Tres personas han sido acusadas del asesinato de Lajud. El 10 de mayo de 1996, un sistema judicial especial denominado "jueces sin rostro", de Barranquilla, encontró culpables de la autoría material del hecho a los tres individuos condenándolos a penas individuales de 40 años de prisión. La sentencia fue apelada.

La investigación de la SIP dejó al descubierto muchas irregularidades.

Pese a las numerosas sospechas de colegas y familiares de Lajud respecto a que fue asesinado por lo que informaba, el caso se cerró al año del crimen, sin determinar quién lo ordenó. Compañeros y fuentes legales que pidieron el anonimato informaron a la SIP que el crimen de Lajud pudo haber sido parte de una conspiración bien planeada que involucraba a empresarios y políticos influyentes preocupados por documentos que detallan malos manejos en contratos de privatizaciones municipales. Muchas sospechas recayeron sobre Bernardo Hoyos, exsacerdote católico y alcalde de Barranquilla en el momento del asesinato, como posible instigador. Hoyos, quien ha negado airadamente toda conexión con el crimen, había tenido enfrentamientos públicos con Lajud. Entre las evidencias circunstanciales se incluye un discurso que dirigió a un grupo de fieles católicos un día antes del asesinato.

La investigación realizada por el fiscal general regional de Barranquilla no propició una interrogación a fondo a Hoyos ni a varios otros políticos y empresarios influyentes, considerados probables sospechosos. Las pistas generadas en investigaciones preliminares no tuvieron suficiente seguimiento, según fuentes legales. Hay quienes alegan que la investigación ha sido obstruida por altos mandos del gobierno de Barranquilla.

La SIP tuvo conocimiento del testimonio incriminatorio de un pariente del presunto asesino, quien no se encuentra entre los detenidos, vinculando a ciudadanos influyentes en el asesinato. En lo que parece un acto de burda negligencia, el testimonio no fue registrado bajo el mismo número en el acta del caso en la oficina del fiscal general. Por lo tanto, este testimonio no fue tomado en cuenta por los investigadores.

La revisión del caso por parte de la SIP estableció la firme, pero no concluyente, posibilidad de que los detenidos fueran inocentes, víctimas de falsos procedimientos de investigación, que los investigadores ignoraron evidencias clave y posibles pistas y que podría haber habido en este caso un encubrimiento por parte de funcionarios públicos de alto rango.

La impunidad en el caso Lajud ha tenido un efecto desalentador en los periodistas de Barranquilla. Enseguida después del asesinato, se atacó su reputación. Uno de sus colegas lo calificó de "periodista suicida". El crimen y el envolvente clima de impunidad frenó al periodismo crítico en esa ciudad. En la actualidad no se informa sobre contrabando, corrupción municipal ni narcotráfico. "Lajud era una personalidad conocida, y aún así lo mataron; ¿qué podemos esperar?", comentó un colega.

Para los periodistas colombianos, el caso es un ejemplo de la influencia que pueden tener los políticos locales para obstruir la investigación de un proceso judicial.

EL CRIMEN

Eran las 7:15 hs. del 19 de abril de 1993, pocas horas antes de que el calor tropical quemara las calles de Barranquilla, importante ciudad costera en el norte de Colombia. El prestigioso comentarista de radio caminaba por la misma senda de todos los días al trabajo. El tráfico mañanero era pesado. Lajud, de 42 años, había sufrido un ataque cardíaco en 1986 y su doctor le había recomendado caminar como ejercicio. Anteriormente había enfrentado otros peligros. Sus noticieros de radio habían enfurecido a gente poderosa y recibía amenazas de muerte. Esa fatal mañana, sin embargo, parecía seguro de sí mismo. Pero le había dicho a su esposa Betty que tuviera cuidado porque sus enemigos podían atacar a los niños. A él parecía no preocuparle su propia seguridad. Pocos días antes, les había dicho a sus radioescuchas que él no temía las amenazas e invitó a sus enemigos a unírsele en su diaria caminata al trabajo. Indicó el camino que seguía todas las mañanas. "Vengan por mí, no tengo miedo", dijo.

