabo en ese sitio.

Los sospechosos Gutiérrez Ramírez, Chaves Matarrita y Aguirre Jaime permanecen encarcelados, mientras la fiscalía ha emprendido algunas acciones contra el sacerdote Mínor de Jesús Calvo, por cuanto dos testigos aseguran –según consta en el expediente del caso-- que Calvo tenía interés en silenciar el periodista Medina.

En julio pasado, agentes del OIJ allanaron la casa del sacerdote en la provincia de Cartago, a 22 kilómetros de San José. Pretendían dar con la máquina que sirvió para redactar las amenazas de muerte contra del periodista Medina.
También le tomaron pruebas de sangre para comparar su ADN con la muestra de saliva que extrajeron de uno de los sobres que contenía amenazas. Los análisis descartaron al sacerdote.

La jerarquía católica costarricense ha mantenido firme su posición de no designarlo a cargo de una parroquia, aunque puede seguir oficiando misa. En la actualidad viaja con frecuencia el exterior –con permiso del clero– para participar en diversas actividades religiosas.

Impunidad

La investigación parece haberse congelado. El gobierno nacional no ha exigido resultados. Tres de los principales protagonistas dejaron el caso, o están al borde de hacerlo. Primero fue la directora del OIJ, Lineth Saborío, quien pasó a ocupar –a partir de mayo del 2002– la primera vicepresidencia de la República.

El Fiscal General Carlos Arias Núñez y la fiscal jefe de la investigación, Leda Méndez, están por marcharse y ninguno acepta hablar con la prensa. Arias se acogió en septiembre a la jubilación, Méndez ocupará desde noviembre nueva función en la Inspección Judicial, repartición que vela por el desempeño y la disciplina de los servidores de la Corte. Ambos, sin embargo, ofrecieron dejar sus cargos en cuanto el caso estuviera resuelto.

La investigación será asumida por la fiscal Gisele Rivera, una funcionaria de trayectoria que ha protagonizado roces con el personal a su cargo. El propio Consejo Superior del Poder Judicial intentó infructuosamente removerla de puesto.

En cuanto a descubrir y castigar al autor intelectual del homicidio, el propio Fiscal General dejó en claro que las posibilidades son mínimas. “Existen muchas barreras para que un juez acepte una prueba incriminatoria si esta no es contundente. En una pesquisa hay avances y vienen obstáculos. El Ministerio Público trata de sacar este asunto, pero tenemos frenos que nos hacen que el caso no corra”, comentó.

La investigación cumplida por la OIJ y la fiscalía no satisface a los periodistas. Una Encuesta sobre Libertad de Prensa y Acceso a la Información, a finales de mayo del 2002, patrocinada por el periódico La Nación de San José, fue clara: de una muestra de 81 periodistas, 58 de ellos piensan que la muerte de Parmenio Medina permanecerá en silencio. El instrumento de análisis indica, además, que el 73 por ciento considera que las autoridades no han hecho lo necesario para resolver el crimen, mientras el 92 por ciento asegura que el crimen sí guarda directa relación con las denuncias formuladas por Parmenio Medina. Un 88 por ciento es del criterio que el homicidio tiene un impacto negativo sobre el periodismo costarricense.

Significativo resulta el 57 por ciento que reconoce sentir temor tras el atentado. Tres periodistas (Otto Vargas de La Nación, Paola Hernández y Hellen Zúñiga, de Diario Extra) han recibido amenazas de muerte por sus publicaciones sobre el caso del colega Medina Pérez.