Es la zona donde tuvo lugar el conflicto bananero de 1928; donde ocurrieron las más sangrientas disputas por la bonanza de la marihuana en los años 70 y en donde la presencia de la guerrilla y de los paramilitares desde los años 80´s hasta hoy, han protagonizado una guerra sangrienta por el control del territorio y los puestos de la administración política local.

Según un reciente informe del diario El Tiempo, a los paramilitares se le atribuyen algunos de los 2.000 homicidios cometidos en ese departamento entre enero del 2001 y septiembre de 2002. En el departamento del Magdalena se contabiliza el asesinato de siete periodistas en los últimos doce años.

Hasta hace pocos meses cuando tuvo lugar en Colombia el proceso de desmovilización de los paramilitares, el departamento del Magdalena estaba prácticamente bajo el control de los jefes paramilitares alías Jorge Cuarenta, Hernán Giraldo y Chepe Barrera. En cada población del departamento había un “mandamás”. Es el caso de la población de Pivijay, dominada por un grupo de varias familias, comandados por Saúl Alfonso Severino y Danilo Caballero.

El periodista Gustavo Ruiz Cantillo era hijo de esas tierras. Fue asesinado en plena plaza de mercado del pueblo a las 5:40 de la tarde el 15 de noviembre de 2000. Dos hombres lo seguían de cerca y uno de ellos le disparó por la espalda en la cabeza.

Un mes antes había sido amenazado por tres desconocidos que lo interceptaron un mediodía en una calle de Pivijay y sin preámbulos le dijeron: 'No seas tan bocón, porque te puede ir mal'. Ruiz le confesó el incidente a un cuñado, a quien le pidió que lo mantuviera en reserva para no alarmar a la familia.

Según su cuñado, Ruiz no dudó en atribuir la amenaza a sus informes periodísticos, en especial a aquellos relacionados con el incremento de muertes y asaltos en el área rural de Pivijay, de los que responsabilizaba 'a grupos armados al margen de la ley'.

José Ponce, director de noticias de Radio Galeón dijo que el último informe sobre violencia que hizo Ruiz fue ocho días antes de su asesinato, y en ese informe se refirió al asalto a un motociclista en la vía que de Fundación llega a Pivijay. “Recuerdo que terminó el reporte diciendo que las autoridades responsabilizaban de este hecho a los grupos armados que vienen creando la incertidumbre en Pivijay y sus alrededores. También decía lo mismo cuando mataban a alguien, pero siempre citaba como fuente a la Policía”, precisó Ponce.

Pero su último informe radial no fue sobre orden público. Fue sobre las quejas de los usuarios de energía en Pivijay que denunciaban un servicio deficiente y altas tarifas. También reportó una protesta de educadores a quienes les adeudaban varios salarios, recordó Ponce.

La Unidad de Respuesta Rápida (URR) de la SIP pudo establecer que Ruiz estaba investigando y denunciando la forma en que los paramilitares estaban controlando todo en el departamento, incluyendo los contratos de la administración pública. Estaba muy preocupado también por la violencia de los hombres de las autodefensas.

Los hechos de violencia para la época del asesinato del periodista eran cada vez más frecuentes y sangrientos. Ocho días después del asesinato de Ruiz Cantillo, el 23 de noviembre de 2000, 60 hombres llegaron al municipio de Sitio Nuevo en la Ciénaga Grande de la Magdalena, asesinaron a 45 personas y desaparecieron a 25. El defensor del Pueblo de entonces, Eduardo Cifuentes, pidió a las autoridades militares y policiales garantizar la vida de los pobladores de la zona y dijo que se había confirmado la existencia de una base paramilitar en la zona de Pivijay, cerca del lugar donde ocurrió la masacre.

Para la época del asesinato de Ruiz, también fueron asesinados los hermanos Manuel y Octavio Álvarez Caballero, alcalde de Cerro de San Antonio y ex gobernador encargado del departamento del Magdalena, respectivamente.
Ruiz llevaba más de 10 años trabajando en Radio Galeón de Santa Marta, pero en los últimos tres años había iniciado sus investigaciones sobre los grupos armados. Empezó sus investigaciones luego de confirmarse la intromisión directa en la política de los paramilitares en 1997 tras el asesinato del médico Nicolás María Polo Pertuz, candidato a la alcaldía de Pivijay por un movimiento cívico.

El periodista estudio en el Colegio Nacional de Bachillerato de Pivijay, y desde finales de la década de los 80, se dedicó a la radio como corresponsal del Diario Hablado de Radio Libertad de Barranquilla.

Julio Bolaño Lozano, presidente de la Asociación de Periodistas del Magdalena, dijo a la SIP que con el asesinato de Ruiz se silenció una voz que todo el tiempo se destacó por decir la verdad.

El coronel Hernán Bonilla Álvarez, quien para la fecha se desempeñaba como comandante de la Policía del Magdalena, sostuvo que de acuerdo a las investigaciones preliminares, el asesinato de Ruiz estaba relacionado con su actividad de periodista.

“Compadrito: sobre la muerte del hombre, todo el mundo sabe que fueron los paras. El hombre se puso a denunciar sobre la inseguridad en la vía que comunica a Pivijai con Fundación y lo mandaron a callar, pues él denunciaba la presencia de hombres armados, retenes, y secuestros y no pasaba nada. Me cuentan que hasta la familia se fue de Pivijay…”, le dijo un colega a José Navia, periodista de El Tiempo, pocos días después del asesinato.

Nadie está vinculado a la investigación. En mayo de 2005, la URR de la SIP viajó a la zona y lo único que se encontró fue un expediente tirado en el piso de la Secretaría de la Fiscalía Segunda Especializada de Santa Marta. Nadie quiso dar información sobre el caso. Los funcionarios que estaban allí prefirieron no hablar por temor a ser víctima de represalias por parte de los paramilitares.

La investigación por el asesinato de Ruiz fue asumida por un fiscal especializado de Santa Marta bajo el radicado 20.227 a los pocos días del asesinato. El 19 de enero de 2004 la Fiscalía catalogó el caso como “resolución inhibitoria por el vencimiento del término consagrado en la ley, sin que fuera posible la individualización e identificación de los autores o partícipes de los hechos materia de investigación”. De esta forma, la investigación quedó suspendida y se dejaron vencer los términos para actuar.

En agosto de 2006, ante la presión de la SIP, el caso fue trasladado a la Unidad de Derechos Humanos en Bogotá y fue reactivada la investigación.