Los dos jóvenes parados junto a una motocicleta roja estacionada, cruzaron miradas con Lajud. Los sicarios, como se les dice a los matones en Colombia, suelen movilizarse en motocicletas para poder huir rápidamente. Lajud cruzó la calle, lejos de ellos, sin apresurar el tranco, según un testigo. De pronto, uno de ellos corrió tras de él, le llegó de frente y le disparó a un lado de la nariz. Lajud cayó mortalmente herido. Un testigo se escondió detrás de una puerta y no vio al asesino registrar la cartera de mano del periodista y huir de la escena. Una bulliciosa ciudad porteña como Barranquilla, donde el animado y distendido estilo de vida suele servir de fondo para intrigas políticas, corrupción, narcotráfico y contrabando, era el lugar perfecto para un periodista como Lajud. De baja estatura, cabello rizado rubio y ojos verdes, le encantaba exponer los secretos de la ciudad en su programa de radio matutino. Combinaba sus noticias deportivas con comentarios políticos y sociales. "Es la mejor forma de llegarle a la gente que se contenta cuando su equipo de fútbol gana, pero tiene que interesarse en los problemas de la ciudad", comentó Lajud una vez. Mucha gente de Barranquilla sintonizaba su programa de radio, que superaba a toda la competencia. "La gente lo escuchaba por los chismes políticos", afirmó el periodista Carlos Llanos. "No podías perderte el programa porque siempre tenía algo importante", dijo Héctor Pineda, político de izquierda.

El día que lo asesinaron, se esperaba que divulgara los nombres de políticos locales que habían recibido retribuciones durante las negociaciones contractuales del proyecto de privatización de la telefonía franco-colombiana. Varias fuentes indicaron que Lajud había recibido documentos que implicaban a varios políticos en cobros ilegales de cientos de miles de dólares. Amigos y familiares señalaron que desaparecieron de su cartera de mano montones de documentos incriminatorios, después de que le dispararon.

Mucha gente de Barranquilla se sentía incómoda con la información de Lajud. En una ciudad donde pocos periodistas se atrevían a dar noticias escabrosas, él era considerado "periodista amarillista" por quienes eran confrontados y "buen periodista" por los que disfrutaban su franqueza. Le ponía apodos degradantes a la gente, a los políticos, entre otros. Apuntaba a la vida personal de la gente y revelaba sus pecadillos. Varias veces atacó a personas en forma equivocada, reconocen sus colegas. Pero era el único con valentía para transmitir ciertas noticias y la gente le filtraba información.

"Era un irresponsable, pero eso no debió haber sido razón para que lo mataran", comentó Ernesto McCausland, periodista y comentarista de televisión con sede en Bogotá, quien inició su carrera en Barranquilla.

Las Emisoras ABC operan desde un modesto edificio en el centro de Barranquilla. Incluso después del asesinato sólo un timbre y una puerta de vidrio protegen a quienes están en el interior. El dueño de la estación, Ventura Díaz, señaló que "Lajud era lo máximo". Este hombre elegante que viste la típica guayabera blanca y pantalones blancos, comentó: "todavía no sabemos quién lo mató y por qué". El impacto de su asesinato aún se palpa en sus colegas, tres años después. En una ciudad donde casi todos se conocen y los rumores corren rápido, poca gente opina públicamente respecto a los sospechosos del crimen. Todo el mundo parece hablar en voz baja cuando se pregunta quién podría ser responsable. Los nombres de los posibles sospechosos se mencionan de prisa. Luego, la gente se enco ge de hombros y dice que es cosa de las autoridades. "Este caso jamás va a esclarecerse. A nadie le interesa que se resuelva", dijo su cuñado Gustavo Cogollón, quien ahora dirige el programa de radio de Lajud.

"Hay que entender que quien haya matado a Lajud acabó con la información política crítica en Barranquilla", indicó Ernesto McCausland. "Nadie se atreve a criticar a los funcionarios públicos como lo hacía Lajud".

