Luis Guillermo Restrepo, editor de las páginas de opinión de El País de Cali, mantiene su estupor sobre la inercia judicial que rodea al asesinato de su predecesor, Bedoya. “La Fiscalía no quería investigar lo que pasaba. Cuando uno no investiga inmediatamente un crimen, el 60 por ciento se queda sin resolver. Y eso fue lo que hicieron”, comentó consternado.

Restrepo no es el único en señalar las irregularidades de la Fiscalía sobre este caso o al menos en indicar que las hipótesis que se persiguen no son las correctas. El director del diario, Eduardo Fernández de Soto, advirtió que “ojalá que con su investigación no pase lo de hace un año, cuando vinieron unos (individuos) de la

Fiscalía y pidieron todos los datos sobre la seguridad médica de Gerardo”.
Por su parte, Diego Martínez Lloreda, subdirector de El País, coincide en que las averiguaciones no presentan ningún adelanto ya que la Fiscalía pareciera que sólo está detrás de una supuesta hipótesis sobre el comportamiento homosexual de Bedoya, “porque no conformes con matarlo, quieren acabar con su honra”, dijo.

Las irregularidades vienen desde la misma época del crimen. Los tres cuadernos con preguntas a amigos y familiares de Gerardo Bedoya, que reposan en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, están llenos de referencias a una posible conducta homosexual del periodista, así como de averiguaciones sobre los medicamentos que consumía y sus visitas al médico. Pero, sorprendentemente, no existe ninguna consulta sobre cómo sus columnas afectaban a los narcotraficantes del Valle del Cauca y a los gobernantes de turno, involucrados en el escándalo del famoso Proceso 8000 sobre la financiación de los narcotraficantes de la campaña presidencial de Ernesto Samper.

María Eugenia Arango, la mujer que estaba con Gerardo el día del asesinato y que éste acompañó a revisar un apartamento en la Unidad 5 de Multicentro en Cali cuando un sicario le disparó, ha sido interrogada por investigadores de la Fiscalía, a quienes define como “ignorantes”. Indignada dijo, “hace seis meses, un fiscal vino y me preguntó si Gerardo era narcotraficante. Envían a investigadores que ni siquiera saben quién era Gerardo”.

Un año antes del asesinato de Bedoya, una de cada dos columnas del periodista publicadas en El País, era contra el gobierno y los narcotraficantes o sobre el proceso 8000. El 27 de febrero de 1996 escribió el editorial del periódico y bajo el título “El Estado amenazante”, denunció al gobierno del entonces presidente Ernesto Samper, sobre el cual se refirió como un régimen policiaco, autoritario, que persigue a ciudadanos, periodistas y hostiga a la oposición.

Cinco días antes, en una columna, dijo que los mecanismos de protesta no habían podido tumbar al presidente elegido por los narcos. En otros escritos en enero, ya había advertido que el régimen le temía a la libertad de prensa. A todas estas, se sumaban las columnas en las que pedía la extradición de los narcotraficantes, y una de las más famosas, titulada “Prefiero que me digan Proyankee”.

Tres meses antes del crimen, en casa del también periodista José Pardo Llada, Bedoya “le cantó la tabla”, como se dice popularmente, a los generales Manuel José Bonnet y Harold Bedoya (su primo). Los criticó porque consideraba que ambos habían protegido a los narcotraficantes cuando Bonnet ocupada la Tercera Brigada.

Cabos sueltos

Familiares, colegas y amigos de Bedoya no están satisfechos con el resultado de las investigaciones oficiales. Durante el seguimiento de la investigación oficial sobre el asesinato, la SIP detectó algunas pistas que deberían considerarse en el caso.

El 8 de abril de 1998, sólo un año y un mes después del asesinato, la Fiscalía le pidió a Clara Bedoya, hermana de la víctima, que informara sobre el hombre que ella dijo que le entregó un manuscrito con el organigrama de la mafia que rodeaba la finca de Gerardo -Santa Clara- en Guachinte, corregimiento de Jamundí, donde también tienen propiedades los narcotraficantes Helmer Pacho Herrera y Phanor Arizabaleta, conocidas como las haciendas San Cayetano, la Novillera, La Luisa y La Carolina.

No se ha realizado la prueba dactilar de ese manuscrito, en el cual su autor dice que Bernardo Tovar, campeón de tiro al blanco, era quien entrenaba a los escoltas de la mafia en la finca El Muro de Miguel Angel Rodríguez y Armando Vélez, y que en esa área también estaba Gustavo Patiño, padre de Victor Patiño.

Tanto Ximena Palau como María Eugenia Arango, las mujeres que frecuentaba Bedoya antes de su muerte, coinciden en que Gerardo temía ser blanco de un atentado por parte de la guerrilla. Ellas no aceptan que el crimen de Bedoya se haya enfocado por el lado del supuesto homosexualismo, y en este punto aparece otra pregunta sin responder: ¿por qué a los 15 días del asesinato, cinco hombres del DAS (Departamento de Seguridad) visitaron en su apartamento de Bogotá a Palau y le dijeron que el móvil era el homosexualismo de Bedoya, sólo porque el sicario en el momento del crimen le gritó: “por marica”?

¿Por qué se demoraron los fiscales tres años y medio en despejar las dudas que se tejieron sobre la identidad de María Eugenia Arango, quien según la declaración de un familiar de Bedoya, habría sido novia de un hombre de apellido Gómez, hermano del narcotráfico Denis Gómez? ¿Por qué no se confirmó con el médico de su hija la versión según la cual, María Eugenia le habría pedido a Bedoya 20 millones de pesos (unos US $ 10.0000 en ese tiempo) para operar a su pequeña? ¿Por qué no solicitó a la Plaza de Toros de Cali, como sí lo hizo la SIP, la información sobre cómo la señora Arango obtuvo un puesto en la Plaza de Toros, justo al lado de Gerardo Bedoya?

¿Por qué la justicia dejó en libertad a Edgar José Astaiza, único inculpado como autor material señalado por los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, y a quien María Eugenia Arango, identificó como sicario en una muestra de fotos?

La única respuesta por ahora es que Gerardo cometió el mismo error de su líder Alvaro Gómez Hurtado: “decir lo que pensaba sobre el régimen. Denunció la corrupción, y ese es el punto que no han atendido”, aseveró Luis Guillermo Restrepo.