Cronista deportivo que trabajaba en varios de los principales diarios, Lajud llegó al periodismo radial accidentalmente. Llegó a ser famoso. Cuando lo criticaban, incrementaba sus denuncias. Sus amigos le decían que bajara el tono de su retórica, pero él siempre decía que no tenía miedo. Sí le preocupaba que dañaran a sus hijos. El día que lo mataron le había dicho a su esposa Betty que tuviera cuidado con sus hijos.

Días antes de su asesinato, le aseguró a sus radioescuchas que a él "jamás lo silenciarían con amenazas de muerte". Cuando sus compañeros limpiaron su oficina después del asesinato,encontraron el bate de baseball que tenía en la emisora para defenderse por si alguien lo atacaba por sus informaciones.

La única persona con la que se sabe que habló sobre sus temores es su exesposa Josefina Llanos, quien vive en Bogotá. "Un mes antes de que lo asesinaran, vino a verme a Bogotá y me dijo que lo habían sentenciado a muerte", recuerda la señora Llanos, madre de su hijo mayor, Carlos José, de 21 años y periodista de radio en la cadena RCN de Bogotá. "Lo convencí de mudar su familia a Bogotá. Pero regresó y nunca lo hizo", comentó Llanos. "No sé si realmente creía que pudieran matarlo. Pero dijo que sabía quién estaba interesado en asesinarlo".

Llanos informó que ella y la segunda esposa de Lajud, Betty, estaban aterradas después del crimen. Cuando ella y su hijo estuvieron en el funeral, en Barranquilla, unos extraños empezaron a seguir a su hijo. "Decidimos apartarnos de la investigación. Betty hizo lo mismo. Por eso no ha avanzado", aseguró. "Mucha gente sabe quién lo asesinó. Fue una conspiración de va rias personas importantes de Barranquilla", dijo, rehusándose a dar más información.

En Barranquilla, Betty Lajud, tiene aún más miedo de hablar del asesinato. Alta, morena y de ojos verdes, no quiere arrriesgar nada en la investigación. "Vivo aquí y correría peligro si me meto en la investigación", comentó a la SIP. En el momento del asesinato, presionó públicamente para que se investigara a fondo. Entonces declaró a la prensa que no creía que los tres jóvenes que habían sido capturados como presuntos homicidas, a los dos días del asesinato, fueran culpables. Dejó de hablar en cuanto empezó a recibir amenazas de muerte y ella y sus hijos empezaron a ser seguidos por desconocidos. "Mis hijos y yo tardamos mucho en adaptarnos a la ausencia (de Lajud)", subraya, pidiendo comprensión por no querer hablar sobre el caso.

Otro amigo de la familia informó que le habrían advertido a la viuda quedarse callada. Amigos influyentes de su esposo le ayudaron a comprar un departamento en un barrio modesto de clase media en Barranquilla. Le aconsejaron que no se involucre en la investigación.

Entre quienes ayudaron a Betty Lajud figuran políticos a quienes su esposo había atacado en su programa de radio. Algunos de ellos la ayudaron a encontrar trabajo en una oficina fiscal del gobierno municipal de Barranquilla. "A Betty le han afectado las amenazas", afirmó Josefina Llanos. "Como está sola en Barranquilla, ha sido influenciada por gente que no quiere que se haga justicia en este caso".

Lajud estaba desanimado la última noche de su vida, comentó la señora Llanos, quien habló con él a las 22:00 hs. aproximadamente. "Se quejó de la corrupción y dijo que todos los políticos de Barranquilla eran rateros".

Lajud murió en la pobreza, los gastos de su funeral, entre otros, fueron pagados con dinero recaudado entre amigos y colegas.

LA INVESTIGACION

Durante el mes anterior a su asesinato las amenazas se multiplicaron. Dos días antes del homicidio, el operador de radio en las Emisoras ABC recibió una advertencia: "Carlos Lajud va a ser asesinado hoy". Era una voz masculina. "Me preocupé mucho. No quise salir de la estación sin él", refirió su mejor amigo, Robinson Menco, quien tenía a su cargo la sección deportiva del programa de Lajud. El comentarista vivió dos días más.

Unas cuantas personas de Bogotá y Barranquilla estaban dispuestas a hablar de la investigación sobre el asesinato, pero la mayoría lo hizo cuando se les prometió anonimato. Varias dijeron que lo harían oficialmente cuando se reabra el caso, si es que eso ocurre.

"Si me citas por nombre, correré peligro", apuntó una fuente cercana a la investigación, quien acordó hablar extensamente sobre el caso.

La investigación del asesinato fue superficial y demasiado rápida, s egún algunas fuentes. Dos días después del asesinato fueron detenidos con gran fanfarria tres hombres, conocidos como delincuentes insignificantes. No se siguieron otras pistas. Los tres sospechosos — Jhonny Alberto Merino Arrieta, de 30 años, quien supuestamente disparó a Lajud; Eduardo Antonio Campo Carvajal, de 25 años, supuesto conductor de la motoci-cleta; y Eliécer Peña Navarro, el sujeto que supuestamente los contrató para matar a Lajud, fueron condenados por los jueces regionales ("jueces sin rostro") de Barranquilla, mediante sentencia del 10 de mayo de 1996, a una pena individual de 40 años de prisión, en su condición de coautores penalmente responsables del delito de homicidio con fines terroristas.

El general brigadier Pablo Rojas Flores, jefe de la Policía en la región Atlántica al momento del crimen, dijo estar satisfecho con la investigación. Pero los arrestos se hicieron con el solo testimonio de dos testigos no identificados hasta la investigación del fiscal general. Los acusados, conociendo después la identidad de los testigos, informaron a los investigadores que esas personas eran enemigos personales suyos y, por lo tanto, su testimonio no era confiable. Los investigadores nunca verificaron estos argumentos, según prueba el expediente del caso.

La policía también mostró negligencia en la búsqueda de María Inés Pérez Tordecilla o Carmen "La Guajira". Los investigadores de la policía la definen como intermediaria entre los asesinos y los autores intelectuales. Todavía está libre.

La coartada de los tres acusados es que se encontraban en alguna otra parte en el momento del crimen. Pero los investigadores no le han dado seguimiento a esas coartadas, afirman los defensores.

El caso se ha manejado bajo el sistema colombiano de justicia "sin rostro", protegiendo por lo tanto la identidad de jueces, testigos e investigadores. Eso se ha acompañado de p rocedimientos falsos y aparentes interferencias de ciudadanos influyentes de Barranquilla.

Un observador que vio el crimen por una rendija, le ha contado a los colegas de Lajud detalles importantes sobre la identidad de los asesinos. Jamás se le ha interrogado de lleno. Fuentes cercanas a la investigación comentaron que este testigo le ha comunicado al tribunal que los dos acusados de cometer el asesinato no se parecen a los hombres que él vio.

Es más, los investigadores de la oficina de la Fiscalía Regional del fiscal general en Barranquilla, han hecho caso omiso de una importante declaración rendida al tribunal en mayo de 1994. Este testimonio lo brindó un pariente de un sujeto conocido con el alias de "Garnacha", y que es el asesino, según el pariente. La declaración, que se puso a disposición de la SIP, señalaba que Lajud fue asesinado por razones políticas por ciudadanos influyentes de Barranquilla. Esta declaración estaba traspapelada, por descuido o a propósito, en la oficina del fiscal general. En la misma se describe a un hombre identificado como Alfredo Liévano, conocido guardaespaldas del entonces alcalde, Bernardo Hoyos. El testimonio fue puesto a disposición del tribunal después del misterioso asesinato del 23 de marzo de 1994 de "Garnacha", cuyo verdadero nombre era Enrique Somoza.

Los investigadores también ignoraron el asesinato de John Ulloque, maleante de poca monta y uno de los testigos secretos, bajo cuyo testimonio la policía arrestó a los hombres que están en prisión por el crimen. Ulloque fue asesinado en circunstancias sospechosas, en noviembre de 1993, a los seis meses del asesinato de Lajud. Los defensores asignados por el juzgado han informado a la prensa que Ulloque estaba pensando cambiar su testimonio.

La policía también falló en asignarle protección especial a la viuda de Lajud, quien estuvo recibiendo amenazas de muerte por teléfono, durante seis meses a partir del asesinato. Después de eso dejó de demandar una investigación seria sobre el crimen.

ENEMIGOS POLITICOS

Cuando asesinaron a Lajud, la lista de posibles sospechosos era larga. Lo odiaba la mayoría de la clase política de Barranquilla. Pero dos personas resaltaron de inmediato. El padre Hoyos, sacerdote católico y entonces alcalde de Barranquilla y, Roberto Ferro, abogado y exprotector de Hoyos. Ambos atestiguaron ante el juzgado, pero las investigaciones sobre su posible participación en el crimen no tuvieron un seguimiento diligente, sostienen los colegas del periodista asesinado.

Lajud había sido crítico feroz de Hoyos, quien fue electo en 1992 en una plataforma política que incluía la participación de exguerrilleros. El carácter de Hoyos era legendario. Dos meses antes del asesinato de Lajud, los barranquilleros se asustaron al ver a su alcalde pelearse en público, en un juego de baseball con un hombre que había criticado su política. El día antes del asesinato, Hoyos fue a la misa del domingo de Rincón Latino, un barrio humilde donde había trabajado como sacerdote por 12 años, antes de ser electo alcalde. Ese domingo echó un discurso incalificable contra los periodistas, especialmente sobre uno, a quien no identificó, pero que pareció ser Lajud. "Son perros alquilados y no profesionales. Usan sus micrófonos para destruir y dividir a la comunidad", profirió Hoyos.

Sumamente popular entre los pobres de Barranquilla, Hoyos fue elegido como parte de un movimiento político para llevar gente sin nexos políticos tradicionales a puestos públicos. Fue electo con la ayuda de la Alianza Democrática M 19, conocida como AD-M19, grupo exguerrillero que aceptó una propuesta de paz del gobierno colombiano en 1990. Pero según uno de los líderes de ese grupo, la AD-M19 le retiró su apoyo cuando formó alianzas con los grupos políticos tradicionales y supuestamente corruptos.

Lajud solía usar su programa para atacar al exsacerdote. Sus imputaciones iban desde cargos de corrupción hasta burlas personales. Insinuaba su homosexualidad, insulto particularmente grave en una sociedad machista.

Dos semanas antes del asesinato, un grupo de defensores de Hoyos marchó a la estación de radio de Lajud para abuchear su programa. Varios de los manifestantes le amenazaron físicamente. Lajud no se amedrentó. "Quienes piensan que pueden obligarme a callar, se equivocan", gritó en el micrófono uno de esos días.

Días antes de su asesinato, Lajud había acusado al alcalde de corrupción burda vinculándolo al caso Metropolitana de Telecounicaciones (Metrotel), un proyecto de telefonía franco-colombiana negociado durante los primeros días de su administración. Según el contrato, la compañía podía instalar 100.000 nuevas líneas telefónicas en Barranquilla. Pero Lajud sostenía que las empresas que ganaron el contrato habían entregado retribuciones por debajo de la mesa a funcionarios locales del gobierno.

Hoyos negó estar involucrado en cualquier tipo de corrupción. En 1995, de hecho, él acusó a los administradores de la compañía de teléfonos de ofrecer sobornos dentro de su administración.

Hoyos también negó todo nexo con el asesinato. "Yo no lo mandé matar", declaró a la prensa. "Pero no sé si alguno de mis simpatizantes decidió hacer justicia por sus propias manos". Más adelante, Hoyos comentó que Lajud fue asesinado por gente del gobierno que quería culparlo a él por el crimen. Juan Pabón, amigo de Lajud y colaborador cercano de Hoyos dijo: ¿A quién le conviene acusar a Hoyos del asesinato?" tratando de relacionar las acusaciones con una campaña política de difamación contra Hoyos.

Otro de los sospechosos era Roberto Ferro, quien también había tenido varios enfrentamientos con Lajud, sobre todo por las denuncias del periodista de que era narcotraficante y corrupto. Ferro le respondió en una carta publicada en el diario El Heraldo, una semana antes del asesinato: "Es un caso patético ese pobre hombre que todas las mañanas vomita todo su odio y resentimiento desde una estación de radio local, esperando que alguien reaccione a sus ataques y le ponga fin a su miserable existencia". Al principio Ferro fue llamado a declarar pero aparentemente nunca más se le investigó. Declaró públicamente que sus palabras jamás tuvieron la intención de causarle algún daño al periodista.

Lajud nunca mostró temor. "Incluso invitó a sus asesinos a que lo encontraran en su caminata diaria al trabajo", comenta Robinson Menco, su amigo. "A lo mejor seguiría vivo si me hubiera escuchado".

CRONOLOGÍA: CARLOS LAJUD CATALÁN

Abril 1993:
Un grupo de manifestantes y simpatizantes del padre Bernardo Hoyos, alcalde de Barranquilla, marcha frente a Emisoras ABC en protesta por los comentarios de Carlos Lajud Catalán.

Abril 10:
Roberto Ferro, abogado y ex ayudante del padre Hoyos, publica un artículo en el diario El Heraldo, en aparente crítica a Lajud.

Abril 18:
En un dramático discurso en la iglesia local del barrio Rincón Latino, de clase trabajadora, el alcalde Hoyos calificó a Lajud, sin mencionar el nombre, un "perro de alquiler" que aparenta ser periodista.

Abril 19:
Lajud es asesinado por dos pistoleros a las 7:15 hs. mientras camina hacia las Emisoras ABC, para transmitir su programa de radio matutino.

Abril 20:
La policía de Barranquilla detiene a Jhonny Alberto Merino Arrieta, Eduardo Antonio Campo Carvajal y Eliécer Peña Navarro, acusándolos de ser los autores materiales del crimen. Carmen Tordecilla, alias "La Guajira", es identificada como la intermediaria entre los asesinos y quienes ordenaron el crimen. Las autoridades nunca la han encontrado.

Abril 21:
El fiscal general regional escucha declaraciones de Betty Lajud; Carlos Lajud Llanos, hijo de la víctima; Jorge Guarin, empresario que ha tenido roces con Lajud; del abogado Ferro y del alcalde Hoyos.

Julio 28:
Nueve de los trece miembros del Concejo Municipal de Barranquilla solicitan al fiscal regional que investigue a Hoyos por tratar de involucrarlos en asuntos de corrupción relacionados con contratos de obras públicas. Un mes antes el fiscal inicia una investigación a Hoyos por recibir mobiliario de un contratista público.

Noviembre:
John Ulloque, uno de los testigos inesperados contra los tres acusados, es encontrado muerto. Se sabía que estaba pensando en retractarse de su testimonio inicial.

Marzo 1994:
Una testigo inesperada declara ante el fiscal general que Enrique Somoza, alias "Garnacha" o "Veneno" o "Popeye" y un sujeto de nombre Fernando, son los asesinos contratados para matara Lajud. Declara que por su testimonio fue contratada en un hospital. Su testimonio nunca se incluye en el expediente final del caso.

Marzo 23:
"Garnacha" es asesinado en el barrio del Carrizal. Muere de 27 heridas de bala.

Abril 5:
El fiscal general regional cierra la investigación.

Julio 2:
Un juez regional o "sin rostro" prosigue un juicio por homicidio contra los tres detenidos.

Abril 18, 95:
El caso se presenta ante el tribunal regional "sin rostro" de Barranquilla.

Abril 21:
El juez regional " decreta cerrado el caso contra los tres detenidos, con 20 días para dictar sentencia.

Mayo:
Se niega una apelación de la defensa, y sigue otra apelación en septiembre de 1995.

Dic. 1:
El caso se traslada al Tribunal Nacional para el fallo final. La defensa apela.

Mayo 10 1996:
Jueces regionales de Barranquilla ("jueces sin rostro") condenan a 40 años de prisión a Johnny Alberto Merino Arrieta, Eduardo Antonio Campo Carvajal y a Eliécer Peña Navarro.